Los independentistas de Cataluña declararán hoy el comienzo de un proceso de secesión en esta región nororiental de España y su desobediencia a las instituciones nacionales, elevando a cotas máximas su enfrentamiento político con Madrid.

Con mayoría absoluta en el parlamento catalán tras las elecciones regionales del 27 de setiembre, los partidos independentistas aprobarán hoy una resolución para “declarar solemnemente el inicio del proceso de creación del estado catalán independiente en forma de república”, que se proclamaría en 2017.

El texto, contestado por toda la oposición, deberá debatirse y aprobarse a partir de las 10 (7 argentina) con el apoyo de la transversal coalición Juntos por el Sí (62 diputados) del presidente regional conservador Artur Mas y la izquierda anticapitalista CUP (10).

Su validez se antoja efímera ante la anunciada impugnación del gobierno español del conservador Mariano Rajoy.

“La inmediatez en la actuación del gobierno será absoluta, esa misma semana se enviará el recurso al Tribunal Constitucional”, advirtió el viernes su vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. 

Su aceptación a trámite por parte del tribunal implicaría la suspensión automática de la resolución. El veredicto final se conocería más tarde pero esta semana los magistrados ya dejaron entrever que, de aprobarse, sería anulada.

El movimiento de Rajoy cuenta con el beneplácito del partido socialista PSOE y del centroliberal Ciudadanos, con cuyos líderes se reunió la semana anterior para forjar un pacto antisecesión antes de embarcarse en la precampaña de las elecciones legislativas del 20 de diciembre.

Sólo el partido de izquierda Podemos se desmarcó, defendiendo un referéndum de autodeterminación para resolver este conflicto que marcará la campaña y la próxima Legislatura.

Pero la suspensión no frenará el ímpetu independentista. “El contenido de la resolución se aplicará independientemente de lo que diga el Tribunal Constitucional. Tenemos fuerza y legitimidad, aunque el Estado español se resista”, afirmó el diputado de Juntos por el Sí, Pere Aragonés.

En la misma resolución afirman que “no se supeditarán a las decisiones de las instituciones del Estado español, en particular del Tribunal Constitucional”.

Además, reclaman la inmediata tramitación de las leyes para crear una administración tributaria independiente y redactar la constitución del nuevo país que debería aprobarse en referéndum en 2017, fecha en que proclamarían la independencia.

Ante tal desafío, inaudito en la democracia española, el gobierno español aprobó recientemente una reforma del alto tribunal que le permitiría inhabilitar a aquellos dirigentes que desobedezcan sus sentencias.

Además, plantea desde hace semanas la posibilidad de suspender la autonomía catalana y, recientemente, el ministro de Hacienda amenazó con cortar la financiación al gobierno regional, que acaba de pedir 2.300 millones de euros de liquidez para afrontar pagos pendientes.