Tanto el hijo de Lula como Carvalho son investigados en el marco de una operación policial que intenta determinar si un grupo de empresarios del sector automotriz sobornó a funcionarios, durante la gestión del ex mandatario a fin de obtener ventajas tributarias y facilidades para maniobras dirigidas a evadir impuestos.

El tribunal federal de Brasilia a cargo del caso confirmó que acató el pedido de la Fiscalía, que pretende tener el más amplio acceso a las cuentas bancarias y la información fiscal de Carvalho y el hijo de Lula, a fin de “cruzar datos” y establecer posibles conexiones con esas maniobras.

El hijo del ex presidente es dueño de dos empresas dedicadas a la promoción de eventos deportivos y una de ellas fue contratada por la firma Marcondes & Mautoni, citada como intermediaria del pago de sobornos, para unos proyectos de asesoría por 2.4 millones de reales (unos $630,000 hoy) que sembraron dudas en las autoridades.

En el caso de Carvalho, quien fue ministro de Lula y también titular de la cartera de la Secretaría de la Presidencia durante el primer mandato de la actual mandataria, Dilma Rousseff, se sospecha que tenía vínculos con algunas de las empresas implicadas en esas maniobras.

Los abogados de Luis Claudio Lula da Silva han rechazado todas las sospechas contra su cliente y explicado que las maniobras que están en la mira de la Policía habrían sido realizadas en el 2009, mientras que los contratos de su cliente con la empresa investigada datan del 2011.

Fuente:EFE