Legisladores de la oposición presentaron hoy una acción de amparo junto con una medida cautelar para frenar el accionar del oficialismo en la Comisión de Juicio Político, donde logró aprobar un despacho para que el Congreso ordene la realización de exámenes físicos al juez Carlos Fayt, de 97 años, y se determine si está en condiciones de cumplir con su tarea como integrante de la Corte Suprema de Justicia.

La iniciativa fue tomada por el presidente del Bloque de Diputados Nacionales de la UCR,  Mario Negri, junto con los diputados Federico Pinedo (PRO), Graciela Camaño (FR), Fernando Sánchez (CC-ARI), Alberto Aseff (FR), Diego Mestre (UCR), Pablo Tonelli (PRO), Jorge D´Agostino (UCR), Graciela Villata (Frente Cívico de Córdoba), Gustavo Valdez (UCR), Julio Martinez (UCR), Juan Francisco Casañas (UCR) y Miguel Giubergia (UCR). 

El amparo solicita la inconstitucionalidad de la apertura del proceso investigativo en contra de Fayt que promovió la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la Nación el pasado 12 de mayo. Asimismo, fue acompañado de una medida cautelar para solicitar la suspensión de dicha embestida hasta tanto la justicia resuelva sobre el fondo de la cuestión.

El escrito comienza explicando que el expediente que dio origen a la investigación se encuentra caduco por haberse iniciado en el año parlamentario 2014. Dicho período culminó el 28 de febrero del 2015, de modo tal que el expediente, iniciado por Aníbal Fernández con una nota presentada el 12 de diciembre de 2014, debería haberse archivado y no puede ser discutido por la Comisión de Juicio Político, sostienen los legisladores. 

En segundo lugar, se explica que la Comisión carece de competencia para tratar el tema porque sólo está habilitada para recibir denuncias que soliciten el juicio político de algún funcionario público pasible de él. De este modo, el procedimiento llevado a cabo por la Comisión viola su propio reglamento interno y el reglamento de la Cámara de Diputados. En tercer lugar, se denuncia el hecho de que la presidencia de la Comisión no permitió a los miembros de la oposición presentar los fundamentos para oponerse al accionar de la Comisión. 

Finalmente, los diputados entienden que incluso a pesar de lo antedicho, el procedimiento de investigación pretende sustentarse en el art. 99, inc. 4, párr. 3, de la Constitución Nacional que fuera declarado nulo por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en al fallo "Fayt" ya en 1999.

Por ello, para los diputados que suscribieron el amparo todo lo actuado por la Comisión de Juicio Político es antirreglamentario, ilegal e inconstitucional y "está dirigido directamente a socavar la independencia judicial". Este accionar "se vincula con la existencia de circunstancias que ponen en real, efectivo e inminente peligro el pleno y efectivo ejercicio de la independencia del Poder Judicial, que podría recibir de manera inminente también, otro embate contra otros jueces que no sean de la simpatía del gobierno de turno, y tenga una simple y circunstancial mayoría en la Comisión de Juicio Político".