Luego de que el Gobierno motivara una venta masiva de bonos en dólares de los fondos comunes de inversión (FCI) para bajar el contado con liquidación –a través de un cambio de valuación de los títulos que dañó las carteras y derivó en frenos de suscripciones y administración de los rescates–, la industria de FCI se llevó en una reunión a última hora de ayer con el Ministerio de Economía y la Comisión Nacional de Valores (CNV) una promesa de posponer la puesta en vigencia del cambio de valuación de los títulos en dólares mientras se evalúa una forma más racional de desprenderse de esos bonos.

Según los privados, el viceministro de Economía, Emmanuel Alvarez Agis, prometió suspender la publicación de la norma de CNV, que se iba a realizar este viernes en el Boletín Oficial, mientras los fondos presentan propuestas durante la semana para realizar la venta de los títulos de forma más gradual.

Sucede que la sorpresiva norma terminó dañando al propio Gobierno, además de a los inversores que buscaban cobertura cambiaria. Porque hizo subir los rendimientos de los bonos soberanos (el Bonar 24 empezó la semana rindiendo 9,39% y ayer alcanzó 10,11%). Se debe a que la venta masiva de títulos hizo caer los precios locales en pesos y el contado con liquidación, como quería el Gobierno, pero también abarató a los privados la fuga de divisas por esa vía. Esto bajó su precio (el Bonar 24 pasó de 99,5 a 95,7 dólares) y subir su rendimiento.

Así es que el Gobierno y la Cámara de Fondos (CAFCI) continuarán este proceso de diálogo en los próximos días para que la industria presente alternativas para vender los títulos de manera gradual sin afectar las carteras mientras el Gobierno suspende la publicación de la norma, según indicaron fuentes privadas. Consultados en Economía, dijeron que en la reunión no hubo objeciones a la norma, que ya había sido consultada con la industria antes de que se diera a conocer y que será publicada este viernes.

La industria de FCI estuvo en tensión desde el lunes a la noche, cuando la CNV publicó en su página web la resolución 646 que los obliga a valuar los títulos según su precio en dólares multiplicado por el tipo de cambio oficial, en vez del valor en pesos en el mercado, lo que descuenta la brecha cambiaria.

Varias administradoras dejaron de recibir suscripciones para proteger a los inversores que estaban invertidos en fondos dolarizados, mientras se toman el tiempo de desarmar las carteras. En tanto, siguen conversando con los clientes institucionales para contener los rescates, que fueron de unos $ 500 millones sólo el martes, mientras dejan ir a los minoristas.

Según informaron a la CNV, los fondos de los bancos Itaú (Goal Renta Global), Santander Río (Superfondo Acciones, Dólares Plus, Acciones Brasil, Renta Variable, Latinoamericana, Renta Futura; Supergestión Internacional, Balanceado, Multimercado, y Super Bonos Internacionales), BBVA Francés (Fba Calificado, Fba Acciones latinoamericanas), Galicia (Fima Acciones y Fima PB) y de los independientes como RJ Delta y Capital Markets dejaron de recibir suscripciones en sus fondos tanto de renta fija como de acciones. Sucede que si toman suscripciones a valor de hoy y cambia la valuación de los fondos, los cuotapartistas perderán el valor de su inversión (para un fondo con la mitad de activos en dólares, implica una pérdida del 30%). Si toman inversores a un nivel de cuota artificialmente barato por el cambio de valuación, se produce una transferencia de valor desde los inversores antiguos hacia los nuevos. Si se producen rescates tras el cambio de valuación, se benefician los inversores que quedan dentro del fondo.

La norma perjudica principalmente a los inversores minoristas, menos sofisticados y con menos espalda para sortear estos altibajos.
Cada 100 pesos que genera de renta una hectárea agrícola, el Estado se queda con 94,1 pesos, advirtió el último índice de participación del Estado en la renta agrícola de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA).
El trabajo releva, además, que en un año, la porción que el Estado obtiene de renta agrícola creció 15%, batiendo un nuevo récord.

La participación del Estado en la renta agrícola pasó de 81,7% en septiembre del año pasado, a 93,5% en junio pasado y ahora a 94,1%. Ese incremento se debe a "la combinación de factores como la caída de precios de los commodities agrícolas y a que la devaluación fue menor al incremento de costos", sostuvo el economista de FADA, David Miazzo.

"Que el Estado participe del 94,1% de la renta agrícola significa que la sumatoria de los tributos, provinciales y nacionales incluidos los derechos de exportación, y los costos de intervención (efecto Roes en trigo y maíz), representan $ 94,10 de cada $ 100 que genera de renta una hectárea promedio en la Argentina", sintetizó.

Al analizar la evolución en el último año, el trabajo de FADA remarca que en ese lapso, la soja cayó 18,6% en dólares, el maíz retrocedió apenas 0,6% y el trigo se precipitó 20,4%, en tanto la devaluación llegó a 11%.
"Así en el caso de la soja, el precio en pesos bajó 10% mientras que los costos se incrementaron 17,5%", sostuvo Miazzo. 

Y aclaró que "la caída de precios se viene dando desde 2012 y el atraso cambiario (devaluación menor a la inflación) ocurre prácticamente todos los años desde el 2004". 

La baja de los alquileres permite atenuar los números rojos del campo argentino, pero no alcanza para que el resultado después de impuestos en campo rentado sea positiva. 
En ese orden, el trabajo indicó que para la hectárea promedio, con la superficie ponderada de soja, maíz, trigo y girasol, el resultado es de $ 302 de pérdida por hectárea, mientras en campo propio es positivo en $ 227, lo que representa menos del 20% del promedio de los últimos 8 años.

"La causa de esta pobre rentabilidad, además de la baja de precios, que llevan más de 40% de caída desde los máximos, es la existencia de los derechos de exportación y las restricciones a las exportaciones (ROE), ambas medidas que los países competidores de Argentina no poseen", resaltó FADA. 

Para ejemplificar, el reporte toma el caso del trigo, que tiene un derecho de exportación de 23%, pero por efecto de los ROE vale en el mercado interno u$s 35 menos por tonelada de lo que debería valer (costos de intervención). "Por eso, el productor de trigo termina recibiendo en Argentina un 58% del precio internacional", indicó el estudio. 

Para efectuar el índice, FADA toma en cuenta "la renta, que es lo que vale la producción menos los costos. En otras palabras, el resultado que se obtiene al restarle los costos de producción, comercialización y transporte al valor de la producción a precios internacionales".
"La producción y costos de la hectárea se calculan utilizando los rindes, costos y distancias al puerto promedio a nivel nacional para los cultivos de soja, maíz, trigo y girasol y ponderando por la participación de estos cultivos en el área sembrada nacional", completó.
 

Fuente:Paula López