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POLITICA

21 de abril de 2021

Una canasta de 120 productos con precios congelados por 180 días

La nueva apuesta del Gobierno para frenar la inflación

La Secretaría de Comercio mantuvo entre lunes y martes reuniones con empresas de consumo masivo para pedirles su colaboración.

Tras haber anunciado días atrás mediante un comunicado que estaba en negociaciones con la industria alimenticia una nueva canasta de productos básicos a precios accesibles, la Secretaría de Comercio Interior comenzó esta semana las reuniones para avanzar con esta anunciada medida, que hasta la semana pasada sólo se reducía a conversaciones muy genéricas con el titular de la Copal, Daniel Funes de Rioja, sobre cómo desarmar el programa Precios Máximos. Con la tensión por la aceleración inflacionaria como trasfondo, el Gobierno citó a las principales compañías alimenticias y les explicó cuál es el plan que busca implementar durante las próximas semanas.

Fueron convocados ayer a la secretaria directivos de Molinos, Mastellone, Arcor, Unilever, Las Marías, Bimbo Papelera del Plata, y el lunes les había tocado a Aceitera General Deheza, Procter & Gamble, Molino Cañuelas, Mondelez, Danone Alicorp. En ambos encuentros, el mensaje fue el mismo: extrema preocupación por la suba de precios y la necesidad de conformar una nueva canasta básica que esté compuesta por 100/120 productos y cuyos precios queden congelados por seis meses.

La secretaria de Comercio Interior, Paula Español, recalcó que los precios se estaban disparando y que para poder salir del congelamiento de Precios Máximos, era necesario avanzar con esta nueva canasta, que no tiene que reunir productos de primeras marcas pero que deben poder encontrarse en la mayor cantidad de puntos de venta del país. Le pidió a cada empresa que ofrezca entre 2 y 3 productos con un precio sugerido para poder ponerlo en marcha cuanto antes. El objetivo oficial, según especulan en el sector privado, es que sea lanzado en mayo, en línea con el vencimiento de los máximos (finaliza a mediados de mes).

A diferencia del programa Precios Cuidados, que contiene productos de primeras marcas -como es el caso de la Coca-Cola, por ejemplo- y que tiene como finalidad fijar precios de referencia dentro de cada categoría, en este caso el Gobierno no les exigió a las compañías marcas líderes, sino que lo que busca es que haya una opción dentro de cada categoría básica a un precio accesible y que no se mueva por 180 días. Las empresas deberán hacer sus propuestas y luego comenzará un ida y vuelta con el Gobierno, como es habitual cuando se negocian este tipo de acuerdos.

Fuentes de varias compañías afirmaron que buena parte de la reunión del martes se la llevó la discusión en torno a quiénes son los responsables de la aceleración de los precios. Desde las empresas insistieron en que el propio Indice de Precios al Consumidor (IPC) muestra a las claras que los productos envasados no son los que suben, sino la carne, las frutas y las verduras. De todos modos, en el índice de marzo, que mostró una suba en alimentos y bebidas no alcohólicas del 4,6%, también incidieron fuertemente los lácteos, los huevos y los aceites. De hecho, el litro de leche entera fresca en sachet subió 12%, el yogur firme, 10,8%, y los quesos treparon hasta 15% en el mes, según el Indec.

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Aunque en muy buenos términos, admiten en las empresas, Español les dijo a los directivos que no hubo una salida del congelamiento responsable -en los casos de las categorías que fueron deslistadas- y que había habido muchas innovaciones en el último año, mecanismo que las firmas comenzaron a utilizar en mayor medida para sortear los controles. Así aparecieron “productos mellizos”, como se le suelen llamar, que tienen apenas una mínima diferencia de packaging o de peso. Tanto es así que, semanas atrás, desde la Secretaría de Comercio imputaron a varias compañías por ofrecer productos similares con diferencias de 1 gramo, en algún caso, y cobrarlo hasta 50% más.

La funcionaria hizo especial hincapié en que quiere que esta canasta, que aún no tiene nombre, llegue a todos los canales de venta, que la distribución sea lo más masiva posible. Sin embargo, desde las empresas le plantearon que no están en condiciones de garantizar que eso vaya a ser así porque al canal tradicional -autoservicios y almacenes- les venden generalmente a través de distribuidores.

Español también les pidió que los productos que elijan para que integren la nueva canasta no deben tener problemas de insumos, es decir, tienen que poder ser de fácil producción aún en el actual contexto para que pueda sostenerse el acuerdo. Pero este objetivo tampoco es así de sencillo como lo planteó el Gobierno, ya que “hay problemas a nivel global con los insumos, de precios y abastecimiento”, dijeron en una de las empresas.

La principal duda que tienen las compañías es si realmente Comercio Interior derogará Precios Máximos a cambio de este “aporte” o lo seguirá dilatando aún después de la firma del nuevo compromiso. De todos modos, hay intención de las empresas de colaborar y de generar un puente de diálogo en el medio de tanta tensión acumulada que hasta incluyó la presentación de dos recursos administrativos contra los sistemas SIPRE y SIFIRE, destinados a exigir información sobre costos y otros parámetros, impuestos por la secretaría.



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