En  estos días se disputa en la zona cordillerana un revival -menos pacífico por cierto- del último enfrentamiento entre Chile y Argentina.
En este caso no se da en el terreno deportivo sino en el campo de los negocios.
La disputa ha ido creciendo a tal punto que en los últimos días derivó en la salida de un funcionario de la primera línea política del país trasandino.
El conflicto, que involucra millonarios montos en juego, vuelve a colocar sobre la mesa uno de los temas más ríspidos de la relación entre ambos países: los límites geográficos.

El inicio de las controversias tiene su origen en un choque de megaproyectos controlados por dos mineras "peso pesado" ubicadas a un lado y otro de la frontera. 

En un "rincón", la compañía Glencore, que en la Argentina opera un yacimiento de envergadura como el de Bajo La Alumbrera, en la provincia de Catamarca.

Para tener idea de sus movimientos empresariales, este año se comprometió a invertir nada menos que u$s3.000 millones para extraer cobre de las reservas de El Pachón, en territorio sanjuanino.
Del otro, una compañía que propiedad del grupo chileno Luksic, el más rico de Chile, que fuera denunciada por depositar residuos contaminantes en terrenos de la primera. La empresa involucrada opera bajo el nombre de Los Pelambres.

Se trata de una demanda multimillonaria y el origen de la disputa es el límite geográfico que delimita donde empieza un país y termina otro. 

Concretamente, la compañía chilena depositó toneladas de residuos mineros en una zona que, a su entender, pertenece a Chile. La otra empresa, por el contrario, afirma que ese es territorio argentino. 

La primera enfatiza que para sus operaciones utilizó un mapa del Instituto Geográfico Militar confeccionado en 1985.
 

Éste fija el límite entre Argentina y Chile casi dos kilómetros al este de lo que está. Es decir, establece que una franja del territorio argentino fue "comida" por el país trasandino. 

Según la argentina Glencore, la chilena ha dejado sobre tierras albicelestes escombros y residuos mineros que ocupan una superficie similar a cinco veces el estadio de River Plate.
En esa área se concentran hasta 50 millones de toneladas de material rocoso y distintos insumos para la extracción (bajo el nombre de Cerro Amarillo).

Disputa legal
¿Qué pasó entonces? La firma que opera en suelo argentino (Glencore) elevó una denuncia a la Justicia Federal de San Juan y activó una querella penal contra los principales ejecutivos de la compañía chilena (Los Pelambres). 

A estos últimos no sólo los acusa de haber violado diferentes leyes vinculadas con el tratamiento de residuos peligrosos sino, además, de haber presuntamente causado la contaminación de aguas cercanas, producto de los distintos vertidos alojados en Cerro Amarillo.

La magnitud de la denuncia cobró tal fuerza del otro lado de la Cordillera que se concretó la dimisión de Adolfo Galindo, el jefe de Gabinete de la ministra de la cartera, Aurora Williams, según indicaron a iProfesional fuentes del Ministerio de Minería chileno.

Complicación de Gobierno
Conforme el conflicto fue ganando en intensidad, han ido trascendiendo documentos que lo "enredan" en la disputa comercial y diplomática entre ambas compañías. 

Al parecer, en medio de este litigio Galindo envió cartas con membrete oficial a los abogados de la compañía que opera en la Argentina.

En las misivas afirma que la minera de los Luksic había actuado "de buena fe", cuando los residuos fueron dejados en un territorio (Cerro Amarillo) que, en principio, pertenecía a Chile.
 

No obstante, luego se determinó que ese lugar es suelo argentino y que, además, es parte de la zona en la que opera la compañía Glencore.

En este contexto, el ex jefe de Gabinete entregó copias con su firma, sobre los peritajes técnicos que favorecían la defensa de la chilena Pelambres.

Ahí se generó un segundo (y curioso) problema: los documentos no contaban con la firma oficial.
La compañía chilena adujo que entre 2007 y 2011 se traspasó la frontera porque la empresa no fue notificada.

