El congelamiento de precios es una de las últimas medidas adoptadas por el Gobierno nacional para sostener el impacto que genera la inflación en la economía de la población argentina. La medida fue criticada y considerarla como un "analgésico" que otorga efectos positivos a corto plazo, pero es contraproducente para el mediano y largo plazo. Es por ello que el flamante secretario de Comercio, Roberto Feletti, entregó a los principales empresarios que proveen productos a los supermercados una lista con 1.247 productos para ser congelados. Además, su equipo de Secretaria se reunió con los principales compañías proveedoras de alimentos.

Pero, tras lo sucedido, la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios de Argentina (COPAL) mostró su discrepancia y sostuvo en un comunicado que “en la convocatoria recibida no están garantizadas las condiciones para conciliar las posibilidades de los sectores frente al pedido de estabilización de precios”.

“Los acercamientos realizados hasta el momento reflejan la falta de voluntad por parte de las autoridades para realizar un acuerdo con el sector. Asimismo, se evidenció que, a pesar del esfuerzo realizado por las empresas en enviar sus propuestas de participación, las mismas no fueron tenidas en cuenta, así como tampoco fue considerado el pedido de generar un espacio de intercambio en lo inmediato, que permita clarificar las realidades y posibilidades de los distintos sectores y encontrar en conjunto un acuerdo sostenible”, comentaron desde la COPAL.

“El argumento de que la inflación se aceleró por los aumentos de la categoría de productos de alimentos y bebidas pierde sentido ya que existen otras divisiones cuyos precios crecen por encima del Índice IAB y del Índice General”, indicó la COPAL.

“Los datos del INDEC evidencian que no es la Industria de Alimentos y Bebidas (IAB) quien tracciona mayoritariamente en la inflación general. Muestra de ello es que el IPC de septiembre se incrementó un 3,5%, mientras que el IPC de alimentos y bebidas lo hizo por debajo de esta cifra, alcanzando un 2,9%. Lo mismo ocurre en el acumulado 2021, donde el IPC general alcanza un 37% mientras que el de alimentos y bebidas aumentó 36,6%”, añadieron.

“La realidad demuestra que las políticas de congelamiento de precios no logran resolver los desequilibrios macroeconómicos que dan origen a la inflación. Adicionalmente, resultan insostenibles ya que afectan el largo plazo para la continuidad productiva, dado que lleva a las empresas a producir a pérdida por no atender los innumerables aumentos de costos que viene afrontando el sector”, continuaron.

“Estamos abiertos al diálogo, siempre hemos demostrado el esfuerzo para acompañar las iniciativas y programas planteados por el Gobierno en materia de precios, así como nuestro compromiso de abastecimiento de alimentos y bebidas a las familias argentinas. Contamos con toda la predisposición para encontrar juntos soluciones que sean sostenibles dado que tenemos un rol clave para motorizar la reactivación post-covid de la economía, logrando un crecimiento federal y a largo plazo”, finalizó el empresario Daniel Funes de Rioja.