El juez federal Sebastián Casanello rechazó el pedido de sobreseimiento realizado por la vicepresidenta Cristina Kirchner en la causa conocida como “La ruta del dinero K”, por la que fueron condenados el empresario santacruceño Lázaro Báez y sus hijos. Al igual que el fiscal Guillermo Marijuán, Casanello argumentó que hay varias medidas de prueba pendientes para determinar si la ex presidenta tuvo participación en la maniobra de lavado de dinero.

En esa causa, la ex presidenta tiene una falta de mérito dictada por el juez Casanello, quien la llamó a declaración indagatoria a instancias de la Cámara Federal en 2018, cuando la entonces ex jefa de Estado desfilaba por Comodoro Py.

A mediados de septiembre del año pasado, la Sala II de la Cámara Federal le ordenó al juez una definición sobre la situación procesal de Cristina Kirchner, Juan Pedro Damiani Sobrero (el ex presidente de Peñarol de Uruguay), y Antonio Demarco, un intermediario en la compra del campo El Entrevero. Desde entonces, solo se resolvió la situación procesal de Demarco, que fue sobreseído por la Cámara Federal.

A fines del año pasado, el juez Sebastián Casanello ordenó varias medidas de prueba en el expediente que sigue en la etapa de instrucción. Entre otras cosas, le pidió a su par Julián Ercolini que le mande toda la información vinculada al cruce de llamadas agregado a la causa Cuadernos. También le solicitó Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 (TOF 1) una copia de una pericia realizada al celular del ex secretario de Obras Públicas José López, donde surgirían los números utilizados por Báez.

Aunque varias de esas medidas todavía están en curso, la defensa de la vicepresidenta pidió hace dos semanas que se dejen sin efecto todo lo que está pendiente y que se disponga el sobreseimiento, aludiendo a la garantía de ser juzgada en un plazo razonable.

Como ocurrió hace unos meses, las querellas de la AFIP y la UIF se manifestaron a favor de cerrar la etapa de instrucción.

Pero el fiscal Marijuán se opuso al sobreseimiento y cuestionó en duros términos el rol de las querellas. “Esta parte no puede dejar de señalar el comportamiento asumido por las querellas, en tanto entienden que no tienen medidas de prueba para sugerir y que en consecuencia VS se encuentra en condiciones de resolver la situación procesal de Cristina Fernández de Kirchner del modo que estime corresponder, circunstancia que implica, en los hechos, el inexcusable abandono de su actuación como acusadores en este proceso”, sostuvo.

En ese sentido, recordó que fue la UIF la que propuso un entrecruzamiento de llamados entre las líneas telefónicas correspondientes a Lázaro Antonio Báez y los ex secretarios de Cristina Kirchner.

Ese entrecruzamiento todavía no se terminó, hay demoras para identificar los teléfonos de varios de los protagonistas. Una vez que se termine ese estudio, los datos deberán ser cruzados con otras fechas importantes para el desarrollo de la investigación como las reuniones en La Rosadita para contar dinero.
Al momento de resolver, Casanello respaldó la postura del fiscal. “En primer término, corresponde aclarar que, a su debido tiempo, fue ordenada la totalidad de las diligencias propuestas por el fiscal en su dictamen del 21 de octubre del 2021 (la defensa yerra en este punto). Sus resultados fueron incorporados paulatinamente a estos actuados, encontrándose en trámite preparatorio el entrecruzamiento telefónico y en pleno intercambio entre países lo que atañe al pedido de asistencia internacional. En segundo término, no acarrea sanción de nulidad el tiempo insumido por el fiscal para dictaminar: el código contempla plazos ordenatorios y tampoco se advierte una demora excesiva en responder”, sostuvo Casanello.

Y agregó: “No considero correcto, como director del proceso penal, mutilar vías de investigación abiertas. Si en su momento se consideraron útiles y pertinentes, no hay una razón válida para revisar hoy -por el mero paso del tiempo- ese criterio. Por eso, insistiré y esperaré sus resultados”.

No obstante, el juez pidió acelerar las medidas pendientes. Puntualmente, le pidió a la Secretaría General de la Presidencia que identifique una serie de números telefónicos de allegados a la entonces presidenta; a las compañías de servicios telefónicos que informen si en el periodo que va de octubre de 2010 a abril de 2013, Cristina Fernández de Kirchner registró líneas a su nombre; y a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) si le asignó “a la ex Presidenta y/o a sus principales colaboradores/secretarios privados teléfonos en el período referido”.

También hay un capítulo internacional pendiente. El juez quiere saber si Cristina Kirchner tenía conocimiento de las maniobras atribuidas a Lázaro Báez y su entorno a partir de los dichos del arrepentido Leonardo Fariña, quien en el juicio relató una conversación con el empresario en las oficinas del pasaje Carabelas. Según esa anécdota, Cristina Kirchner le había preguntado (a Báez) “si él estaba sacando dinero al exterior porque desde la Embajada de Estados Unidos le habían comunicado eso”.

“En lo que atañe al proceso de colaboración entre países, en el marco del cual se está requiriendo información adicional, su relevancia no es menor, pues hace al conocimiento o desconocimiento que Cristina Fernández de Kirchner podía tener respecto de las operaciones de lavado atribuidas a Lázaro Báez y su entorno”, dijo ahora Casanello.

Todo esto ocurre en un tramo residual de la causa que sigue en instrucción. En el juicio oral, Lázaro Baéz fue condenado a fines de febrero a 12 años de prisión. También recibieron condenas sus cuatro hijos, su ex contador Daniel Pérez Gadín, el abogado Jorge Chueco, Fabián Rossi, entre otros. Todas las condenas están apeladas ante la Sala IV de la Cámara de Casación.