La resolución independentista con que el parlamento de Cataluña pretende iniciar su proyecto de separación de España fue suspendida hoy por la justicia a petición del gobierno español, advirtiendo a sus promotores contra todo desacato en un contexto de creciente tensión política.

Tras varias horas de deliberación, el Tribunal Constitucional admitió a trámite un recurso presentado por el ejecutivo de Mariano Rajoy contra la moción independentista aprobada el lunes por la cámara regional, lo que implica su automática suspensión hasta que la corte se pronuncie sobre su constitucionalidad.

La reacción del gobierno regional catalán fue inmediata: nuestra "voluntad política es seguir adelante", desafió en rueda de prensa en Barcelona su vicepresidenta y portavoz, Neus Munté.

"Nuestra voluntad política es seguir adelante"FacebookTwitter

El Tribunal Constitucional había aceptado también advertir personalmente a 21 autoridades catalanas -entre ellas la presidenta del parlamento regional, Carme Forcadell, y el presidente saliente Artur Mas- de las consecuencias de desacatar esta suspensión.

"Si incumplen la suspensión podrían incurrir en un delito de desobediencia", subrayó la fuente judicial.

Quienes promovieron la resolución quieren "acabar con la democracia y el Estado de derecho (...) quebrar la unidad española y la convivencia", había asegurado Rajoy en rueda de prensa horas antes en Madrid.

"Si incumplen la suspensión podrían incurrir en un delito de desobediencia"FacebookTwitter

"No lo voy a permitir" y "cuento con el respaldo de la inmensa mayoría de los españoles", dijo el mandatario, que intenta erigirse como garante de la unidad de España a 40 días de las elecciones legislativas del 20 de diciembre.

Los independentistas, con una mayoría absoluta en el parlamento catalán tras las elecciones regionales del 27 de septiembre, quieren iniciar así un proceso que debe culminar con la proclamación en 2017 de una república independiente en esta región del noreste del país, con 7,5 millones de habitantes y con una quinta parte de la riqueza española.

La declaración, sin precedentes, declara que el parlamento regional "no se supeditará a las decisiones de las instituciones del Estado español, en particular del Tribunal Constitucional, al que considera deslegitimado y sin competencia".

"Una vez más hay una utilización por parte del gobierno del Estado de la justicia con tal de poner una mordaza a los anhelos de democracia y libertad de los ciudadanos de Cataluña", martilleó Munté tras la decisión del Constitucional.

Advertencias de penas de prisión

La resolución "supone una declarada insumisión a las instituciones del Estado", afirmó Rajoy tras presidir un consejo de ministros extraordinario que aprobó el recurso. "La soberanía nacional le pertenece a todo el pueblo español y solo al pueblo español, una soberanía que no se puede dividir", agregó.

Aun así, prometió una respuesta prudente mientras muchos temen que el conflicto se acelere en plena campaña electoral y con el Congreso español disuelto.

El jefe de gobierno se reunió el martes durante una hora con el jefe de la oposición socialista, Pedro Sánchez, que le dio su apoyo para "defender la Constitución y la legalidad".

El desafío de los independentistas "es de una gravedad extraordinaria", dijo Sánchez en la televisión privada Telecinco.

Pero también denunció "la inacción" del gobierno español de Rajoy durante cuatro años de auge del independentismo, alimentado en parte por la crisis, y reclamó "diálogo" y "una solución política" que, en su opinión, pasa por convertir España en un Estado federal.

Mientras el gobierno preparaba su recurso, la fiscalía de la Audiencia Nacional, especializada en cuestiones de Estado, difundió un informe señalando que los responsables de la resolución y de su aplicación se exponían a causas penales por "sedición" o "desobediencia", entre otras.

En este texto de once páginas, precisa que podrían acarrear penas de hasta 15 años de prisión en el caso de sedición. Además, notifica a la policía la obligación de advertir en un plazo de 24 horas a la fiscalía sobre cualquier delito en este sentido.

Los independentistas catalanes ven con desconfianza un Tribunal Constitucional que desde 2010 ha emitido numerosas sentencias desfavorables a las aspiraciones de secesión o mayor autonomía de esta región mediterránea.

Ese año, anuló numerosas competencias adquiridas por la región en un estatuto de autonomía aprobado en 2006 y en 2014 prohibió la celebración de un referéndum de autodeterminación.