Tras el estallido del escándalo provocado por la filtración de los llamados Papeles de Panamá por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, el secretario general de la OCDE, Francisco Gurría, explicaba que en los últimos años se está produciendo un descenso en el uso de compañías offshore y de otros mecanismos de ocultación, como reflejo de la transformación experimentada a nivel internacional.

Los centros financieros offshore suelen estar radicadas en paraísos fiscales y sus entidades bancarias especializadas se encuentran reguladas por leyes especiales que impiden el acceso de los nacionales del país donde operan y que lo que buscan es la captación de depósitos e inversiones de personas y empresas extranjeras, hasta haberse convertido en uno de los sectores más potentes del sistema financiero internacional y en el talón de Aquiles de los sistemas tributarios de ámbito nacional.

Falta de transparencia
Las sociedades offshore suelen utilizarse para planificación fiscal, gestión comercial y económica, facilitar los intercambios comerciales de bienes y servicios, así como ser un medio de protección de activos, tal y como explica Iuris&Lex, la revista jurídica digital de elEconomista en su último número.

Para ello, las offshore adoptan, por lo general, la forma jurídica de sociedades anónimas, lo cual ayuda a proteger la identidad de los titulares, que mediante el uso de poderes no reflejados en los Registros mercantiles y testaferros, refuerzan los niveles de confidencialidad.

Estas sociedades son legales y la ilegalidad la pueden cometer los clientes si no se tributa en el país de origen o blanquean capitales. Así, la mayoría de los Gobiernos de los países con titulares de sociedades offshore descubiertos por esta filtración, han iniciado investigaciones para comprobar si detrás de ellas existe fraude fiscal y blanqueo de capitales.

Así, por ejemplo, horas después de conocerse que el primer ministro de Islandia, Sigmundur Gunnlaugsson, estaba implicado, éste solicitaba al presidente del país la disolución del Parlamento y dimitía entre protestas populares.

Existen listas como la de la Unión Europea que considera a Panamá paraíso fiscal o como la OCDE que lo sacó de su listado en 2011, ya que esta organización internacional ha venido considerando que la baja o nula tributación, por sí sola no es nociva o perniciosa, sino que debe ir unida con la falta de intercambio de información y de transparencia del sistema fiscal.

Política de 'ventajismo'
La expresión paraíso fiscal se utiliza para identificar a los territorios que establecen ventajas fiscales con la finalidad de atraer divisa extranjera y favorecer la economía nacional. Sin embargo, resulta difícil encontrar una definición única de paraíso fiscal y más aún identificar los países y territorios que pueden considerarse paraísos fiscales.

Así, se pueden entender las palabras de Gurría, tras conocerse la filtración de los papeles de Panamá, que llegó a decir que "Panamá representa el último reducto importante que sigue permitiendo la ocultación offshore de fondos eludiendo a las autoridades fiscales".

Este país mantiene las leyes más duras de confidencialidad bancaria y sobre los libros corporativos del mundo. A este atractivo hay que sumar que la moneda en circulación es el dólar americano, y que la tributación, salvo que se opere en el interior del país, es nula.

La filtración anónima constaba de 11,5 millones de documentos que incluyen a políticos, deportistas, artistas y famosos de todo tipo y de muchos países, como titulares de sociedades offshore en Panamá.

En Panamá, banqueros, analistas y abogados recuerdan que la Constitución panameña defiende el secreto bancario y destacan la ilegalidad en la obtención de los datos que se ha producido.

El abogado Ramón Fonseca Mora, uno de los fundadores de Mossack Fonseca, epicentro del escándalo, aseguraba que las acusaciones recibidas son "una caza de brujas" que busca desacreditar la creación de empresas offshore. En declaraciones a Financial Times, el abogado ha defendido la legalidad de las actividades desarrolladas por su firma a lo largo de prácticamente los últimos cuarenta años, expresando su confianza en que "no habrá ni una sola causa legal".

El listado es el reflejo de los más de 40 años de actividad de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca dedicada a la creación de estructuras societarias offshore.