A partir de este hecho y de la confusa participación del entonces jefe de Gabinete, hace unos días desde el Ministerio ordenaron la apertura de un sumario que ya estaría por concluir y en el que Adolfo Galindo no saldría bien parado.
Ofensiva local
Desde Glencore enfatizan que se trata de "una obra ilegal" y remarcan que el juez dictaminó "hace tres meses adoptar medidas ambientales precautorias". Sin embargo, los demandados "aún no han hecho absolutamente nada". 

De acuerdo con fuentes cercanas a la causa podría presuponerse que la empresa chilena o cometió un error o bien se aprovechó de ese mapa para colocar los residuos en una zona más cercana a su área de explotación.

Los Pelambres opera a casi 4.000 metros y produce a razón de 350.000 toneladas anuales del mejor cobre.
El yacimiento, controlado por el gigante Luksic, inició su funcionamiento en el transcurso del 2000 y se calcula que su vida útil superará el año 2100.

Los Pelambres pertenece en un 60% al emporio que encabeza Andrónico Luksic, titular del holding homónimo, que opera bajo la sociedad Antofagasta Minerales. 

Con más de u$s13.500 millones según Forbes, el magnate ostenta la mayor fortuna de todo Chile. 

Hace escasos días, desde el lado chileno aseguraron que no hay residuos sino "roca inerte" y que, según estudios científicos, "no se ha generado contaminación de ningún tipo".

Desde Argentina se muestran reacios a cualquier salida intermedia como la que proponen desde el entorno de Luksic. 

"La única solución definitiva admisible es la remoción de todo ese material de escombros", argumentaron fuentes de la minera que opera desde este sueldo.

El problema es la suma millonaria que se requiere para llevar a cabo esta operación: unos 200 millones de dólares, a los que hay sumarle otros costos en lo referente a daño y reparación.

Añaden desde el lado argentino que en dos informes ambientales aparecen signos de acidificación del agua. San Juan, además, intimó a Pachón por daño del entorno.

A principios de julio, se conoció que Luksic, también en la mira por un crédito a una firma de la nuera de Michelle Bachelet, contrató a la ex canciller Soledad Alvear para tratar de revertir el conflicto en la frontera que separa a Chile de la Argentina.

El contra ataque
La minera chilena Los Pelambres hizo a principios de este mes el primer movimiento en su defensa. 

La empresa exige que intervenga un organismo binacional (integrado por peritos de ambos países) para que éste deje en claro si los residuos están del lado argentino o chileno, alegando cierta falta de claridad en los límites. 

Según medio sanjuaninos, el argumento es que Los Pelambres construyó la escombrera con autorización del Estado trasandino, entendiendo que se trataba de su territorio. 

Sin embargo, la firma Glencore, que explota el emprendimiento El Pachón, tiene la concesión del área damnificada y es quien realizó tanto una demanda civil como una denuncia penal.

La presentación fue hecha por el abogado Fernando Echegaray y el escrito resalta que la Justicia Federal argentina no tiene jurisdicción en la disputa, la cual debe resolverse en instancias binacionales acordadas entre ambos países. 

De esta manera, el juez Leopoldo Rago Gallo, del Juzgado Federal Nº 2, deberá decidir si acepta o no la presentación. 

Si la rechaza, el magistrado seguirá con la investigación. En cambio, si le hace lugar se debe disparar el mecanismo de selección, a través de las cancillerías de los dos países, de peritos que conformen el ente binacional para aclarar cualquier diferencia en los límites.

En el caso que se diera este último ejemplo, si los residuos están del lado argentino, seguirá su marcha la causa en la Justicia Federal. Ahora, si la escombrera se encuentra del lado trasandino, se abrirían interrogantes sobre la concesión otorgada a Glencore. 

El tema de los límites es un viejo argumento de Los Pelambres, pero la zona en cuestión no ha estado en disputa y no ha sido modificada, por lo que el planteo se encamina a ser rechazado, explicaron fuentes cercanas al caso.

