• Se eliminó la norma por la que debían pedir autorización para aplicar subas e informar previamente los valores.
• Alcanza a 2.000 establecimientos de todo el país, que representan el 6% del total.
• El Gobierno nacional derogó este martes el decreto 2.417 de 1993, que establecía regulaciones para los colegios privados, como por ejemplo la obligación de tener autorización para aplicar aumentos o el deber de informar antes del 31 de octubre de cada año el importe de la matrícula, las cuotas totales que a abonar durante el ciclo lectivo y el monto de cada una de ellas.
• La decisión fue publicada en el Boletín Oficial, en el decreto 787/25, que lleva las firmas del presidente Javier Milei y los ministros Manuel Adorni, Sandra Pettovello y Luis Caputo. Desde el Ministerio de Desregulación, a cargo de Federico Sturzenegger, luego se aclaró que la iniciativa alcanza sólo a las escuelas privadas sin aportes estatales, que representan cerca del 6% del total de establecimientos educativos de la Argentina. Son unos 2 mil establecimientos en todo el país.
• Si bien el decreto es nacional, también es cierto que es cada jurisdicción la que decide sobre sus políticas educativas, por lo que las instituciones tendrá que terminar de decidir sobre la desregulación con los responsables de la Educación de cada distrito, como la Ciudad o la Provincia de Buenos Aires.
• El decreto derogado también establecía que aquellos colegios que no cumplieran con esta normativa se suspenderían los aportes estatales, dado que la normativa aplica a establecimientos de educación pública de gestión privada.
• Asimismo, los establecimientos educativos debían informar a los padres o responsables de los alumnos antes del 1º de octubre de cada año el contenido del contrato de enseñanza que regiría en el ciclo lectivo.
• Al argumentar la decisión de derogar el decreto, el Gobierno explicó en el texto oficial que la normativa eliminada “presenta limitaciones y requerimientos que dificultan la adaptación de los institutos de enseñanza pública de gestión privada a las realidades educativas y económicas del país”.
• Al respecto, señaló que “esta situación cambió a partir de la transferencia de esta competencia a las provincias, conforme al principio federal de nuestra organización constitucional, lo que justifica su revisión para adecuarlo al esquema actual de distribución de funciones”.
• Asimismo, el Ejecutivo expresó que “la estructura de costos y consecuentemente de aranceles de la educación ha variado desde entonces, lo que también justifica la revisión del mentado decreto”.
• Ante el descrito escenario, planteó que “la intervención del Estado en la regulación y financiamiento de los establecimientos de enseñanza de gestión privada, aunque busca garantizar la calidad educativa, ha generado efectos contraproducentes que afectan su funcionamiento y viabilidad económica”.
• En esa línea, aseguró que “dicha intervención, al exigir a los establecimientos la presentación de los montos de las cuotas y de la matrícula con anticipación, limita su capacidad de adaptación a las fluctuaciones del mercado, impidiendo que estos ajusten sus precios en función de la realidad económica y los costos operativos”.
• De esta manera, la administración de Javier Milei consideró que “el requerimiento de los establecimientos de enseñanza de gestión privada de comunicar los montos de matrícula y de las cuotas con anticipación considerable, junto con la obligación de obtener la autorización estatal previa para modificar dichos valores, crea una situación de incertidumbre económica para los institutos, que suelen fijar cuotas más elevadas de lo necesario por temor a enfrentar costos que no puedan ser cubiertos sin aprobación estatal”.
• En consecuencia, expuso que “este mecanismo de fijación de precios perjudica a las familias, quienes deben enfrentar aranceles educativos más altos desde el inicio del ciclo lectivo, limitando su capacidad de elegir establecimientos de enseñanza adecuados a sus posibilidades económicas y, en algunos casos, obligándolas a trasladar a sus hijos a otras instituciones”.
• El comunicado emitido por Desregulación esta mañana sostiene que en 2024 la inflación general fue de 117,8% pero las cuotas escolares subieron un 169%, es decir un 44% más.
• Al mismo tiempo, el Gobierno argumentó que “el carácter predecible y fijo de las tarifas impuestas por el Estado puede llevar a una precarización de la calidad educativa, dado que los establecimientos no pueden responder adecuadamente a las variaciones en los costos de insumos, salarios y otros gastos operativos sin antes contar con autorización de la autoridad correspondiente”.

