El economista, director del Instituto para el Desarrollo Social de la Argentina (Idesa) Jorge Colina analizó la situación de la deuda con el FMI e indicó que "el problema del endeudamiento público argentino trasciende con creces el tema del FMI", al señalar que solo representa alrededor de un 12% del endeudamiento global que tiene como origen "la crónica propensión del Estado a gastar por encima de sus recursos".

Colina señaló que "el gobierno dijo que hay acuerdo con el FMI para un avance gradual al equilibrio fiscal, pero no en los plazos para lograrlo. Se pasa por alto que el problema argentino es la crónica propensión del Estado a gastar por encima de sus recursos. Esto no se resuelve con gradualismo sino con un ordenamiento integral del Estado", destacó.

Agregó que "las negociaciones con el FMI han ido tomando creciente protagonismo y se presentan como un tema prioritario en la agenda económica nacional". Puntualizó que "el ministro de Economía explicó que hay una serie de acuerdos con los funcionarios del FMI, incluido un avance gradual hacia el equilibrio fiscal. Pero hay desacuerdo en el cronograma".

En este sentido, indicó que "el FMI solicita que la reducción del déficit sea más rápida de lo que el gobierno considera recomendable. Lo concreto es que el Estado nacional tiene una deuda pública total de U$S 360 mil millones, la cual creció en U$S 30 mil millones en los dos últimos años y la deuda con el FMI representa apenas un 12%. En otras palabras, el problema del endeudamiento público argentino trasciende con creces el tema del FMI".

Colina subrayó que "la deuda pública es la consecuencia de los déficits fiscales pasados. Una forma de ilustrar lo endémico del fenómeno es analizando las cuentas públicas consolidadas (es decir, del Estado nacional y de las provincias) en los últimos 60 años. En las últimas 6 décadas sólo el 85% del gasto se pagó con ingresos públicos, mientras que el 15% restante fue gasto en exceso".

El economista afirmó que "estos datos muestran que el sector público gasta consistentemente muy por encima de sus posibilidades. Se trata de una constante que trasciende al color político o ideológico de los gobiernos. Durante 60 años hubo gobiernos con orientaciones muy diferentes, pero todos gastaron más de los que recaudaron. Los superávits observados entre los años 2003 y 2008 no son una excepción. En esa época se devengaron gastos –como los juicios previsionales por falta de movilidad o los intereses de la deuda en default– que la contabilidad pública no los registró como tales en ese momento, sino cuando se pagaron varios años después".

Añadió que “los déficits fiscales acumulados en las últimas 6 décadas equivalen a casi tres veces el PBI. Esto provoca excesos de endeudamiento y emisión monetaria que son los principales factores de estancamiento. Por eso, es inconsistente el planteo de que los desequilibrios se pueden corregir gradualmente esperando que el crecimiento económico aumente los ingresos públicos para financiar el exceso de gasto. Esto es lo que hizo el gobierno anterior financiando el exceso de gasto (supuestamente transitorio hasta que la economía crezca) con endeudamiento externo”.

Destacó que “la estrategia de equilibrar las cuentas públicas a medida que la economía crezca está condenada al fracaso. La razón es que el desorden del Estado cercena el crecimiento. El Estado absorbe ahorros privados con bonos públicos para financiar el exceso de gasto y el Banco Central con Leliq y pases para contener el impacto inflacionario de la emisión monetaria. Esto deja sin financiamiento a la producción lo que hace imposible que la economía se encamine hacia una senda de crecimiento”.

Añadió que “cualquiera sea el ritmo del gradualismo, el resultado será el mismo: alta inflación y estancamiento. Que sea a la velocidad que plantea el gobierno o a la del FMI no cambia el resultado. Mucho más provechoso sería canalizar los esfuerzos a ordenar el Estado