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POLITICA

19 de mayo de 2021

El Presidente otorgarà auxilio de $ 11.400 millones a obras sociales

Alberto Fernández después del almuerzo que le ofreció a la mesa chica de la CGT en Olivos el 6 de mayo.

Un DNU que ya está a la firma del Presidente obligará a los trabajadores a permanecer un año en sus prestadoras sindicales de origen.

El Gobierno soldará su alianza con la CGT con la ejecución de un salvataje financiero a las obras sociales sindicales. El plan incluirá un decreto que limitará los traspasos entre prestadoras, un factor histórico de deterioro de las cuentas del rubro, y un aporte extraordinario de $11.400 millones para sanear el déficit generado por la pandemia. Las medidas fueron comprometidas por Alberto Fernández en el almuerzo que compartió el 6 de mayo con la cúpula de la central y confirmadas la semana pasada por el nuevo superintendente de Salud, Daniel López.

La arquitectura del programa quedó definida en un encuentro que López mantuvo a mediados de la semana pasada con José Luis Lingeri, jefe del gremio de Obras Sanitarias y principal responsable de la CGT en las gestiones para sus prestadoras de salud. Allí el funcionario adelantó que ambas medidas ya fueron redactadas y que se encuentran en proceso de revisión antes de ser publicadas en el Boletín Oficial. Según los cálculos de los gremialistas, esas decisiones saldarán el quebranto que registró como consecuencia del coronavirus el sistema de seguridad social, el de mayor volumen en la Argentina con una cobertura de 15 millones de personas.
En su primer contacto formal con una autoridad de la CGT, el reemplazante del fallecido Eugenio Zanarini al frente de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) visitó a Lingeri para calmar la ansiedad del sector, expectante del cumplimiento de la palabra de Alberto Fernández. En esa oportunidad López confirmó, además, que el salvataje a las obras sociales se hará mediante un aporte extraordinario del Tesoro nacional y no con recursos propios de las prestadoras gremiales, como sucedió hasta ahora y desde que se declaró la pandemia.

La principal novedad a largo plazo, sin embargo, será el cepo a los traspasos entre obras sociales. Alberto Fernández firmará en los próximos días junto a su Gabinete un decreto de necesidad y urgencia (DNU) que obligará a los trabajadores a permanecer un año en su obra social de origen al iniciar un contrato laboral. Hasta ahora la libre opción entre prestadoras de salud rige desde el mismo comienzo del vínculo contractual mediante un trámite sencillo ante la SSS a través de la clave fiscal del empleado.

Los movimientos de una obra social a otra están vigentes desde la desregulación de los ‘90s que promovió Carlos Menem y constituyen el corazón de lo que los dirigentes denominan “descreme” del sistema. Se trata de las alianzas entre prepagas y obras sociales de menor porte que actúan como meros promotores para inscribir a trabajadores que pasan a formar parte de las nóminas de los prestadores privados. El reclamo histórico de la CGT alega que esas sociedades comerciales terminan por captar a los afiliados más jóvenes y con mejores salarios, al tiempo que dejan para las obras sociales tradicionales los jubilados de sus actividades y los trabajadores con dolencias preexistentes.

En la SSS un dato le da justificación a la queja de los gremialistas: por mes se producen entre 40 y 50 mil opciones de cambio de una obra social a otra. La mayor parte de los movimientos benefician a las empresas de medicina privada asociadas a sellos sindicales más chicos. La retención de los afiliados por un año en sus obras sociales de origen apunta a garantizar la cotización de sus aportes durante ese período y a desalentar la sangría constante de recursos.

La otra medida deberá ser instrumentada por el Ministerio de Economía vía resolución o decisión administrativa. Será un aporte extraordinario del Tesoro nacional a favor de las obras sociales sindicales por alrededor de $11.400 millones, el monto en el que fue proyectado el incremento del gasto en prestaciones por discapacidad entre noviembre del año pasado y fin de 2021. Los recursos estatales irán a parar al Fondo Solidario de Redistribución (FSR), el principal instrumento financiero que maneja la SSS y que signa el vínculo entre los gobiernos y la CGT. El FSR tiene como objetivo el reembolso de las prestaciones de salud y medicamentos de más alto costo y complejidad.

Ese aporte será la herramienta de ayuda financiera que destinará el Ejecutivo a las obras sociales y reemplazará la otra opción que discutían los funcionarios con la CGT, consistente en la absorción por parte del Estado de los costos por servicios educativos y de transporte a los afiliados discapacitados. Por esos ítems las prestadoras de los gremios calculan gastar este año unos 20 mil millones de pesos y, si bien se trata de servicios que debe reintegrar el FSR, la CGT alega que se trata de rubros que no son de la incumbencia de sus obras sociales sino del Estado.

El combo de salvataje había sido comprometido por Alberto Fernández en el almuerzo que le ofreció a la “mesa chica” de la CGT en Olivos el 6 de mayo. Allí acudieron los dos secretarios generales, Héctor Daer y Carlos Acuña, junto a Armando Cavalieri (Comercio), Antonio Caló (metalúrgicos, UOM), Andrés Rodríguez (estatales, UPCN), Gerardo Martínez (albañiles, Uocra), Lingeri, Sergio Romero (docentes, UDA), Jorge Sola (trabajadores del seguro) y Roberto Fernández (colectiveros, UTA). Con el mandatario estuvieron su jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, los ministros de Salud, Carla Vizzotti, y de Trabajo, Claudio Moroni, los secretarios de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, y de la Presidencia, Julio Vitobello, y la asesora Cecilia Nicolini, entre otros.

En el encuentro el jefe de Estado confirmó no sólo el plan de ayuda a las obras sociales sino que el reemplazante de Zanarini sería López, con lo cual relegó al candidato de la CGT, el actual gerente general de la SSS, David Aruachán. En la oportunidad los funcionarios también se hicieron eco de una propuesta de la central obrera de organizar una suerte de “careo” entre sindicalistas y empresarios formadores de precios para intentar un abordaje de la inflación.

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