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SOCIEDAD

27 de junio de 2021

La frontera formal de la Quica cerrada hay descontrol sanitario y crece el contrabando

Desde el inicio de la pandemia, el puente internacional se cerró para turismo y sólo está permitido el tránsito de camiones de carga. Una huelga de empleados del lado boliviano generó en junio que quedaran 500 camiones del lado argentino. hay descontrol sanitario

Por: Diego Cabot

Los pasos ilegales llevan y traen mercadería , personas y Covid sin que nadie controle ni estampe un solo sello en el pasaporte.

En La Quiaca no hay límite. Existe, sí, un paso internacional que está cerrado desde que la pandemia impuso sus reglas de convivencia con los países vecinos. Ese puente que une la ciudad argentina con la boliviana Villazón es el único punto de la frontera de Jujuy por el que no cruzan habitantes. Por el resto de los centenares de kilómetros del límite entre la Puna argentina y Bolivia el paso es libre.

La Quiaca está ubicada a 1809 kilómetros de Buenos Aires y la principal ruta de acceso es la 9. Por el paso internacional se cruza a Villazón, una localidad de 40.000 habitantes. Según los últimos oficiales publicados, en 2018 cruzaron 915.368 personas.

Mientras en gran parte del país se vive con restricciones, regulaciones y permisos especiales, el tráfico en la mayoría de los pasos fronterizos del norte de la Argentina no se detiene un minuto. Formalmente, el país está cerrado al ingreso de extranjeros y solo se permite un cupo de 600 pasajeros diarios. Pero más allá de las normas y los decretos del poder central, en los hechos, los pasos ilegales llevan y traen mercadería, personas y Covid sin que nadie controle ni estampe un solo sello en el pasaporte. Allí se han borrado los límites.
Los periodistas recorrieron más de 3000 kilómetros y una decena de pasos fronterizos en las provincias de Jujuy, Salta y Misiones, que limitan con Bolivia, Paraguay y Brasil. Como si fuese otro país, en esos lugares extremos hay dos hemisferios. Por un lado, el cruce formal, cerrado y con el ceño fruncido. Impera en esos lugares la mirada fuerte de los efectivos de las fuerzas federales. “El paso está clausurado desde el año pasado” es la frase que se escucha entre prefectos, gendarmes y personal de la Aduana o de Migraciones. El discurso del “ni se acerque”.

Desde el inicio de la pandemia, el puente internacional se cerró para turismo y sólo está permitido el tránsito de camiones de carga. Una huelga de empleados del lado boliviano generó en junio que quedaran 500 camiones del lado argentino.

Ese discurso de control férreo lo impuso el presidente Alberto Fernández. “Las fronteras continuarán cerradas para turistas extranjeros, como lo están desde el 24 de diciembre”, dijo el mandatario en marzo pasado. Nadie lo respeta, al menos, en La Quiaca.

UN PASILLO BINACIONAL QUE ESTÁ VACÍO
Sobre el lado derecho del puente hay un camino para peatones; hasta marzo de 2020, los pobladores usaban ese corredor para ir de un país a otro con solo mostrar una tarjeta vecinal; el gobernador Morales pide que se vuelva a abrir para realizar, al menos, un control sanitario.

A poca distancia de aquellos rituales de normalidad, en algunos casos a no más de 200 metros, la frontera está derribada. “Desde que se cerró el paso internacional por la pandemia se multiplicaron los pasos en cualquier lugar. En La Quiaca hay 16 cruces ilegales en unos pocos kilómetros. La situación está descontrolada”. El que habla no es un comentarista más, es el gobernador jujeño, Gerardo Morales, que desde su despacho en la capital conversó con LA NACION.

Nadie puede negar ni ocultar lo que sucede en la calle Jujuy, a 525 metros del puente internacional de La Quiaca, actualmente cerrado por los gendarmes. Arriba del paso, solo se autoriza el tránsito de camiones de carga, un par de horas a la mañana y otro tanto a la tarde. Pero en la pequeña barranca que separa la ciudad salteña con Villazón, la realidad es diametralmente opuesta.
Para hacer el corto camino que va de Bolivia a la Argentina, o al revés, apenas hay que tener la decisión de mojarse los pies y cruzar un pequeño hilo de agua de no más de un metro y de pocos centímetros de profundidad. Centenares de pobladores usan botas de goma o directamente se quitan el calzado para “hacer migraciones”.

Una postal que se repite a diario, en una frontrera que se ha convertido en un mercado binacional.

Pero el menú del paso ilegal despliega algunas opciones para los que quieren llegar con el calzado seco: hay que pagar un boliviano, bolivianito, como le dicen acá, alrededor de 20 pesos argentinos, y subir unos segundos a un pequeño carro con dos ruedas de ciclomotor y tirado por una persona. Cuando hay más caudal de agua, la demanda sube y la tarifa se eleva. Lo mismo sucede de noche, el precio de los llamados “carros-taxis” es otro. Así de simple y económico es llegar a la Argentina, o irse de ella. Por ahora, las miradas de las fuerzas de seguridad de ambos lados se han retirado.
Del otro lado, solo resta trepar por un cañadón y perderse por las calles, o aprovechar alguno de los agujeros del alambrado que hace, o hizo, las veces de muro. Bienvenido a la Argentina o a Bolivia. Ningún registro habrá quedado de ese proceso de emigración o inmigración.

