En  una carrera contrarreloj, el Gobierno todavía no pudo cerrar un "acuerdo testigo" que fijara un techo salarial del 27% y los metalúrgicos ratificaron que irán al paro el jueves. 

El fracaso le puso así mayor presión a las autoridades, en momentos que varios gremios anunciaron medidas de fuerza, y se aproxima una nueva ronda de negociaciones con reclamos muy superiores a la pauta oficial.
La ofensiva del ministro de Economía, Axel Kicillof, por encuadrar al titular de la UOM, Antonio Caló, dentro de su esquema de "Paritarias Cuidadas" dejó en evidencia el cortocircuito entre las autoridades y una fracción del sindicalismo más conciliador que el año pasado, a esta altura, ya tenía sus convenios cerrados, con aumentos en torno al 29%.
Las negociaciones dieron un vuelco en los últimos meses con el endurecimiento del Gobierno para llegar a las elecciones con una inflación más baja, tal como lo reconoció el titular de SMATA, Ricardo Pignanelli. 

Así, aunque las autoridades niegan haber interferido, cada vez son más los empresarios que reconocen el giro de Kicillof en favor de una moderación de las subas en en las remuneraciones, tal como lo denunciaran los sindicalistas.
"El año pasado el Gobierno homologaba cualquier cosa, y este año la presión es para que no se homologuen aumentos importantes, porque se han dado cuenta que tiene un correlato inflacionario", dijo a iProfesional el vicepresidente de la Asociación de Empresas Metalúrgicas de Rosario, Sergio Vaca.
Mientras las cámaras de comercio seguían este lunes sin resolver sus diferencias con el mercantil Armando Cavalieri, el secretario adjunto de la UOM, Juan Belén, anunció la distancia infranqueable con la parte empresaria, tras rechazar el 26% ofrecido que acercaron las cámaras de la actividad, durante la reunión que mantuvieron en el Ministerio de Trabajo.
Kicillof permitió estirar el tope hasta el 27% para salir del pantano en el que quedó enterrada la discusión ante la negativa de los gremios importantes a aceptar la pauta inicial del 25 por ciento. 

Sin embargo, el "gesto" no alcanzó para convencer al gremio metalúrgico liderado por Caló que el lunes reunió a su secretariado para preparar la huelga de 36 horas fijada para el jueves y dejó en claro que no acatará una nueva conciliación obligatoria.
Con el respaldo del sector empresario, el Ejecutivo busca utilizar esa paritaria como "ancla salarial" y desbloquear así el resto de las negociaciones pendientes, como es el caso de los mercantiles, construcción y estatales, todos representados en la mesa chica de la CGT oficialista, que preside el dirigente metalúrgico.
De lograr una primera ronda "moderada", el ministro quedaría en mejores condiciones para reducir las pretensiones gremiales en el próximo turno, que llegará con pedidos de aumento no menores al 33%, tal como lo anticiparon camioneros, Sanidad, Alimentación, gastronómicos y azucareros.
Pero los últimos sucesos plantean un serio desafío para el operativo de ablandamiento que puso en marcha Economía: los aceiteros llevan dos semanas de huelga, con más de 40 plantas paralizadas, los bancarios se movilizarán el miércoles y lanzarán un paro de 48 horas el jueves, y las centrales opositoras confirmaron una huelga para el 9 de junio, contra la política económica y social del Gobierno.
El titular de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), Juan Carlos Schmidt, ratificó la medida de fuerza junto a Hugo Moyano, Luis Barrionuevo y Pablo Micheli, luego de que mantuviera el lunes una reunión con el precandidato presidencial del Frente Renovador, Sergio Massa, quien reiteró su intención de "eliminar el Impuesto a las Ganancias" sobre los sueldos convencionados a partir de enero próximo.
Paritarias a presión
Mientras tanto, los industriales de la UIA reforzaron el lunes su apoyo a la estrategia oficial de evitar que los reclamos por paritarias superen el 27 por ciento. 

José Urtubey, uno de los vicepresidentes de la central fabril, sostuvo que los reclamos sindicales "deberían estar totalmente alejados de pedidos del 30%" y dijo que "es irrazonable en la Argentina pedir eso".
El dirigente fabril, hermano del gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey -quien el domingo fue reelecto nuevamente como mandatario en esa provincia- insistió en la necesidad de negociar según la situación de cada sector y se mostró optimista respecto a las negociaciones.
El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, sostuvo el domingo que "las paritarias son libres pero es la economía la que les pone el freno". 

"Si ese incremento va a los precios, terminás perjudicando al resto de los trabajadores. Por eso le pone el freno", dijo el funcionario.
A raíz de la presión oficial, en los últimos días un sector de los gremios más cercanos al Gobierno encabezados por el de Comercio, dieron señales de acatar la pauta salarial. 

La flexibilización de la postura gremial llegó luego de que Kicillof abandonara el tope del 25%, que llevó a Cavalieri a denunciar a las autoridades por voltear un acuerdo del 30% y de dos sumas fijas, similar al del 2014, que había pactado con el sector privado.
El mercantil estuvo reunido con representantes de la CAC, y de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), liderada por Osvaldo Cornide. 

Pero, esta vez, las negociaciones quedaron empantanadas, según indicaron fuentes sindicales, por el temor de Cavalieri a no quedar expuesto a aceptar un acuerdo inferior al que pueda firmar Caló y las deliberaciones continuarán este martes.
"Estamos esperando directivas de nuestro jefe", dijeron a iProfesional desde el sindicato que representa a más de un millón de trabajadores.
El titular del gremio acepta un aumento del 27%, pero con una primera cuota del 17% y otra antes de fin de año del 10%, pero los empresarios quieren un 15 y 12 por ciento. En una decisión polémica, el líder de los empleados de comercio aspira además a que las empresas retengan de manera forzosa $100 durante 12 meses a cada empleado como aporte extraordinario a la obra social del sector que maneja el sindicato.
Pese a las gestiones del Gobierno, ahora fue el propio empresariado el que se mostró disconforme con la intervención de las autoridades en la discusión sobre cómo fragmentar el aumento salarial.