La embajadora de Panamá en España, María Mercedes de la Guardia, defendía que la "privacidad" de la que gozan los titulares de empresas offshore en el país es "una aspiración legítima" y ha añadido que el país pretende mantener este servicio sin perjuicio de la transparencia".

Líderes y famosos
En los papeles filtrados a la prensa, hasta 140 políticos y funcionarios de todo el planeta se ven salpicados por los documentos, que revelan la creación de paraísos fiscales para que políticos, celebridades y personajes reconocidos gestionaran su patrimonio.

La operación informativa, bautizada como los Papeles de Panamá, ha llevado un año entero de investigaciones para comprobar la veracidad de los datos. Estos, revelan cómo socios del presidente ruso, Vladímir Putin, gestionaron en secreto hasta 2.000 millones de dólares. Muestran movimientos de sociedades offshore vinculadas a la familia del presidente chino, Xi Jinping; de Ucrania, Petró Poroshenko; al difunto padre del premier británico, David Cameron y a Mauricio Macri, presidente argentino.

En España, figuran Pilar de Borbón, hermana del Rey Don Juan Carlos; la mujer del exministro Miguel Arias Cañete, Micaela Domecq; el futbolista Leo Messi y el cineasta Pedro Almodóvar, entre otros.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional abrió de oficio diligencias de investigación para determinar la existencia de presuntas actividades delictivas de blanqueo de capitales.

Recopilando desde enero
Ante esta situación, la OCDE lleva desde los años 90 promoviendo un sistema de intercambio automático de información financiera, que no precise de autorizaciones, sino que sea de acceso directo para las Administraciones tributarias, que entre en el sistema, cuyo inicio está previsto para 2018.

Un total de 132 jurisdicciones ya se han comprometido a intercambiar información, de acuerdo con las directrices establecidas por la Ocde cuando les es solicitado y, de éstas, 96 introducirán en dos años el intercambio automático.

La información financiera de los Estados para el intercambio automático de información comenzó a recopilarse desde el 1 de enero de 2016 en aproximadamente 50 jurisdicciones, entre las que se encuentra España. La obligación de identificación es la pieza clave sobre la que se sustenta el sistema de intercambio de información, por cuanto el país o jurisdicción de residencia fiscal determina si la cuenta está sujeta o no al deber de informar. Es por ello que Gobiernos modifican con celeridad su legislación interna a efectos de garantizar que las entidades financieras faciliten información sobre los activos financieros poseídos por no residentes.

Se trata de un procedimiento complementario con el mantenido para acabar con la deslocalización y el traslado de los beneficios de las empresas multinacionales, que en la actualidad ya tiene sentadas sus bases normativas.

Las jurisdicciones solicitan revisiones suplementarias a fin de demostrar los cambios realizados a raíz de las recomendaciones del Foro Global. También se han aprobado ya los informes suplementarios relativos a Chipre, Luxemburgo y Seychelles, que habían sido calificados anteriormente como no conformes y, tras introducir modificaciones significativas en sus marcos legales o prácticas, recibieron una calificación global de Conformes en gran medida.

Entre las jurisdicciones que se encuentran tramitando su ingreso para entrar en el sistema se encuentran algunos paraísos fiscales de primer orden, como Islas Vírgenes, Islas Caimán, Gibraltar, Islas Feroe, Jersey o Luxemburgo.

La entrada en vigor del intercambio automático de información, a partir de 2018 es considerada por los especialistas tributación internacional como una fuerte advertencia a los evasores de impuestos.

De vuelta al 'lado oscuro'
A pesar de sus avances, uno de los países con reticencias para participar de estos mecanismos internacionales es Panamá. De ahí, que el secretario general de la OCDE dijese esta semana que "hace apenas unas semanas, le dijimos a los ministros de Finanzas del G20 que Panamá estaba dando marcha atrás en su compromiso para el intercambio automático de información financiera", explicó, al tiempo que razonaba en voz alta que es necesario "hacer entender" a Panamá la importancia de un compromiso en materia de intercambio automático de información.

