El año pasado el Estado destinó el equivalente a u$s10.900 millones al pago de subsidios de tarifas y se proyecta que, de no mediar cambios, el número podría subir este año a u$s15.000 millones, lo que constituye a este rubro del gasto como el verdadero talón de Aquiles del programa económico que negocia la Argentina con el Fondo Monetario Internacional.

En el caso de las tarifas de gas, el pago promedio de los usuarios cubre entre el 30% y el 35% de los costos. En el de la luz, entre el 25% y el 26%. Pero para corregir los subsidios haría falta subas superiores al 70% u 80% debido a una serie de factores que presionarán sobre los costos en 2022.
Segùn economistas consultados, este tiene que ser un año de corrección, más allá de lo que se pueda comprometer el Gobierno con el organismo de crédito. Varios elementos entran en juego para que el ministro de Economía, Martín Guzmán, tenga que “calibrar” con precisión el ordenamiento de las variables. Entre ellas, está el precio del dólar, la mayor demanda energética por crecimiento económico, los problemas en la generación hidroeléctrica debido a la sequía y la bajante de los ríos, y el incremento del gas natural licuado por barco que importa la Argentina, que pasó de u$s8 el millón de BTU a u$s24 en apenas unas semanas.

En el caso del hidrocarburo, Emilio Apud, exsecretario de Energía y miembro de la Fundación Libertad y Progreso, explicó que en el país sigue vigente el Plan Gas, que le asegura a las empresas que extraen el fluido entre u$s3,9 y u$s4 el millón de BTU en boca de pozo. “De eso el usuario paga menos del u$s1,5 y el resto lo cubre el Estado”, explicó el especialista. El problema más serio que tendrá que enfrentar el equipo económico al determinar los nuevos valores es el del gas licuado importado por barco, explicó Apud. “Todos los inviernos Argentina importa por barco”, señaló.

Para los especialistas en la materia, resulta complicado entender cómo se podría llevar a cabo una corrección del gasto como se anunció en el acuerdo con el FMI. Tal como informó el Ministerio de Economía, el déficit primario de 2021 fue del 3% del PBI y de ello se estima que el gasto en subsidios es del orden del 3% del PBI, mientras que el compromiso para este año es reducir el rojo al 2,5%.

Apud comentó que “no se puede pensar que en 2022 el nivel de ayudas del Estado vaya a ser igual al del año pasado”. Para el exsecretario de Energía, bajo una hipótesis de que el gobierno no hiciera nada, el gasto se proyectaría a u$s15.000 millones desde los u$s10.900 millones. “Para eliminar solo la mitad de los subsidios tendrían que subir las tarifas el 90% más la inflación, que será del 60%, es decir un 150% y el año próximo repetir el incremento”, explicó. Apud consideró, en ese sentido, poco relevante desde el punto de vista económico la segmentación tarifaria. En el caso de la luz, suponiendo que el 10% de la población de la zona metropolitana pasara a pagar tarifa plena, serían unos u$s220 millones que estará muy lejos de resolver el problema, estimó el analista.

Mientras tanto, el Gobierno planteó que avanzará en un incremento general de las tarifas del 20%, respaldado en la idea de que los sectores de mayor poder adquisitivo de la población hagan el mayor esfuerzo a través de una eliminación de subsidios para los sectores de mayor patrimonio. Recientemente, la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, llamó la atención sobre ese aspecto: en Argentina los subsidios a la energía no diferencian entre sectores sociales, algo que no ocurre en otros países.

Al respecto, el economista Nicolás Gadano, exgerente del Banco Central, consideró que “el gobierno empieza este año a revertir una caída muy fuerte de la cobertura del costo”. “El atraso es del 70% en el gas y el caso de la energía eléctrica del 75%”, explicó en declaraciones radiales.

Para el analista, “lo importante es lo que va a pasar con el precio del gas ya que está subiendo a nivel internacional y la Argentina es importadora”. Al igual que Apud, considera que una suba del 20% no sería suficiente para la corrección. “O se suben las tarifas o peligra el acuerdo con el FMI”, explicó.

La Fundación de Investigaciones para el Desarrollo Económico (FIDE) planteó en un reciente informe los problemas extra que tendrá este año el gobierno para determinar los subsidios y el nivel de incremento tarifario. El reporte cita un artículo del director de la Consultora Economía y Energía, Nicolás Arceo, donde advierte que van a influir de manera negativa la suba del dólar a un mayor ritmo, el aumento de los precios internacionales de la energía, la mayor demanda de energía a causa del crecimiento económico, la baja (debido a la sequía) de la potencialidad de la generación de energía hidroeléctrica y la menor capacidad de Bolivia de enviar gas, que deberá sustituirse por importaciones de gas licuado, que tienen un mayor costo.