Un informe elaborado por una consultora para Glencore revela que Los Pelambres depositó material con contenido ácido, y que han desaparecido total y parcialmente lagunas por el avance de la escombrera.

El estudio señala que cuando todas estas se sequen, dejarán de contener el material ácido y que llegará hasta el Río Carnicería, que termina alimentando al San Juan. 

Por su parte, Los Pelambres informó que presentó un informe realizado por delegados de ambos países que indica que de las muestras tomadas, en enero de este año, no hay signos de contaminación.

Fuente:Agencias de Chile

NOTA RELACIONADA QUE PUBLICAMOS EL 18 DE MAYO DE 2015

Minera Los Pelambres

Es un botadero del tamaño de un Parque Bicentenario y medio, pero está en la frontera de Chile y Argentina, a cuatro mil metros de altura. Ahí, en Cerro Amarillo, se depositaron durante siete años rocas y tierra de Los Pelambres, la principal minera del grupo Luksic. La compañía suponía que operaba en su propio territorio, pero no era así: en 2012 se precisó el límite fronterizo por la subcomisión binacional encargada de estos menesteres. Y se supo que gran parte de la mole de piedras, rocas y otros materiales está en Argentina, en la propiedad de la firma Glencore -cuya sede principal está en Suiza-, que reclama por el daño ambiental que estos escombros han producido en la zona. Exige que Los Pelambres saque el material, lo ponga en Chile y pague por los daños causados.

La minera de los Luksic responde que todos los permisos indicaban que estaba operando en Chile, ya que los mapas oficiales sostenían aquello y solo se cambiaron en la versión en papel -en la digital siguieron igual- en 2008. Agregan que ese material es inocuo para el medio ambiente y que si empiezan a mover camiones para traerlo de vuelta al país, sí se generará un problema ambiental.

La disputa lleva varios años, pero está escalando. En 2014, Glencore -que en dicha zona cordillerana, por el lado argentino, lleva a cabo el proyecto Pachón, de US$ 3 mil millones de inversión- presentó una demanda civil contra Los Pelambres, alegando el daño ambiental y pidiendo un cierre del lugar. La firma de los Luksic reclamó al juez explicando el carácter binacional de la controversia, y posteriormente ha entregado antecedentes para probar que no hay tal contaminación.

Este año, la controversia pasó a otra etapa: el 20 de marzo, la multinacional interpuso una querella criminal en el Juzgado Federal N° 1 de la provincia de San Juan y afecta a ejecutivos del grupo Luksic y a ex gerentes. En la denuncia penal a la que tuvo acceso “El Mercurio” se señala: “Quienes podrían tener responsabilidad en calidad de autores o coautores de los hechos señalados son aquellos funcionarios de la compañía que formen, que determinen, la voluntad social de la misma (por ejemplo, el directorio y su presidente), como así también las responsabilidades podrían derivarse en aquellos individuos, dependientes de la compañía, que tomaron protagonismo directo en la operación (niveles gerenciales y aún más bajos, pero con capacidad de decisión, y con conocimiento de los sucesos)”.

Y precisa: “Hablamos concretamente de los señores Ignacio Cruz Zabala, designado en 2006 y bajo cuyo mandato como gerente general de la firma se construyó la “escombrera” (botadero); Alberto Cerda Mery, reemplazante de Cruz Zabala en mayo de 2012; y de Robert Andrew Mayne-Nicholls Secul, designado en abril de 2013 y por cuya omisión de remover el irregular depósito se sigue concretando la usurpación de territorio y aguas, y la contaminación”. Las penas estimadas en esta acción penal van desde tres a 10 años de prisión por el delito más grave, que es violación a la ley de residuos peligrosos.

