La Corte de Comercio Internacional de Estados Unidos confirmó que mantendrá las sanciones al biodiésel argentino pese a la revisión del Departamento de Comercio. El año pasado, el gobierno de Alberto Fernández junto a LDC Argentina S.A iniciaron una causa para que se revisara estos aranceles a la baja mediante una revisión de circunstancias cambiantes.

Tras una investigación, Estados Unidos sancionó a la Argentina con derechos equivalentes a casi un 150%, entre aranceles antidumping y antisubsidios. Además, ordenó que el biodiésel se quedara afuera de ese mercado por cinco años.
En 2016, Argentina exportó a Estados Unidos alrededor de u$s1.200 millones en biodiésel, siendo el principal mercado. Y en 2017, el departamento de Comercio de EE.UU. determinó que estas importaciones estaban siendo subsidiadas injustamente y Estados Unidos comenzó a imponer aranceles compensatorios de hasta 72,28% tras las quejas de los productores de biodiésel en Estados Unidos que le pidieron al gobierno del entonces Donald Trump, represalias contra el biodiésel argentino porque argumentaban una maniobra de dumping y subsidios.

En este sentido desde la National Biodiesel Board (NBB) argumentaron en contra de las retenciones a la soja ya que según su visión, favorecía a la compra de materia prima argentina a un valor inferior y a una tasa de derechos a la exportación del 0% en ese entonces, para el combustible.

Pese a los intentos de la Argentina de evitar este revés judicial, el Departamento determinó que el régimen de impuestos a las exportaciones de Argentina ya no estaba diseñado y estructurado para alentar el desarrollo de la industria del biodiesel aguas abajo asegurando la disponibilidad de soja relativamente barata. Esto habría reducido sustancialmente los tipos de derechos compensatorios estadounidenses.

Pero en los resultados finales de Comercio, el departamento se revirtió. El departamento dijo que “el régimen fiscal de exportación de Argentina está cambiando, lo que lleva a Comercio a concluir que no hay suficientes circunstancias cambiantes para justificar una reducción de los aranceles. Tras esta postura, el gobierno argentino y LDC iniciaron la demanda.

El comunicado
Comercio sopesó adecuadamente la evidencia del expediente, incluido el diferencial de impuestos a la exportación entre la soja y el biodiesel, dijo el tribunal de comercio. Si bien la diferencia temporal constante puede restar valor a la conclusión de Comercio, “los numerosos cambios en el régimen fiscal de exportación de Argentina y el proyecto de ley que establece que los aranceles de exportación se reducirían para las mercancías que agregan valor a través de su producción, restan valor a la conclusión de que los subsidios sujetos a medidas compensatorias se encuentran en la investigación subyacente ya no estaba en su lugar ”, dijo el tribunal.

El tribunal también rechazó el argumento de los demandantes argentinos de que las conclusiones de Comercio se basaban inadmisiblemente en especulaciones. “Aunque el Departamento de Comercio basó sus conclusiones en parte en predicciones sobre el régimen fiscal de exportación de Argentina en el futuro inmediato, estas predicciones se basaron en tendencias establecidas por pruebas sustanciales de antecedentes y circunstancias existentes”, dijo el tribunal.

Los demandantes no mantuvieron su argumento de que Comercio emitió los resultados de su revisión después de la fecha límite reglamentaria, concluyó el juez Gary S. Katzmann.

Trade Law Defense PLLC representa al gobierno de Argentina. White & Case LLP representa LDC. Cassidy Levy Kent (EE. UU.) LLP representa a la Coalición de Comercio Justo de la Junta Nacional de Biodiesel, que se unió al caso en oposición a la reducción de los aranceles.

Desde la exportadora LDC Argentina S.A no descartan la posibilidad de apelación.