Luego de que el presidente Alberto Fernández derogara el Decreto 70/2017, el cual establecía la prohibición de ingreso y permanencia al país a los extranjeros que tuviesen antecedentes penales con condenas de privación de la libertad, funcionarios de distintos sectores salieron al cruce de esa medida presidencial.

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, sostuvo que se siente en "la obligación de compartir" lo que piensa" y de no esconder su oposición a la medida de Alberto de permitir que ingresen al país extranjeros con antecedentes penales. "

Creo en la posibilidad del disenso y del sano debate de ideas, verdadero motor de una sociedad que se precia de democrática", dijo Berni.

"Me levanto todos los días a las 5 de la mañana para dejar alma y vida en el resguardo de la seguridad de millones de bonaerenses, justo en una provincia que tiene una proyección de 1100 homicidios al año. Muchas veces percibo que la justicia y la legislación vigente no facilitan esa tarea sino que la complican innecesariamente, consagrando una distancia abismal con lo que piensa y nos exige la nuestra sociedad".

Además, sentenció: "Todas las sociedades del mundo eligen a quiénes abrir sus puertas. En nuestro caso, la exigencia de no tener antecedentes penales para poder entrar y permanecer en el territorio nacional no pareciera ser una extravagancia ni un requisito irrazonable o descomedido".

Lejos de rechazar el ingreso de extranjeros, Berni aseguró: "Nuestra Constitución Nacional no sólo tolera sino que promueve y alienta la inmigración extranjera. Esa ha sido la tradición histórica que nos ha convertido en un verdadero crisol de razas. Somos una sociedad tolerante, democrática, plural, diversa en términos étnicos y religiosos, amigable con el extranjero". 

Sin embargo, aclaró: "Aquí no se trata de estigmatizar al extranjero. Se trata de exigir algo mínimo, algo básico: que las personas que quieran asentarse en nuestro país no hayan delinquido".

Para reforzar su argumento sobre la posibilidad de que ingresen o no extranjeros con antecedentes penales al país, el ministro señaló que se trata de exigir "un requisito exiguo, elemental, referido a qué clase de personas queremos que formen parte de nuestra comunidad, de nuestra vida cotidiana, de nuestro quehacer diario".