La iniciativa que otorga reparación histórica a unas 36.000 familias de empleados de la petrolera estatal fue sancionado por 214 votos, con el respaldo del Frente para la Victoria, el radicalismo, el PRO, el massismo, el FAP, la Coalición Cívica, el Partido Obrero y el Partido Socialistas de Trabajadores.

De esta manera, el Congreso aprobó una ley para saldar una lucha de casi 25 años de los ex trabajadores de YPF, a los que se negó el pago de las llamadas acciones de "propiedad participada" pese a lo previsto por la ley con la que esa empresa fue privatizada durante el gobierno de Carlos Menem.

Según la ley de privatización, los trabajadores debían recibir una porción del 10 por ciento del paquete accionario de la empresa, pero ese derecho les fue desconocido a los despedidos.

La sanción de la iniciativa fue aplaudida y festejada por ex trabajadores de YPF presentes en el palco durante toda la sesión, al concluir un debate que se extendió por más de cuatro horas.

El proyecto aprobado por diputados, reformado por Senado y que la cámara baja convirtió en ley otorga una indemnización que es equivalente al valor en pesos de 956 acciones de la compañía que serán canceladas con bonos de consolidación de deuda pública.

Entre los cambios realizados por el Senado se encuentran la incorporación de un párrafo en el artículo segundo de la norma, estableciendo que el valor de la acción de la compañía no podrá pagarse a menos de 311 pesos.

El debate fue abierto por el diputado nacional Mario Metaza (Frente para la Victoria-Santa Cruz), quien sostuvo que este proyecto "es una recuperación de derechos y de dignidad” y puso de relieve la decisión del gobierno nacional que, dijo, “es el que incluye, hace justicia y ayuda a los sectores más vulnerables”.

“Tenemos autoridad moral para defender a los trabajadores”, aseveró el diputado santacruceño.
Por su parte, al abrir el tratamiento de la iniciativa, el diputado nacional Mario País (Frente para la Victoria-Chubut) dijo que en el proyecto “están incluidos los que fueron estafados por el Estado nacional: vamos a honrar lo que fue una estafa para miles y miles de trabajadores que quedaron fuera del pago de las acciones” y recordó que “hoy estamos reparando esa injusticia”.

En el cierre del debate, la presidenta del bloque del FpV, Juliana Di Tullio, dijo que, "más allá de los matices y de los discursos que puedan tener los diferentes bloques, ésta cámara se une detrás de este reclamo".

"Este bloque se siente orgulloso de ser parte de la historia y de esta historia de hace casi doce años, donde hemos recuperado este país para los trabajadores y hemos recuperado YPF, con lo cual reparamos los errores del pasado", aseveró respecto de la privatización menemista.

Desde el radicalismo, el santacruceño Eduardo Costa afirmó que este proyecto llega al recinto "después de 25 años y en este tiempo los ex ypefianos no dejaron de luchar", por eso "estamos pidiendo al gobierno que pague en término la deuda a los ex agentes y no se les baje un peso".

Por su parte, el presidente del bloque radical, Mario Negri, dijo a los ex trabajadores de YPF que "deben aplaudirse a ustedes mismos y no a los que están sentados acá porque es la lucha de 25 años" y agregó que desde el oficialismo "no se hacen cargo de la privatización realizada en la década del 90".

La diputada Alicia Comelli, del Movimiento Popular Neuquino, aseguró a su vez que "desde su bancada siempre trabajó para que cobren los ex ypefianos" y pidió que "los buitres y buffetes de abogados" que aguardaban la sanción esta ley "no se queden con lo que les corresponden a los trabajadores".

El diputado Néstor Pitrola, del Partido Obrero, aseguró que "hoy se concretó una gran victoria de la tenaz lucha de los ypefianos para cobrar sus bonos de Propiedad Participada".

"Es para nosotros una victoria de la clase obrera a la cual ha contribuido nuestro bloque con su proyecto de ley e impulsando la reorganización de la Coordinadora de Ypefianos en todo el país”, señaló.

Por su parte, el diputado Eduardo Santín, del Movimiento Nacional Alfonsinista, opinó que estaban "aprobando un proyecto para devolver derechos que fueron arrancados durante una década nefasta en la Argentina", y que "lo bueno que tiene la democracia es que puede corregirse a sí misma".