La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad presentó hoy un dossier con información relevante sobre las 156 sentencias dictadas en juicios por crímenes de lesa humanidad desde 2006, después de declarada la inconstitucionalidad de las leyes de impunidad llamadas de Punto Final y Obediencia Debida.

El informe completo sobre esas sentencias, titulado "A 40 años del golpe, 10 años de justicia", puede descargarse en formato PDF desde fiscales.gob.ar, el sitio web del Ministerio Público. 

Las causas aparecen en el dossier identificadas por el nombre genérico con el que son conocidas en cada una de las jurisdicciones y el informe indica el número de víctimas, cuántos represores fueron sentenciados y qué centros clandestinos de detención y circuitos represivos fueron investigados, entre otros aspectos.

Desde los primeros dos juicios de 2006 tras la caída de las leyes de impunidad, en las 156 sentencias dictadas fueron condenados 669 represores y absueltos 62 acusados, sobre más de 2.300 imputados.

La Procuraduría, a cargo del fiscal general Jorge Auat y que coordina Carolina Varsky, elaboró el dossier con datos recogidos hasta el 1 de marzo último sobre la base de documentación remitida por los fiscales federales de todo el país que intervienen en causas de lesa humanidad.

El informe destaca la serie ininterrumpida de juicios desde el que en 2006, en La Plata, condenó a Miguel Etchecolatz, y el que en la Capital Federal condenó Julio Simón “el turco Julián”, en este último caso en la causa en la que la Corte Suprema declaró por primera vez inconstitucionales las leyes de impunidad en 2005.

El juzgamiento de los represores "ha logrado importantes avances en la atribución de responsabilidad por los delitos cometidos, pero también en la reconstrucción histórica de los hechos", señaló.

Según el informe, representa todavía un "desafío" el juzgamiento de civiles imputados por delitos de lesa humanidad, en especial empresarios y magistrados judiciales.

Para el lunes próximo se aguarda el desenlace del juicio a Marcos Levin en Salta y otros 18 empresarios están siendo investigados en todo el país. 

Sólo dos empresarios fueron condenados hasta ahora (por aportar su quinta como centro clandestino de detención), otros nueve están procesados y a cinco más se les dictó sobreseimiento o falta de mérito, entre ellos a Carlos Blaquier, dueño del ingenio Ledesma, y Vicente Massot, director del diario La Nueva Provincia.

Entre los civiles imputados por delitos de lesa humanidad se cuentan también 54 funcionarios o ex funcionarios judiciales, de los cuales el 54 por ciento se encuentran actualmente procesados, el 34 por ciento en la fase inicial de la investigación y sólo dos fueron condenados, Víctor Brusa y Manlio Martínez.
El informe subrayó también que los datos relevados "muestran que la mayoría de las críticas al proceso penal por estos crímenes, tal como han sido formuladas, no tienen correlato con un análisis exhaustivo del trámite de las causas y otorgan mensajes erróneos sobre el funcionamiento de este proceso".

Al respecto, precisó que de los actuales 2354 imputados en 526 causas activas se encuentran detenidos el 48 por ciento (1065) pero sólo 590 en cárceles, otros ocho en dependencias de fuerzas de seguridad, nueve en hospitales, 446 cumplen la prisión en sus domicilios y sobre 12 se carece de información precisa.

También puntualizó que 909 imputados (el 36 por ciento del total) están en libertad, 57 prófugos (3 por ciento), 312 fallecieron (13 por ciento) y sobre 11 casos (1 por ciento) se carece de información.

Respecto de juicios futuros, el informe señaló que aún no hubo sentencia en 370 causas, en la que hay 876 procesados, a 132 implicados se les dictó falta de mérito, 28 fueron sobreseídos, 26 fueron indagados recientemente indagados y 250 están denunciados/imputados.

De estas 370 causas, 113 esperan el comienzo del juicio y sólo cuatro tienen fecha de inicio programada entre abril y octubre de este año en otros tantos tribunales federales.

Según el informe, el ritmo de sentencias por año "tiende a ralentizarse" después del pico registrado entre 2012 y 2013, con 25 sentencias en cada uno de esos años, ya que en 2014 y 2015 la cifra bajó a 21 y 20, respectivamente y este año, hasta ahora, dos.

Aun así, avanzan investigaciones ya que "entre diciembre de 2015 y marzo de 2016 registramos 77 imputados nuevos", lo que amplía "el universo de sujetos imputados en primera instancia" y es uno de los indicadores de "que debe acelerarse el ritmo de celebración de los juicios".