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18 de julio de 2015

Comercios empiezan a sacar los cartelitos de "sólo efectivo" y a tachar los descuentos por pagos en cash

El Gobierno lanzó una doble embestida contra los negocios que rechazan tarjetas de débito o desincentivan su uso "premiando" con rebajas a los clientes que abonan con billetes. ¿Qué multas tendrán los establecimientos por no aceptar plásticos?

Con las últimas mejoras salariales y el “efecto aguinaldo”, el consumo entró en una senda positiva.
Luego de un 2014 definitivamente adverso para los comercios, que sufrieron una caída generalizada de la demanda de más del 8%, la actividad ahora está gozando de una coyuntura un poco más alentadora. 
En lo que va del año, el crecimiento en el ritmo de compras acumula un alza de casi 2%. Si bien no se está viviendo un “boom consumista”, la recuperación –por más tenue que sea- siempre es bienvenida. 
Claro que este incremento no tapa los problemas que atraviesa a la actividad comercial, que depende más que nunca de la necesidad de hacer "caja" en un contexto de suba de costos y continuo achicamiento de la rentabilidad. 
Sin embargo, las dificultades no se detienen allí: en momentos en que la mayoría de los empresarios prioriza el “efectivo”, el Gobierno está reforzando su avanzada para imponer el uso obligatorio de las tarjetas de débito en todos los establecimientos. 
Diversas cámaras se pusieron en pie de guerra ante la llamada “Ley Posnet”, argumentando que los costos de instalación y mantenimiento del sistema, así como también el estiramiento de los plazos para el cobro de las operaciones, no harán más que agravar los problemas de rentabilidad. 
Pese a los reclamos, la administración kirchnerista obtuvo una primera victoria en su cruzada contra el “sólo efectivo” y está decidida a ir por más. 
Días atrás, la AFIP dio a conocer que la Justicia falló a su favor luego de que un grupo de entidades empresarias pidiera que se declare inconstitucional la exigencia de instalar terminales electrónicas para el cobro con débito. 
Esto significa que el organismo fiscalizador mantendrá sus facultades para sancionar y hacer cumplir lo dispuesto por el Decreto 1387/2001, que determinó que todos los comercios instalados en localidades de más de 5.000 personas deberán aceptar estos plásticos como forma de pago.
Sin embargo, la avanzada no se detiene allí: el oficialismo, a través de los legisladores Andrés "Cuervo" Larroque y Juan Cabandié, presentó un proyecto de ley para que todos los locales que vendan un producto o un servicio “estén obligados a aceptar transferencias bancarias instrumentadas mediante tarjetas de débito”. 
Dado que ya existe un decreto, en los fundamentos de la iniciativa el legislador oficialista se encargó de dejar en claro que el objetivo de buscar sancionar una nueva ley es “formalizar y profundizar” la obligación ya dispuesta por la normativa que viene aplicando la AFIP. 
Es decir que este proyecto, que ahora deberá ser aprobado por la Comisión de Presupuesto antes de tratarse en el recinto, significará -de prosperar- el golpe final al “sólo efectivo”. 
El hecho de que un comercio no tenga instalada una terminal electrónica, será equiparable a delitos fiscales como la no entrega de facturas o comprobantes.

Además, estipula multas de hasta $30.000 y clausuras del local por un lapso de tres a diez días. 
Para evitar maniobras que desalienten el uso de plásticos, el proyecto explicita que estará terminantemente prohibido “ofrecer descuentos por pago en efectivo”. 

Alerta entre empresarios

Todos los argumentos que se vienen escuchando por parte de empresarios apuntan a una misma dirección: la obligatoriedad de instalar el sistema Posnet redundará en una suba de costos y en un achicamiento de los márgenes de rentabilidad. 
Por cierto, el sector gastronómico es uno de los que más viene peleando para frenar esta iniciativa de ley.  
De hecho, cada vez es más común encontrar bares y restaurantes que tienen colgado en la puerta el cartelito con la leyenda "sólo efectivo". 

Y esta modalidad no es privativa de los comercios pequeños. Por el contrario, incluso reconocidas cadenas en los últimos años se han venido plegando a la tendencia –incómoda para muchos clientes- de aceptar sólo cash. 

En todos sus menúes especifica que no se permite abonar ni con débito ni con crédito y que sólo es bienvenido el efectivo. 
En los fundamentos critica el hecho de que los consumidores se encuentren muchas veces con la imposibilidad de utilizar el dinero electrónico para manejarse en su vida cotidiana.

Esto, dice la iniciativa, es por la "decisión de un número importante de comerciantes y prestadores de servicios que se niegan a aceptar pagos por ese medio, quizás motivados en no dejar rastros de las transacciones realizadas, con el fin de declarar ante el fisco una facturación menor". 

Consultado sobre por qué en el rubro gastronómico se ha arraigado tanto esta práctica que complica a los clientes, José Rafael Miranda, vicepresidente de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA), se defendió afirmando que "los restaurantes pierden rentabilidad a causa del uso de tarjeta y necesitan el efectivo a mano para abonar salarios y gastos fijos, como servicios y alquiler". 

