Este miércoles se abre un nuevo capítulo en la contienda judicial y verbal entre Argentina, Griesa y los holdouts. Aunque esta vez se agrega un condimento adicional.
La decisión del juez estadounidense, que analizará si la colocación realizada en abril por Kicillof del Bonar 24 puede ser embargada y también el pedido de los fondos buitre de aplicar sanciones contra el país, por no facilitar la información solicitada respecto a los activos que posee en el exterior (el llamado "discovery"), influirá fuertemente en los planes del Gobierno de emitir nuevos bonos.
Es que desde el 27 de julio, el Banco Central está vendiendo dólares sin freno, y en ese lapso ya acumula un "rojo" cercano a los 1.000 millones, para abastecer los pedidos de importadores y mantener la calma cambiaria, al ofrecerles billetes para ahorro a los particulares a $11,08 (ya ha resignado u$s430 millones en el mes).
Por lo que si el oficialismo desea llegar con "aire" a las elecciones de octubre con las divisas suficientes, en pleno comienzo de la temporada baja de la liquidación de los "sojadólares" y antes del pago del vencimiento del Boden 2015 por u$s6.500 millones, deberá recurrir a los mercados internacionales para poder financiarse.
Por ende, la decisión de Griesa será clave para los objetivos de Kicillof y compañía para lograr una tranquilidad cambiaria en los próximos dos meses.
En la reunión de este miércoles se discutirá si los u$s1.800 millones emitidos hasta ahora en Bonar 2024, que Argentina colocó en total bajo legislación soberana en abril  y a fin de año pasado, son considerados deuda externa del país y, por consiguiente, pueden ser embargados por los holdouts.
La convocatoria surge luego de que el Fondo Aurelius le solicitó a Griesa que verifique la calificación de estos títulos, ya que los demandantes afirman tener pruebas de que fueron colocados en el exterior y que estuvieron involucrados bancos internacionales, por lo que también solicitaron sanciones a éstos y a los compradores, por ser "cómplices del desacato".
De confirmarse los vínculos acusados en las operaciones, los holdouts le requieren al magistrado que extienda el bloqueo de pago al Bonar 2024, medida que Griesa ya mantiene para los bonos con legislación internacional que fueron entregados en los canjes 2005 y 2010.
En tanto, los abogados argentinos aportarán las pruebas para demostrar que los títulos públicos ahora cuestionados forman parte de deuda interna y que no quedan dentro de la jurisdicción estadounidense.
Asimismo, los fondos buitre reclaman el listado de todos los bienes argentinos que pueden ser embargables en el extranjero para cobrar intempestivamente u$13 mil millones más intereses que ordenó el juez norteamericano pagarles hace unos meses atrás.
Entre los activos que los fondos buitre desean obtener datos se encuentran bienes en el exterior del Banco Central, Banco Nación, Energía Argentina Sociedad Anónima (ENARSA) e YPF.
Por el lado del Gobierno, los abogados oficiales consideran que no es requisito brindar información de los recursos que poseen, ya que sostienen que son inmunes de ejecución por estar bajo la protección de la Ley de Inmunidad Soberana de los Estados (FSIA, sus siglas en inglés).
La lupa fue puesta en la colocación de fines de abril, donde el Gobierno obtuvo u$s1.415 millones en una nueva emisión de Bonar 2024, con una tasa de corte de 8,96%, y adicionalmente, la petrolera YPF salió a colocar deuda en dólares a los pocos días en los mercados internacionales, obteniendo u$s1.500 millones a 10 años de plazo y una tasa algo menor, de 8,75% anual.
Contexto legal
La audiencia de este miércoles 12 de agosto fue ordenada por Griesa el 30 de julio pasado. Para poder justificar las acusaciones de los holdouts, el magistrado también deberá apelar a la información que puedan acercarle las instituciones bancarias acusadas por los fondos litigantes.
Esta audiencia se celebra 48 horas después de que la Cámara de Apelaciones estadounidense le ordenó al juez de Nueva York que revise un fallo que favorecía a los "me too", aquellos compradores de bonos del default que no participaron del reclamo inicial.
Es decir, solicitó que discrimine entre acreedores que mantuvieron sus títulos en sus carteras por varios años y aquellos que pudieran haberlos comprado en el mercado secundario en forma especulativa.
Esta sentencia -la primera de trascendencia en favor de la Argentina en lo que va de este juicio- aliviaría la deuda consolidada con los holdouts.
Postura oficial
En este contexto, se ha generado en el mercado una percepción de que podría haber un giro por parte del Gobierno. En medio de las elecciones nacionales y de su postulación como diputado, el ministro de Economía, Axel Kicillof, se mostró en los últimos días con un discurso componedor hacia los holdouts. 
Así, el funcionario mencionó que "no pagar nada a los fondos buitre es imposible", aunque aclaró que "el gran problema" de los reclamantes es que "nunca pidieron algo razonable".
Y esto no sólo quedó en palabras al aire, sino que Kicillof dijo que está "trabajando en una negociación como fue la estatización de YPF".

Los holdouts que no entraron a los canjes y que obtuvieron el fallo favorable de Griesa, le reclaman a la Argentina el pago del total de la deuda en default, que antes eran u$s1.600 millones y hoy asciende a u$s20.000 millones, según reconoció el propio ministro de Economía.

Por lo que las colocaciones de títulos públicos en moneda extranjera realizadas por el Gobierno argentino en el exterior ayudan a darle oxígeno de los tan necesarios dólares, en un marco en el que ingresan menos divisas genuinas de las que salen.

Tal como resumió un informe del Banco Ciudad: "Si bien las tasas pagadas resultan mucho más altas que las conseguidas por otros países de la región para plazos y condiciones similares de mercado, tanto la colocación de Bonar 2024 como la de YPF contribuyeron a reforzar las reservas internacionales del Banco Central".
 

Un dato para nada menor en un contexto en el que el Gobierno está apremiado por la mayor demanda de dólares a raíz del atraso cambiario y la incertudumbre política.