El diputado nacional Roberto Pradines se pronunció con un proyecto que presentó en el Congreso contra “toda iniciativa que pretenda gravar impositivamente la industria vitivinícola nacional”, por entender que “las economías regionales no soportan este tipo de medidas”.

El diputado demócrata se manifestó así contra una iniciativa del kirchnerismo para implementar un impuesto a las vinos para destinarlo a subvenciones al deporte.

Pradines señaló que una medida así, impacta “en los costos”, y que luego se trasladan “directamente al precio final”. 

“Hemos tomado conocimiento que a través de un proyecto, se pretende modificar la Ley 20.655 con la intención de instrumentar una Asignación Universal por Deporte, que sería destinada a la cuota social y de escuela deportiva en los clubes adheridos, financiada con un gravamen del 1% al tabaco y al alcohol", advirtió.

Y, apuntó que esa "iniciativa es llevada adelante por el diputado nacional santacruceño, referente de La Cámpora, Mauricio Gómez Bull”.

El diputado por Mendoza señalo que “en caso de pretender” tal modificación en la ley nacional, debería ser financiada con una reasignación presupuestaria, “dado que a través de los superpoderes presupuestarios, el Poder Ejecutivo Nacional podría asignar subsidios a tal fin”.

Además, alertó que se debería en todo caso “establecer gravámenes especiales a la venta de entradas de eventos deportivos”, y un incentivo “a las empresas privadas que deseen aportar financiamiento, con exenciones impositivas o créditos a cuenta en gravámenes tales como Ganancias, Mínima Presunta, Contribuciones patronales, ingresos brutos provinciales”, entre otros.

Para el sector, “la carga impositiva ya es alta y la norma podría afectar más a las economías regionales”, apuntó.

Pradines también subrayó que “unos 100 millones de pesos deberían aportar la vitivinicultura en concepto de nuevo tributo, si la modificación prevista para la Ley nacional de Deportes se aprobara en el Congreso”.

"Referentes de la industria se mostraron muy preocupados por el avance del proyecto a nivel nacional y aseguran que esto se sumaría a la alta presión tributaria que ya tiene el sector”, añadió.

Pradines consideró que “las economías regionales están en crisis y este tipo de medidas impactan directamente en los costos porque las empresas no pueden absorber ese incremento y va directamente al precio final".