Caso Ciccone, hay documentos inanimados, papeles con escritos que, a su modo, viven. Se los creía perdidos, letras muertas. No era así. El legajo oficial de 31 fojas de la empresa The Old Fund, con la que Amado Boudou compró de modo ilegal la única fábrica de billetes privada que existía en el país, fue encontrado por funcionarios del actual Gobierno, siempre según la Justicia. 

 

Esta nueva carpeta podría complicar aun más al ex vice en cuanto a su situación judicial: en la causa Ciccone ya está procesado por dos delitos de corrupción.

Los papeles de The Old Fund podrían develar una parte hasta ahora poco conocida del caso: el de la ruta del dinero que financió la compra de máquina de hacer plata bautizada como Ciccone Calcográfica por sus fundadores, que luego vendieron el paquete mayoritario de las acciones a The Old Fund.

En una foja del legajo "reaparecido" de esta empresa, algo que se desconocía hasta ahora, se oficializa que la compañía recibió  2.408.370 pesos que fueron depositados “en efectivo” en una cuenta del Banco Macro.

En otro de los folios de la carpeta antes “perdida” se especifica que quien hizo esa operación financiera “cash” representaba a una sociedad anónima extranjera que era la vez accionista de The Old Fund. Esa empresa se llama Dusbel.

De acuerdo al relato gubernamental, el legajo de The Old Fund fue encontrado en el mismo lugar en el que el Gobierno K había dicho que se había perdido: el sótano que funciona como archivo de la Inspeccción General de Justicia, el organismo que regula el funcionamiento de las empresas comerciales. Hoy ese ente está al mando de Sergio Grodsky.

El hallazgo de estos papeles fue comunicado por el ministerio de Justicia y Derechos Humanos, de Germán Garavano, que además informó que envió copias de la carpeta de la polémica a los tribunales federales en los que se investigan diferentes procesos sobre esta misma historia que involucra a Boudou. El material se entregó al juzgado de Ariel Lijo, que llevó adelante la instrucción de la causa principal respecto a la “compra” de la imprenta Ciccone. Y también fueron entregados a la jueza María Servini de Cubría, que lleva adelante un expediente específico que buscar determinar si cometieron delitos los ex funcionarios que estuvieron al frente de la IGJ durante los años de posible ocultamiento de los “archivos The Old Fund”.

Quienes estuvieron a cargo de la IGJ durante el Gobierno de Cristina Kirchner fueron militantes de la agrupación La Cámpora.

Usaron el organismo aludiendo a su supuesta juventud y compromiso democrático, pero en los hechos actuaron como conservadores y hasta como guardianes de la corrupción de otros.

Como jamás pasó en democracia, en la era CFK no solo se dieron por “perdidos” expedientes fundamentales para investigar casos de corrupción, como el de The Old Fund.

También se instrumentó un bloqueo al acceso a la información pública del organismo, que no tiene antecedente similar en la democracia argentina.

Ex jefes de la IGJ fueron acusados, además, de hostigar a empleados técnicos que no eran afines a los Kirchner, y hasta de despedir a funcionarios de experiencia que reclamaban mayor transparencia en ese organismo, como la ex directora del Registro de Sociedades Comerciales, Silvina Martínez.

Los ex titulares de la IGJ que están involucrados en la insólita “pérdida” del expediente de The Old Fund son Marcelo Mamberti, ligado a Aníbal Fernández; y los camporistas Rodolfo Tailhade, Norberto Berner y Martín Cormick. Todos ellos, en variables judiciales distintas, están bajo sospecha de la jueza María Servini de Cubría, que investiga por qué, y cómo, se perdió la carpeta de The Old Fund en el ente estatal que debe velar por su custodia, entre otras obligaciones.

En una situación más comprometida se encuentra el ex ministro de Justicia K, Julio Alak, que tuvo bajo su órbita a la IGJ cuando no solo se perdieron los documentos del caso Ciccone.

Los dirigentes de La Cámpora que manejaron la IGJ, además, fueron acusados por la oposición del Gobierno K de obstruir el trabajo de la Justicia en investigaciones judiciales sobre posibles actos de corrupción, como la causa Hotesur, que intenta determinar si los hoteles de los Kirchner se usaron para lavar dinero de la corrupción.

Ese caso empezó cuando se difundió que esa empresa de la familia ex presidencial no cumplía con las normas de la IGJ.

El miedo a represalias ya no paraliza a los empleados del organismo, algo que también comienza a pasar en otras áreas del Estado.

 

Ojos, oídos y bocas que antes no veían, no escuchaban ni hablaban ahora vuelven a ver, a contar lo que oyeron.

El principal archivo de la IGJ dejó de ser, al menos por ahora, un escenario como de cuento de Kafka, en el que solían perderse los documentos de sociedades irregulares o sospechosas siempre vinculadas al poder. El legajo de The Old Fund está entero. Ahora lo analizarán jueces y fiscales.

Fuente:Agencias Buenos Aires