Desde la asociación española de Inspectores de Hacienda del Estado, su presidente José Luis Groba, está convencido de que Panamá "se amparará en la ilegalidad de la prueba obtenida para bloquear la información, como hizo Suiza en el caso de la Lista Falciani". Y ello, a pesar de que el Gobierno de Panamá anunció este lunes que "cooperará vigorosamente con cualquier solicitud o asistencia que sea necesaria en caso de que se desarrolle algún proceso judicial".

El Sindicato Unificado de la Policía (SUP) denuncia que el despacho panameño se publicita "como especialistas en las construcción y gestión de empresas pantalla especializadas en la ocultación de identidades y patrimonio". Panamá alcanzó el reconocimiento internacional como país que cumple con los estándares fiscales internacionales, el 6 de julio de 2011, posicionándose en la Lista Blanca de la OCDE, lo que supuso un impulso a la imagen del país ante la comunidad internacional. Para lograrlo se armonizó la normativa tributaria de acuerdo con las nuevas exigencias de la tributación internacional, inspiradas por la OCDE, y llevó a cabo negociaciones con una veintena de países, suscribiendo con la mayoría acuerdos tributarios.

La aprobación de la ley antiblanqueo propició que el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) sacase en febrero pasado a Panamá de su lista gris de paraísos fiscales, en la que había incluido al país en julio de 2014. Sin embargo, su sistema fiscal levanta el recelo de la comunidad internacional. De hecho, ocho países de la UE consideran que Panamá es un paraíso fiscal y también figura en la lista que publicó Bruselas el año pasado.

La banca se desmarca
En total, más de 500 bancos de todo el mundo y sus filiales crearon casi 15.600 sociedades pantalla a través de Mossack Fonseca. Entre los más grandes destaca el HSBC, responsable de más de 2.300.

Suiza decidió abandonar el secreto bancario, lo que obligó a los bancos suizos a informar de las cuentas de sus clientes extranjeros. Estas entidades contactaban con los bufetes panameños, como Mossack Fonseca.

La firma era la encargada de comprar una sociedad offshore, con testaferro incluido, que vende al cliente. Éste, ya desde la sociedad opaca, puede abrir una cuenta en el banco, que acredita como suya mediante acciones al portador.

En España, el Banco Santander, BBVA y Banco Sabadell se desmarcaban de las informaciones publicadas que relacionan a estas tres entidades con posibles actividades irregulares en Panamá y que apuntan a que actuaron como intermediarios para la creación de sociedades para favorecer a sus clientes. Al parecer, estos tres bancos españoles ayudaron a crear firmas offshore en Panamá.

Fuentes del Santander explicaron que los españoles que figuran en el listado facilitado no son clientes de Banca Privada Internacional del banco. "Todos los clientes de banca privada internacional del Santander han aceptado en sus contratos una serie de términos y condiciones, entre los que se incluyen cláusulas confirmando sus responsabilidades fiscales", añadían desde la entidad bancaria.

Además, el Santander asegura que facilita a los clientes un informe anual con los datos necesarios para la realización de sus declaraciones fiscales.

Por su parte, fuentes del BBVA dijeron que las cuentas de las sociedades a las que hacen referencia las informaciones sobre Panamá se cerraron entre 2002 y 2009. De hecho, el banco tomó la determinación hace años de acabar las operaciones en paraísos fiscales.

Finalmente, en el Banco Sabadell afirmaban que la entidad "no está en el negocio offshore" y nunca ha creado, comprado ni recomendado a sus clientes operar con estas sociedades.

No obstante, has reconocido que Sabadell United Bank, la enseña con la que opera en América, con sede en Miami, sí ha podido y puede tener clientes con cuentas en Panamá, pero son "sociedades legítimas y no sociedades pantalla". Esta entidad ha destacado que hace banca local con clientes locales americanos, lo que no es en ningún caso offshore.

Fuente:EFE-Reuters