La vicepresidenta Gabriela Michetti aseguró que están dadas las condiciones para que el Senado trate la ley para salir del default el 30 de marzo, tras el rápido arranque del debate en comisión, esta tarde, apenas ocho horas después de que la Cámara de Diputados le diera media sanción.

El ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, fue el encargado de defender el proyecto, con los retoques aprobados en la Cámara baja, al exponer pasadas las 16 ante los senadores de la Comisión de Presupuesto, que controla el kirchnerismo.

Prat Gay justificó la incorporación de un tope al endeudamiento por 12.500 millones de dólares en el texto que se votó esta mañana en Diputados, a pedido de peronistas disidentes que votaron a favor. También sostuvo que el acuerdo con los holdouts "tiene como objetivo poner a la Argentina en el sendero del desarrollo".

Luego expuso el procurador del Tesoro, Carlos Balbín,

cuya presencia fue reclamada por el mayoritario bloque del FpV para que explique si hay riesgos de nuevos juicios de bonistas que no entren en el acuerdo. Balbín argumentó que los riesgos serían "mayores" si se mantiene el país en default y no se cierran las negociaciones con los fondos buitre que lograron medidas cautelares en la Justicia estadounidense.

Para mañana  se espera la presencia de gobernadores o sus vice para seguir el debate en comisión, que concluiría la semana próxima con la emisión del dictamen correspondiente. Y una semana más tarde estaría listo el proyecto para ser tratado en el recinto. Aún no se sabe si el oficialismo conseguirá los votos necesarios de sectores del FpV para que se sanciones la ley tal como llegó de Diputados y se deberá volverá a esa Cámara con más retoques.

Prat Gay sostuvo que el costo de no cerrar un trato con los buitres significaría "pagar 156 millones de dólares por año de tasa de interés por una deuda original de 428 millones". Por eso, sostuvo, "los litigantes no  tenían interés en aceptar una quita".

También apuntó contra el gobierno kirchnerista, al señalar que "los errores de la administracion anterior fue no enfrentar con argumentos lo que decian los acreedores, por lo que se instalo la idea en el mundo de que argentina no queria honrar sus deudas". Agregó que no hay un aumento de la deuda, porque es 11.500 millones de dolares que el gobierno anterior ya los computaba como deuda, pero cambiando de acreedor usurero a acreedor que compra en el mercado".

Por su lado, el procurador indicó que "el debate juridico se centra en dos cláusulas, la Ruffo y la pari passu". Explicó que "la clausula rufo, que establece derechos sobre ofertas futuras a tenedores que entraron en canjes de 2005 y 2010, venció en diciembre de 2014. En términos legales no podría ningún acreedor litigar usando esta cláusula".  Y que pari passu, "es aquella que establece un ranking de pago entre los acreedores, el punto critico de esta clausula reactada en bonos emitidos en 1994, esta clausula fue modificada en bonos de 2005 y 2010