Es un caserón blanco de dos plantas que se ubica justo frente a la quinta presidencial de Olivos, el cual hace un año está en remodelación. Tiene 1.234 m2 y un muro muro de tres metros que la protege, por lo cual no pasa inadvertida.

Su dueño sería nada menos que el camarista federal Eduardo Freiler, según consta en la escritura por esa compraventa, un hombre que ha sido protagonista de algunas de las decisiones más polémicas de los últimos tiempos, como el apartamiento del juez federal Claudio Bonadio de la pesquisa por presunto lavado de activos en los hoteles de la familia Kirchner.

Freiler consignó que pagó $2,8 millones por ese inmueble. Sin embargo, cuesta mucho más. A cinco cuadras de allí, otro caserón de dimensiones similares, pero incluso con menos metros cuadrados construidos se cotiza en u$s1,4 millones. Más aún, ese también es el valor aproximado de la nueva propiedad que adquirió el juez, según los cálculos de las inmobiliarias de la zona. El número no incluye lo invertido hasta ahora en las refacciones.

"Hipotequé unos campos y, como dice en la escritura, una parte de la compra estuvo financiada [en cuotas]. No recuerdo exactamente cuánto pagué por la casa, pero lo que me comentaron en ese momento era que estaba cotizada en menos de 700.000 dólares", explicó Freiler.

El juez adquirió el inmueble en junio de 2014. La casa es imponente: se expande sobre un lote irregular de unos 30 metros de frente por 40 metros de fondo, en la esquina de Catamarca y Villate. Desde la segunda planta, incluso, se puede disfrutar de una vista privilegiada de la quinta presidencial.

Aunque todavía no está habitada, la casa muestra un intenso movimiento. Por lo menos cuatro albañiles trabajaban la semana pasada en arreglos de la fachada. Quizás ese muro se haya levantado por seguridad. Freiler sufrió en enero de este año un robo en su residencia de la calle Wineberg, a 600 metros de la nueva residencia, donde era inquilino, según él mismo admitió.

Nacido y criado en Necochea, Freiler no proviene de una familia rica. Su padre trabajó como empleado en el Ministerio de Obras Públicas bonaerense, mientras que su madre siempre se ocupó de las tareas de la casa. No sólo eso.

También se divorció de su primera mujer, con la que debió repartirse los bienes, entre ellos, otra casa en la misma zona. Pero con un sueldo que hoy supera los $100.000 por mes -y más de dos décadas como fiscal y camarista- acumuló un patrimonio importante.

En la declaración jurada de 2012, su situación era más austera: hace dos años, antes de comprar su nueva casa, el juez declaró un patrimonio de poco más de $ 820.000. Informó la mitad de una propiedad de Olivos -no precisó la dirección-, la mitad de un inmueble en Necochea, una camioneta, un yate, 12 caballos y diez lotes por un total de 15 hectáreas en Villa Garibaldi, en las afueras de La Plata. Son los campos que asegura haber hipotecado para comprar su nueva casa.

Esa propiedad no figura en la presentación porque la compró dos años después, pero algunos detalles del lote constan en la escritura pública, rubricada por la notaria Celeste Gerarduzzi.

El primer dato relevante es que en esa escritura se afirma que Freiler compró el inmueble por apenas $ 2,8 millones, casi la mitad de su precio según la valuación fiscal, que en el propio documento se consigna que era de $ 5,3 millones, y muy por debajo de US$ 1,4 millones que estiman los expertos inmobiliarios.

"No me acuerdo cuánto pagué, pero no fueron $ 2,8 millones. Seguro fueron más de $ 3millones. No sé por qué aparece ese número en la escritura", afirmó Freiler el viernes en un diálogo telefónico. El sábado, sin embargo, cambió de opinión: "Si en la escritura aparece que son $2,8 millones, entonces pagué eso".

El juez ni siquiera debió desembolsar esos $2,8 millones al momento de la operación. Pagó $1,6 millones al contado y acordó que la suma restante la pagaría al cabo de un año, con una tasa de interés fijada sobre la base de la evolución del dólar oficial (que rondaba entonces los $ 8,10) más otro 5% de interés anual. Es decir, una tasa que ahora ronda entre el 18 y 19% anual.

No sólo eso. El magistrado tampoco necesitó firmar la escritura para quedarse con las llaves. La escritura detalla que Freiler ya se encontraba "en posesión material" de la casa, aunque no se precisó desde cuándo se movía como su dueño consigna La Nación.

La operación evoca en Comodoro Py otra operación inmobiliaria que, a mediados de 2000, protagonizó el entonces juez Carlos Liporaci. Adquirió una casa en Vicente López que al trascender provocó la apertura de una causa por presunto enriquecimiento ilícito y pedidos de destitución que terminaron por costarle su renuncia.

En el caso de Freiler, la escritura aclara que "los fondos utilizados para la operación provienen de actividades lícitas" y consigna que el magistrado integra la lista de "personas políticamente expuestas" que emitió la unidad antilavado.

La operación fue a tres puntas: además de Freiler, incluyó a la sociedad Fideicomisos Argentinos SA -en la que aparecen Ricardo, Oscar y Cristian Fiorito, y José Emperador-, y a la firma Gini SA, en cuyo directorio figuran Cristina Puca y Gimena Otero. Esta última sociedad logró, un mes antes de la firma, levantar una inhibición de bienes que cargó durante dos años.

"La pagué más barata porque estaba metida en el fondo fiduciario y porque tenía una deuda", explicó Freiler a La Nación. Y, antes de terminar el diálogo telefónico, Freiler cuestionó al diario: "¿Con todos los jueces hacen este tipo de investigaciones? Ya estoy acostumbrado a los ataques de este grupo contra mí. Digo este grupo porque La Nación y Clarín no están muy diferenciados, ¿no?".

Freiler arrastra una causa penal por su participación en la sociedad Minning Pride, creada en 2012 con 500.000 pesos. En esa financiera aparece junto con Marcelo Sutton y Carla Lago, esposa de Alfredo Lijo, "Freddi", hermano del juez Ariel Lijo y asiduo interlocutor de José María Olazagasti, un colaborador de Julio De Vido, hoy en la ex SIDE.

Freiler aclaró que Minning Pride "nunca funcionó" y que su actividad como juez no le impide tener acciones en sociedades comerciales. La denuncia apunta a la prohibición que rige para los jueces de ejercer cualquier "actividad lucrativa".