“Las ciudades de la frontera del lado de Bolivia se desarrollaron mucho más en los últimos años de lo que lo hicieron las que quedan en la Argentina, especialmente en Salvador Mazza y Aguas Blancas. Hay un contraste muy grande que la gente de la zona destaca. Eso genera aún más cruces”, dice la ministra de Seguridad, Sabina Frederic.

Una de las fronteras terrestres más transitadas de la Argentina es también una de las más desprotegidas. Según los últimos datos publicados por la Dirección Nacional de Migraciones, por el paso entre La Quiaca y Villazón transitaron 915.368 personas en 2018, lo que lo colocó en el puesto 19 entre los 100 puestos fronterizos listados en el documento, mientras que un año antes ese número había sido de 1,373 millones de personas, con lo que se colocaba en el lugar 14.

Pero nada más alejado de ese indicador que lo que efectivamente pasa. La visión que se tiene de ese cañadón de tonos ocres es de un verdadero mercado binacional irregular, donde personas, mercadería, y hasta un virus, cruzan sin ningún control ni restricción. Los autos con patente local llegan hasta el final de la calle Jujuy, lugar que opera como cabecera de taxis.

El incesante entrar y salir de personas con bultos desmiente la cifra formal de que por ese cruce internacional deambulan 2500 personas en promedio diario. Del otro lado está el camino de los carros. Cargados de mercadería bajan por una rampa que comunica con el final de la ruta 9, que cruza la Quebrada de Humahuaca y termina en La Quiaca, a 1809 kilómetros de Buenos Aires, o a 4359 de Ushuaia, para ubicar el otro extremo del país.

Acá nadie declara qué lleva y, aunque parezca una obviedad, el Estado no cobra ningún impuesto. Se puede pasar cualquier cosa, no hay restricciones. De hecho, en abril pasado, la Gendarmería detuvo a cuatro personas que circulaban con 3729 billetes de 100 dólares. Falsos, claro.

Del lado argentino se cierra el circuito en la inconclusa calle Jujuy. Una vez que se cruza el hilo de agua, largas filas de taxis con patente local esperan a los “bagayeros” para alcanzarlos a la ciudad donde están los negocios de abastecimiento al por mayor.

LA VENTA, EN VILLAZÓN
En Bolivia no hay control de ninguna mercadería que ingresa desde el país y la mayoría de los comercios venden y exponen productos de contrabando. Los materiales de la construcción, para los argentinos que cruzan, tienen precios atractivos.

En el centro son pocos los comercios que tienen góndolas; todo acá se vende en cantidad. Galpones y mercadería envuelta en packs, decenas de mayoristas con alimentos y bebidas en pallets. “De todo se llevan de acá. Mucho aceite, comida de todo tipo y bebidas; cerveza, por ejemplo. Toda la cerveza que pueden cruzan para el otro lado”, dice Ángel Portal, un lugareño que maneja un carro argentino.


Cuenta, además, que antes de la pandemia, el negocio de los carros era equitativo para los trabajadores de ambos países. Los bolivianos cruzaban al paso por el puente internacional, el lugar donde se inmortalizó la foto del presidente Alberto Fernández el día que acompañó a Evo Morales de regreso a su país. Los migrantes compraban en el país, favorecidos por el tipo de cambio, y la mercadería la llevaban desde el centro a la frontera en carros argentinos. Los paceros locales están agrupados en dos cooperativas a las que aportan unos 300 pesos por mes. En el límite, se hace el traspaso al carro boliviano, que, finalmente, lo lleva a Villazón.

El tipo de cambio generó que varios productos locales sean atractivos para el contrabando hormiga. Aceite, cervezas o alimentos que en la Argentina tienen precios controlados son comprados en grandes cantidades para llevar al otro lado de la frontera.

“Ya no se puede hacer nada, como está cerrado el puente, todo es informal y ellos pasan directamente con los carros. No hay más trabajo”, agrega y recuerda que llegaban a hacer varios viajes diarios de alrededor de 350 pesos cada uno.
La devaluación del peso también impactó a los que llevan y traen mercadería. En esta zona se vive de planes sociales y de bagayeo. Hoy el paso de mercadería es ciento por ciento de la Argentina a Bolivia. Claro, nadie lo confiesa en voz alta, pero desde Bolivia se ingresa coca. Las hojas, que se usan para mascar o para el té, son traídas en pequeñas cantidades por los paseros. Eso también se paga: unos pocos pesos por traer 250 gramos de hojas. Además, está la droga, un juego de poderosos que también se valen de las fronteras derribadas del norte argentino; un universo de complicidades y dinero que en esta zona prefiere otros pasos, otras rutas no tan lejanas.

