De Souza también advirtió que si la convocatoria no es más amplia "se terminará perjudicando a los accionistas de PESA que podrían obtener un mejor precio si hay más grupos participando". De hecho, en el entorno de Indalo no descartan tener que recurrir a la Justicia para evitar que el directorio de PESA tome decisiones que terminen afectando el valor patrimonial de los activos locales de la petrolera brasileña.

En este sentido, el lunes pasado, Petrobras envió un comunicado a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires en el cual sostiene que "conforme se comunicó en el Plan de Negocios y Gestión 2015-2019, Petrobrás prevé desinversiones por u$s 15.100 millones para el bieno 2015 y 2016. En vista de este plan, la compañía está estudiando oportunidades de desinversiones en las áreas de gas y energía, exploración y producción de petróleo y gas y abastecimiento, en Brasil y en le extranjero". Además, agregó que "la cartera de desinversión es dinámica y la concretización de estas oportunidades depende de condiciones negociables y de mercado". Toda una ingeniería semántica para no confirmar ni desmentir que se quiere ir de Argentina.

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En 2013 ya había negociado pero sin éxito, por motivos políticos. Ahora insiste y hasta advierte que podría ir a la Justicia

Cuando en 2010 se quedó con una refinería y una parte importante de la red de estaciones de servicio que Petrobras controlaba en Argentina, Cristóbal López se comprometió a sumar el resto de los activos locales de la petrolera estatal brasileña.

Ahora, envuelta en un fuerte caso de corrupción, pago de coimas y blanqueo de dinero en su país, en el marco de una causa bautizada como ‘Lava Jato’ que derivó en la renuncia de toda su anterior cúpula y la prisión para alguno de sus más altos ejecutivos, Petrobras quiere irse de la Argentina.

Y es en este marco en el que el dueño del Grupo Indalo y del holding de la industria del juego más grande del país, vuelve a la carga. Lo hace cinco años después de que pagó a Petrobras u$s 110 millones para quedarse con 330 estaciones de servicio y la refinería de San Lorenzo, Santa Fe. Tras la operación, López rebautizó como Oil Combustibles a la sociedad creada para operar y controlar esas estaciones de servicio y la refinería. Y como parte del mismo acuerdo, obligó a Petrobras a tener que informarle sobre cualquier oferta que reciba en Argentina por el resto de sus activos.

Así se aseguraba poder igualar o superar cualquier oferta. Incluso hasta entró al capital de PESA, un dato hasta ahora desconocido y que le permite estar atento y opinar, como accionista minoritario, sobre las decisiones que tome Petrobras para desinvertir en el país.

También en esos años creó Centenary International Corporation (CIC), un holding radicado en Estados Unidos y que, mediante una importante ingeniería financiera, contaba con u$s 1000 millones como respaldo para negociar la compra del remanente de PESA.

Bajo este paraguas negoció con el directorio de Petrobras cerrar un acuerdo definitivo. Sin embargo, en mayo de 2013 la entonces presidenta de Petrobras, María das Graças Silva Foster, decidió cerrar las negociaciones con Cristóbal López. En ese momento se especuló con un rechazo más bien por motivos políticos y no comerciales porque su oferta había sido muy alta. De hecho, en el entorno del empresario siempre acusaron a Elisa Carrió ser la verdadera causa de ese fracaso impulsando denuncias sobre supuestas maniobras fraudulentas en este entramado de operaciones.

Ahora y como parte de su plan de desinversión y ‘blanqueo’ de imagen, Petrobras volvió a impulsar su salida de Argentina con la venta de PESA. El proceso se inició con la convocatoria a un road show a sólo cuatro empresas: YPF; Pan American Energy (PAE); Pluspetrol y Tecpetrol (Techint). Este grupo debía responder ayer si competían en una operación que en el mercado valúan cerca de los u$s 500 millones.

Fuente:Agencias Buenos Aires