Los empresarios hacen referencia al costo financiero que implica trabajar con sistemas electrónicos, ya que las operadoras de tarjetas acreditan los montos de las transacciones a las 48 horas -en el caso de las tarjetas de débito- y a los 18 días hábiles para las de crédito

En tanto, Adolfo Trípodi, presidente de la Federación Económica de Mendoza, también puso el foco en los riesgos de que se incrementen los gastos fijos de los comercios, si es que se termina imponiendo la obligatoriedad de tener el sistema Posnet. 
“Los bancos tienen que hacer su aporte frente al enorme negocio que el Gobierno está poniendo en sus manos. Sería interesante que se reduzca el precio que se debe pagar por cada transacción realizada con tarjeta de débito”, indicó Trípodi.
En un tono similar, el secretario de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, Vicente Lourenzo, afirmó a iProfesional que la oposición de los comerciantes a la normativa (que apunta a imponer el uso de los Posnet) está asociada al “alto costo que les representa". 
En este sentido, sostuvo que "mantener el sistema significa una erogación mensual importante. Además, hay que sumar las retenciones y percepciones impositivas y las comisiones que cobran las empresas que brindan el servicio".
Frente a estas críticas, el proyecto propone que el costo que le insuma a un comercio adoptar el sistema electrónico se pueda computar como crédito fiscal del IVA. 

La AFIP, con mayor poder 

Pese a los reclamos del sector empresario, recientemente el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, dejó en claro que la implementación del Posnet para los comercios “es inexorable y deberá cumplirse totalmente”. 
Un punto clave es que el proyecto de ley que presentó el FpV designa a este organismo como autoridad de aplicación. 
De hecho, la iniciativa -de ser promulgada- establece que será la propia AFIP la que deberá habilitar una línea telefónica gratuita “en la cual se podrá denunciar al comerciante o a los prestadores de servicios que incumplan con algunas de las obligaciones”. 
Además, el organismo será responsable de fijar los montos mínimos de operaciones por debajo de los cuales un establecimiento podrá optar por no aceptar tarjeta de débito, tope que actualmente es del orden de los $30. 

¿Precio especial por el cash? 

Algo en lo que coinciden los empresarios es que, de avanzar la iniciativa que obligará a los puntos de venta a aceptar las tarjetas de débito, entonces estos tendrán mucho menos margen de maniobra para desalentar el pago con plásticos apelando a las promociones por pago en efectivo. 
Actualmente –desafiando la normativa vigente- hay locales, especialmente del rubro indumentaria y gastronomía, que echan mano a la estrategia de “premiar” con descuentos del 30% a aquellos clientes que abonen con cash. 
Esta “jugada” de los encargados de los negocios para hacerse de efectivo consiste en hacer pasar como promociones lo que en verdad es una discriminación en función del medio de pago. 
Sin embargo, esta “trampita” en un futuro podrá tener un alto costo para los empresarios y dueños de locales. 
En el nuevo proyecto presentado por el oficialismo, el texto deja bien en claro que aquellos comercios que apliquen un trato discriminatorio a quienes abonen con plásticos podrán recibir multas de hasta $30.000, además de la clausura por un lapso de hasta 10 días. 
En los fundamentos, la iniciativa hace explícita “la prohibición de los descuentos o promociones”, al tiempo que  “se deja en claro que todos los precios exhibidos serán plenamente válidos para el pago con tarjeta de débito, por más que incluyan la leyenda de ´pago en efectivo´".
Además, de convertirse el proyecto en ley, entonces todos los comercios o prestadores de servicios deberán exhibir en el sector de cajas un cartel que será dado por la AFIP, “en donde se le comunicará al consumidor la obligación dispuesta en la presente ley y los medios para denunciar su incumplimiento”. 
Ese cartel, agrega el texto, “es para que los usuarios y consumidores conozcan que tienen derecho a abonar con tarjeta de débito en las mismas condiciones que mediante el pago en efectivo y que nadie les puede adicionar recargos por la utilización del medio electrónico ni negarles esa vía de cancelación”. 

Objetivos distintos 

Sobre esta iniciativa que busca aprobar el Gobierno, Damián Di Pace, especialista en consumo de la consultora Focus Market, se detuvo en el decreto aplicado por Cavallo a fines de la convertibilidad y que en los últimos meses está tratando de imponer la AFIP. 
“La utilización de dicho decreto no tiene nada que ver con el espíritu de su creación histórica. La idea en el 2001 era que los fondos retenidos en el 'corralito' financiero lograran circular mediante el plástico sin afectar los encajes bancarios", señaló.
Sin embargo, el especialista advirtió que "la actual utilización de la AFIP tiene como principal objetivo traccionar la vía impositiva de las operaciones comerciales minoristas".
De hecho, en los propios fundamentos de la ley que impulsa el Ejecutivo se aclara que “no puede haber un Estado fuerte y presente, con políticas públicas activas, si no se pone el mayor énfasis posible en la recaudación de impuestos que mejoren los ingresos fiscales. Por eso que consideramos fundamental la aprobación del presente proyecto de ley”. 
Fuente:Agencias de Economía y Mercado



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