El gobierno remarcó que un juicio político para destituir a la presidenta Dilma Rousseff supondría una "ruptura constitucional", luego de que hoy un juez neutralizó el intento de la oposición por acelerar ese proceso cuando aceptó un recurso presentado por Wadih Damous, diputado del Partido de los Trabajadores (PT).

El ministro Teori Zavaski, del Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF), hizo lugar al pedido y la oposición acusó recibo y no impulsó hoy, como se había anunciado, el inicio del juicio contra Rousseff.

La aceptación de este recurso obliga a que el pedido de impeachment, como le llaman al juicio político, cuente con el voto de 3/5 de la Cámara de Diputados y no de mayoría simple. Esta disposición anula una interpretación del reglamento realizada por el titular de Diputados, Eduardo Cunha.

En su fundamento, el juez también solicita a Cunha que explique su interpretación del reglamento sobre cómo debe ser tratado un eventual pedido de impeachment. De esta forma, la Corte no da por cerrado el caso y aguardará la respuesta del legislador, que pese a todo puede dar curso al juicio político valiéndose de otras vías procesales.

Brasil amaneció hoy marcado por un clima político tenso con una reunión celebrada a la mañana entre la oposición y Cunha en la que se ajustó la estrategia para dar curso al inicio del proceso de impeachment.

El acuerdo establecía que Cunha iba a anunciar que rechazaba un pedido de impeachment del jurista Helio Bicudo y automáticamente, la oposición iba a apelar ese rechazo y someter el tema a votación para considerar la "admisibilidad" del juicio, afirman medios locales e internacionales.

Horas más tarde de conocido el fallo del juez del STF la jueza Rosa Weber hizo lugar a otro amparo en la misma línea.
La advertencia del gobierno sobre el intento de "ruptura institucional" surgió en momentos en que la prensa y algunos sectores políticos insistían en que esta semana podría abrirse un proceso de enjuiciamiento contra Rousseff por maniobras fiscales dirigidas a maquillar las cuentas públicas de 2014, cuando fue reelegida para el nuevo mandato.

La Constitución prevé la posibilidad de destituir a un jefe de Estado, pero para iniciar el juicio exige razones jurídicas. La decisión sobre dar curso a un proceso de esa naturaleza debe ser tomada por Cunha, quien hasta ahora recibió una veintena de solicitudes y rechazó la mitad por carecer de tales "fundamentos jurídicos".

Cunha, quien a su vez está siendo investigado por lavado de dinero en el caso Petrobras, comunicó que no se pronunciará sobre los pedidos de impeachment hasta que haya ampliado sus argumentos para fundamentar por qué demanda la salida de Rousseff del gobierno.

En medio del embrollo jurídico, el ex presidente Lula da Silva criticó a la oposición por respaldar los pedidos para la apertura de un juicio contra la mandataria y les pidió que asuman su derrota en las urnas.

"Yo perdí tres elecciones en este país. Volví a casa y me lamí las heridas mientras ellos gobernaban con la mayor tranquilidad. Ahora ellos perdieron una cuarta (elección, a fines de 2014) y no se conforman", afirmó Lula, que fue presidente dos mandatos consecutivos, desde 2003 hasta 2011.

En esa línea, el líder del PT pidió a los opositores que tengan "vergüenza" en lugar de buscar la destitución de Rousseff.
Respecto de la decisión del Tribunal de Cuentas de reprobar los balances públicos referentes al año pasado por una serie de maniobras fiscales, lo que, toma la oposición como base para la apertura de un proceso de destitución contra Rousseff, Lula dijo que si la presidenta realizó una maniobra fiscal fue para asegurar los programas sociales, que han sido la bandera del PT.

Del mismo modo, el ministro de Información, Edinho Silva dijo que los "problemas políticos" deben resolverse mediante un "amplio diálogo" y reiteró que un posible juicio político contra la presidenta supondría una "ruptura" democrática. "Brasil no puede resolver sus cuestiones políticas con rupturas constitucionales", dijo el ministro a la prensa.

Reiteró que "no hay fundamentos jurídicos para tomar una decisión como esa", por lo que las demandas de la oposición para juzgar a Rousseff "no pueden" ser aceptadas. "No podemos paralizar al país por embates políticos", cuando "lo importante es que Brasil supere sus dificultades económicas y vuelva al camino del crecimiento", indicó el ministro.

Pero el Ejecutivo sabe que este impasse puede ser efímero, de modo que convocó a los líderes del PT en el Congreso con quienes hoy analizó los próximos pasos de esta disputa que ocurre cuando Rousseff enfrenta un rechazo del 69% de la opinión pública.

Fuente:Télam