Ambas partes se han armado para enfrentar la pelea. Luksic contrató en Buenos Aires al bufete Bomchill y en Chile ha formado un equipo que comanda Andrés Jana, experto en litigios internacionales, miembro de la defensa chilena frente a Perú en La Haya, y ahora para el reclamo boliviano en el mismo tribunal. Integran también la defensa de Los Pelambres las ex senadoras Soledad Alvear y Olga Feliú -ex canciller, la primera, y actual presidenta del Colegio de Abogados, la segunda-, además del académico y experto en derecho internacional Hugo Llanos.
La suiza Glencore tiene a Pedro Pablo Gutiérrez como defensor en lo civil en Chile. En Argentina contrataron al bufete Marval, O’Farrell & Mairal, que la representan en la arena civil, mientras que el estudio García Santillán & Olmedo son sus abogados en lo penal.

Sobre la última acción de Glencore, Andrés Jana, abogado de Los Pelambres, señala: “Esta demanda es infundada e irresponsable, porque la empresa actuó de buena fe y conforme a los permisos que le fueron otorgados por las autoridades”.

Pedro Pablo Gutiérrez, representante de Glencore, sostiene: “Los Pelambres ha constituido en forma ilegal una escombrera violando la frontera e innumerables normas argentinas. Debe responder”.

Glencore dice que hay daño ambiental y Luksic lo niega

Tal como está la situación, es clave definir si hay daño ambiental, si este existe, de qué tipo es y cuál es su gravedad. Glencore sostiene que sí lo hay, que el botadero o escombrera sepultó varias lagunas existentes en la zona, que depositó ilegalmente 50 millones de toneladas de escombros; entre ellos, más de 400 neumáticos de camiones mineros y otros residuos.

Gutiérrez concluye que “la única solución posible es el retiro del botadero”.

Antofagasta desestima tal daño ambiental. El pasado 30 de enero, funcionarios de Chile y Argentina hicieron una visita conjunta al sector Cerro Amarillo y tomaron muestras a las aguas aledañas al botadero, tanto en el lado chileno como en el argentino. Por indicación del Sernageomin (Servicio Nacional de Geología y Minas), llevaron estas muestras a la consultora SGS. Los resultados fueron revisados y avalados por Sernageomin y se dieron a conocer a fines de abril. Revelan que el PH de las aguas tomadas en territorio argentino es de 9,7, es decir, no son ácidas y no contaminan. Estos antecedentes fueron entregados al juez federal argentino de San Juan el pasado 15 de mayo.

Respecto de este informe, Glencore señaló: “Se refiere solo a la laguna más alejada de la escombrera y evita referirse a las lagunas argentinas que están más cercanas al botadero y que sabemos están acidificadas”.

¿Remover o cierre?

Antofagasta señala que remover los escombros genera más daño que hacer un cierre “ambiental” del botadero, es decir, adoptando resguardos como una cubierta exterior, cierre perimetral y canal de escurrimiento de las aguas. Eso tiene un costo de US$ 10 millones o US$ 15 millones. Pero retirar el material y llevarlo a Chile cuesta al menos US$ 100 millones. En el grupo Luksic deslizan que Glencore ha manifestado extraoficialmente su disposición a llegar a un acuerdo que no involucre traer el material de vuelta a Chile. Pero en la multinacional minera lo niegan y enfatizan que quieren sacar los escombros de su propiedad, porque les complica la tramitación de la licencia ambiental de su proyecto minero Pachón en Argentina y, además, porque una segunda etapa de esa iniciativa supondría sacar la producción por el lado chileno y por la zona donde está ahora el botadero.

El rol de los gobiernos de Chile y Argentina

Las cancillerías de ambos países intentan poner paños fríos al conflicto, acotando que es un problema entre privados. Pero si Los Pelambres decidiera sacar los escombros, debe contar con autorizaciones de Argentina y al menos un paso aduanero para los camiones que irían vacíos y volverían a Chile con el material del botadero. En la minera de los Luksic también les complica asumir todo el costo económico de un hecho así, cuando, dicen, siempre han actuado conforme a la ley.

EL botadero cerro amarillo tiene 51 hectáreas en el lado argentino. No hay consenso de su tamaño: Los Pelambres dice que son 27 millones de toneladas de material, y Glencore, 50 millones.