EL LUGAR DE DESCARGA
La mercadería se transporta desde el centro de la ciudad en pequeños carros hasta la frontera, donde esperan centenares de vehículos bolivianos para disponer de la carga y llevarla a Villazón.

“La zona de la droga está más en Salta, la cocaína, y Misiones y Formosa, la marihuana. En menor medida, La Quiaca”, dice la exministra de Seguridad Patricia Bullrich.

Justamente, la pandemia y el cierre causaron, entre otras cosas, una distorsión en el mercado de las hojas de coca, utilizadas para mascar en gran parte del norte argentino. Sin ida y vuelta de gente, el precio se disparó. La bolsa de 250 gramos, que antes del Covid estaba a 700 pesos, llegó a cotizar hasta 30.000 en Buenos Aires, donde la ancestral costumbre se impone en algunos barrios. Pero los pasos ilegales llevaron las cosas a su curso de la mano de decenas de paseros que compraban en Bolivia y revendían en la Argentina. Ahora, los precios retornaron a los 20 dólares el kilo de las llamadas “hojas sanas”. Cuentan en el paso que por traer esos 250 gramos, permitidos para uso personal, se cobran 80 pesos.

“Con los pasos clandestinos hay un descontrol; se cierra uno y ellos abren otro. Es imposible frenar el contrabando, hay que ordenarlo ”

GERARDO MORALES, GOBERNADOR DE JUJUY

A toda esta situación, se suma otra característica. Del lado boliviano, gran parte de la población de Villazón tiene doble nacionalidad. A diario, centenares llegan al país a cobrar sus beneficios sociales, que convierten casi inmediatamente en mercadería.

En La Quiaca viven alrededor de 15.000 personas y del lado boliviano, cerca de 40.000. Dice el gobernador Morales que se calcula que 20.000 habitantes de Villazón tienen doble nacionalidad. “Cruzan todo el tiempo ya que tienen todos los beneficios sociales. Además, consumen servicios, como colegios, o salud, en el lado jujeño”, reconoce Morales.

En octubre de 2020, la frontera fue un hervidero. Las fuerzas de seguridad federales, contrabandistas y narcotraficantes se enfrentaron en los pasos fronterizos. Como consecuencia, murió una mujer boliviana que intentaba ingresar ilegalmente al país. Al día siguiente se desató una “pueblada”, al menos 1000 personas se enfrentaron a los gendarmes apostados en la zona; querían vengar aquella muerte.
Patricia Bullrich recuerda que durante su gestión se hicieron compras millonarias para mantener vigiladas las fronteras, en particular La Quiaca. “Compramos el mejor sistema para controlar el narcotráfico de toda América Latina. Y este gobierno no lo ha puesto en marcha. Constaba de un sistema de radares, drones inteligentes, otros antimaleza, algunos que tenían 8 horas de duración y que aguantaban la altura de la Puna y también con infrarrojo. Se construyeron todas las torres para poner los radares, algunos con cinco kilómetros de alcance. Desde el Centro de Control de La Quiaca se veía todo. Compramos, capacitamos gente, armamos un modelo y contratamos a Invap para que nos haga el soporte técnico porque no teníamos la capacidad necesaria para calibrar todo. Eso no se puso en marcha”, dice.

Morales cuenta que le ha propuesto al gobierno nacional alguna solución para ordenar el caos. “Con los pasos clandestinos hay un descontrol. Es imposible frenar el contrabando, hay que ordenarlo”, se sincera. Frederic reconoce aquel pedido: “Aún no hemos podido avanzar en alguna apertura”.

En medio de este camino de ida y vuelta entre la Argentina y Bolivia está el coronavirus, causa final de las medidas extraordinarias y de construcción de la ilegalidad a falta de comunicación. Hace poco tiempo, un paro en el personal de Aduana de Bolivia generó un embotellamiento de camiones en La Quiaca. Cerca de 200 choferes quedaron del lado argentino, con el riesgo sanitario que implica esa población de paso establecida ahí. La cosa se desmadró al punto de que un brote de Covid explotó en un asado de camaradería de Gendarmería, en el que se contagiaron alrededor de 100 agentes de la Agrupación IX de Jujuy. Cosas que pasan cuando se cae el barbijo.

“La Quiaca está complicada, bastante complicada. Es un descontrol que se produce cuando se colocan medidas restrictivas. Nosotros preferimos que pasen por el puente, y hacemos algún testeo sanitario como temperatura y seguimiento. Lo hemos planteado desde diciembre del año pasado y no lo han resuelto”, dice el gobernador.

Ahora, la Gendarmería tiene que ocuparse de que el Covid no lo arrastre. Mientras, y desde hace un tiempo, elige no mirar demasiado. Eso sí, imponen la autoridad sobre el puente, el único lugar formalmente cerrado. El resto es libre.

NOTA GENTILEZA INVESTIGACIÓN DIARIO "LA NACIÓN"

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