La Corte y los magistrados rechazan el impuesto a las Ganancias
Los representantes de la Asociación de Magistrados se reunieron con los jueces de la Corte Suprema y en la Comisión de Presupuesto de Diputados, donde manifestaron su rechazo a la iniciativa para que se les descuenten Ganancias como a cualquier trabajador.

La Corte Suprema prepara junto a las asociaciones de magistrados y funcionarios de la Justicia una respuesta jurídica a la iniciativa del Poder Legislativo para que los jueces comiencen a pagar el impuesto a las Ganancias.

Mientras, las autoridades de la Comisión de Presupuesto de Diputados recibieron también a magistrados de la AMFJN, que llevó su rechazo a la medida en la víspera del debate en el recinto de la Cámara baja.

Cristina recibirá a los jueces

Unas pocas horas después de que lo hubieran solicitado, Cristina de Kirchner anunció que recibiría a los jueces nucleados bajo la representación de la Asociación de Magistrados, mañana miércoles, en una audiencia fijada para el mediodía.

El improbable pedido que habían cursado los jueces se inscribía en el marco de la batería de gestiones que desplegaron para tratar de evitar que se apruebe en el Congreso el agregado que suprime la exención de pago del Impuesto a las Ganancias para el Poder Judicial, agregado en el proyecto de Presupuesto 2023 que hoy tratará Diputados. 

El rechazo

El fundamento central del rechazo serán la inconstitucionalidad de aplicar impuestos retroactivos, en un marco de iniciativas del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo que los jueces consideran como avances y avasallamientos a sus atribuciones.

Para ajustar esta postura, la Corte aceptó la semana pasada un pedido de reunión con  la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional para analizar lo que sus directivos consideran una afectación ilegal a la intangibilidad de los salarios.

Al encuentro, pautado para las 15 de ayer, concurrió el presidente de la Asociación de Magistrados, Marcelo Gallo Tagle, con parte de la comisión directiva, y por la Corte estuvieron su titular, Horacio Rosatti, el vicepresidente Carlos Rosenkrantz y el ministro Juan Carlos Maqueda.

El ministro Ricardo Lorenzetti, según fuentes judiciales, no estuvo en la reunión de la semana pasada y tampoco en el encuentro de la víspera, aunque tuvo la posibilidad de participar si así lo decidía.

En este sentido, las vocalías de Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda, trabajan buscando jurisprudencia sobre el cobro de impuestos retroactivos y el listado de lo que la Corte considera un "avance" sobre sus atribuciones.

Al tope de las presuntas evidencias del conflicto de poderes, la Corte y los magistrados agitarán la propuesta de reforma judicial que encargó el presidente Alberto Fernández a una comisión de juristas y expertos y la media sanción en Diputados a ampliación de la Corte.

A la coordinación del máximo tribunal con los jueces, se suma como acción de resistencia a la medida el paro convocado para la presente jornada por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) que conduce Julio Piumato.

A fines de la semana pasada el gremio fijó postura y calificó la iniciativa como un "impuesto confiscatorio del salario" y anunció el paro.

"El banquero Heller (Carlos, presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados), impulsor de esta ridícula medida, quien supo tener una AFJP para esquilmar a nuestros queridos/as jubilados/as ahora pretende que el pueblo trabajador soporte los despilfarros económicos que generaron sus amigos especuladores financieros", atacó la UEJN.

Reacción oficial 

Con la postura opuesta, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, consideró que la exención del pago del impuesto a las Ganancias que hoy beneficia a jueces designados antes de 2017 "es un privilegio que estamos en situación de corregir".

"Los jueces pagan sus impuestos en todos los países del mundo. Hoy en la Argentina un juez está ganando arriba de 2 millones de pesos, mucho más que un presidente o una vicepresidenta. La exención de Ganancias de los jueces no es un derecho adquirido; es un privilegio que estamos en situación de corregir", dijo Soria  en declaraciones radiales.

El diputado del Frente de Todos, Marcelo Casaretto, quien defendió el artículo incluido en el proyecto de Presupuesto 2023 sostuvo que la iniciativa "no es una ofensiva contra nadie".