WASHINGTON.- El último panorama del staff del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre la economía argentina y el avance del programa dejó en claro que el Gobierno deberá hacer un ajuste en el segundo semestre del año si quiere cumplir con los compromisos pautados –una realidad que, hasta ahora, el oficialismo había logrado eludir– con un margen menor para tocar salarios y jubilaciones con una inflación en alza: el Fondo indicó que deben evitarse aumentos “discrecionales” para asegurar las metas fiscales.

Por la guerra en Ucrania y el mayor gasto en energía y asistencia social, y también por un aumento más bajo al previsto en la recaudación, el déficit fiscal del primer semestre quedó por encima del proyectado cuando se cerró el acuerdo, en marzo último, y el Gobierno deberá corregir el rumbo en lo que resta del año. El informe que presentó el staff al Directorio Ejecutivo del Fondo, que otorgó otro visto bueno y liberó un nuevo giro por unos 4000 millones de dólares, dejó dos cifras que marcan la magnitud del ajuste en los meses venideros: el gasto real, que creció un 12,8% anual en el primer semestre, deberá bajar un 7,8% anual en la segunda mitad del año.

Para llegar a esa meta, el Fondo detalló un menú acordado de “medidas compensatorias” que abarca a las transferencias discrecionales a las provincias y a las empresas públicas, los subsidios al transporte, y una “mejor priorización” del gasto en obras públicas, una tradicional variable de ajuste a la que en su momento recurrió el gobierno de Mauricio Macri. Y reiteró que deben evitarse aumentos “discrecionales” en salarios y jubilaciones, por afuera de los previstos por la Ley de Movilidad, para garantizar las metas. Además, el Fondo advirtió –en una nota al pie de página– que el proyecto kirchnerista presentado en el Senado para poner en marcha una nueva moratoria previsional es una iniciativa “costosa”.

“Se prevé que el gasto en jubilaciones disminuya como porcentaje del PBI, en consonancia con la fórmula de indexación existente, que está vinculada al crecimiento previo de los salarios y los impuestos”, indica el informe. “Dicho esto, también se deben evitar los ajustes discrecionales a las pensiones, y se debe comenzar a trabajar en la preparación de opciones de reforma para fortalecer de manera duradera la equidad y la sostenibilidad del sistema previsional”, completó.

Más adelante, el informe reitera que deben evitarse “ajustes discrecionales al alza” en los salarios y las jubilaciones para “asegurar los objetivos fiscales”.

Fuentes oficiales minimizaron esa referencia a las jubilaciones, un gasto muy sensible y siempre en la mira, al indicar que el Fondo ya lo había señalado en marzo, cuando se firmó el acuerdo, que las jubilaciones debían actualizarse según la Ley de Movilidad, y debían evitarse aumentos por afuera. Y remarcaron, además, el continuo respaldo del Fondo a la política social del Gobierno, y al aumento del gasto para mitigar el impacto inflacionario de la guerra en Ucrania sobre los más vulnerables, que incluye las medidas tomadas para mejorar los ingresos de los jubilados que cobran los haberes más bajos, incluido el haber mínimo, los trabajadores informales o los beneficiarios de la AUH, además de transferencias como la Tarjeta Alimentar.

En el oficialismo valoraron el nuevo apoyo que brindó el board del Fondo, al indicar que tuvo una postura positiva, y destacaron la continua “comprensión” de los representantes de las naciones del G7 y el resto de los accionistas del Fondo para acomodar el programa de la Argentina al nuevo contexto generado por la guerra en Ucrania, que disparó los precios de la energía y los alimentos. El Fondo evaluó que el conflicto no impactará en el crecimiento de la economía, pero sí en los precios, tal como ha ocurrido en otras latitudes.

Más allá de la renovación de la confianza del board en el programa, la evaluación que hizo el staff del Fondo dejó varias luces amarillas. El Fondo advirtió por el riesgo de que la alta inflación pueda “alimentar el descontento social”. El gasto público aumentó más de lo que se pensaba, y la recaudación, menos. Ante las dificultades de la economía argentina y las crecientes señales de que las metas –que ya de por si eran consideradas irrealistas por economistas cuando se cerró el nuevo acuerdo– puedan llegar a incumplirse, el Fondo brindó una señal contundente a favor de un mayor ajuste y dijo que el gasto debe “contenerse” en el 20,4% del producto bruto interno.

“Las medidas compensatorias necesarias para compensar el aumento de los subsidios a la energía y la asistencia social adecuada incluyen esfuerzos para racionalizar el gasto en bienes y servicios, subsidios al transporte, y transferencias discrecionales a las provincias y a empresas públicas, así como una mejor priorización del gasto de capital”, indicó el Fondo.

La necesidad de podar el gasto para cumplir con el acuerdo coloca al Gobierno ante un segundo semestre muy tirante, y un contexto político muy complejo donde se suma una inflación que todavía está desanclada, y aparece más cerca del 80 por ciento que del nuevo techo fijado en el acuerdo, del 60,2 por ciento.

Ante ese panorama, staff del Fondo insistió en “una implementación firme” del programa, una muletilla tradicional del organismo que ya se escuchó en reiteradas ocasiones durante el gobierno de Macri. El Fondo reiteró otra advertencia añeja también para la Argentina: que, ante el “endurecimiento” de la política económica, el apoyo social y político al programa caiga, especialmente antes de las elecciones presidenciales de 2023.