·¿Qué podría pasar ahora con las cuotas?

• Una de las disposiciones del decreto establecía que las instituciones debían informar a los padres, en septiembre, cuál sería la cuota del ciclo siguiente (en marzo). En contextos de alta inflación, esto generaba un gran problema: las escuelas no podían prever con exactitud los aumentos futuros. Algunas optaban por hacer una estimación superior a lo necesario, y otras terminaban cobrando menos de lo proyectado. Ahora, con la nueva medida, esto queda desactivado.
• Martín Zurita, secretario ejecutivo de AIEPA, en diálogo con Clarín, aclara que "históricamente, los incrementos de las cuotas escolares en el sector privado no subvencionado siempre fueron libres". Que nunca esa parte estuvo regulada. "Cada escuela podía ajustar el valor según su estructura de costos operativos, que incluyen el costo laboral, los servicios (luz, gas, mantenimiento) y otros gastos".
• Explica que antes, existía un tope: no se podía aumentar la cuota más del 50% del incremento salarial docente. Ahora, con el nuevo esquema, se permite trasladar el 100% del aumento salarial docente a la cuota, lo que "la vuelve más realista y alineada a los costos actuales".
• Agrega que eso tampoco debería mover la cuota, ya que con el anterior decreto, algunas escuelas incluían el 100% del aumento del sueldo docente en la especulación de septiembre, cuando debían informar a los padres las cuotas del próximo año.
• Zurita dice que los aranceles podrán ajustarse mes a mes según los aumentos reales, sin necesidad de especular con la inflación futura. Asegura que esto da claridad al esquema y previsibilidad. Hasta llegó a estimar que las cuotas podrían bajar.
• ¿Cuándo se aplica esta norma? Zurita cree que será recién para el próximo año. "La mayoría de las escuelas ya informó los valores proyectados. En general, se trata de una medida que el sector venía reclamando desde hace tiempo, porque ordena la situación y da mayor previsibilidad a la gestión financiera de las instituciones".
• Y estima que para el próximo año las cuotas podrían subir entre 10 y 15 por ciento.

·La Provincia de Buenos Aires comunicó cómo será la política de aranceles con el nuevo decreto

• La Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) de la Provincia de Buenos Aires informó en un comunicado que, "ante la promulgación del Decreto 787/2025 del Poder Ejecutivo Nacional, que deroga el Decreto 2417/93, referido a la regulación de los aranceles de los institutos educativos de gestión privada, resulta necesario realizar algunas precisiones".
• "Las instituciones educativas privadas con aporte estatal, que constituyen más del 70 % en la provincia de Buenos Aires, continuarán con sus topes arancelarios, sujetos a la supervisión y autorización de esta Dirección General, de acuerdo con la normativa provincial vigente", señalaron.
• "En el caso de las instituciones sin aporte estatal, el nuevo Decreto nacional los exime de la regulación anterior, que consistía en la obligación de informar a autoridades y familias, hacia el mes de octubre sobre matrícula, monto de aranceles y cantidad de cuotas, que regirían el año siguiente", indicaron.
• Y agregaron: "La DGCyE ratifica que toda modificación arancelaria en instituciones que reciben aporte estatal, deberá ser previamente autorizada por las autoridades provinciales."
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• En ese sentido, se manifestó que el régimen “fue dictado en un contexto fáctico y normativo distinto al actual”, al precisar que “en aquel entonces la administración de la educación se encontraba bajo la órbita del gobierno nacional”.