El Gobierno está analizando cómo pagar la deuda que la ANSeS tiene con un millón y medio de jubilados. Se trata de 350.000 jubilados que iniciaron juicios por los reclamos Badaro y Elliff, que siguen en trámite y no tienen sentencia. 

Y piensan extender la misma oferta de pago a más de un millón de jubilados que están en la misma situación, pero que no iniciaron el trámite judicial.

Además, hay unos 40.000 jubilados que tienen sentencia firme y que cobrarán de la partida asignada en el Presupuesto Nacional.

Las opciones que se barajan se mantienen en total hermetismo, pero pasarían por ofrecer un pago al contado, combinado o no con bonos según los casos y montos, con algún descuento. 

A cambio, el jubilado debería retirar la demanda o desistir de iniciar un juicio. También debería ajustarse hacia delante el haber de esos jubilados. 

Parte de los fondos provendrían de la venta de los títulos públicos y también de acciones de empresas privadas que la ANSeS tiene en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y eventualmente de tomar deuda.

El FGS tiene papeles por  700.000 millones de pesos, de los cuales el 70% son títulos públicos. Poco menos del 10% son acciones, cuya venta requiere una ley de Congreso.

En la ANSeS dicen que la propuesta estaría diseñada antes de junio, que habrá un calendario de pago, y que la prioridad será para los de mayores edades o que tengan problemas de salud.

La propuesta pasa por una definición política con fuertes implicancias financieras. 

Las sentencias de los jubilados no se pagan ni del dinero de la caja de la ANSeS ni del FGS sino de partidas especiales que se aprueban todos los años en el Presupuesto Nacional. Por ejemplo, para 2016, la partida es de $ 12.500 millones lo que alcanzaría para el pago de 40.000 casos.

El fallo Badaro reconoció un ajuste del 88,6% en los haberes de jubilados por el periodo enero 2002 a diciembre de 2006, cuando el Gobierno otorgó un aumento del 10 o 21% . 

Y en Elliff ordenó ajustar por el indice de salarios las remuneraciones que se toman como base del cálculo de las jubilaciones.

En el Gobierno saben que la mayoría de esos juicios se apoyan en fallos de la Corte Suprema (Badaro, Ellif, “renta vitalicia” de ex AFJP, y otros). Así, aunque ANSeS apele como viene haciendo, cuando llegan a la instancia final, en procesos que duran hasta más de 10 años, el Estado termina siendo condenado al pago de la retroactividad más intereses, abultando la deuda. 

Y además, debe reajustar el haber corriente de acuerdo a los términos de la sentencia. Por eso, los últimos pagos de sentencias de la ANSeS arrojaron un promedio de poco más de $ 300.000 por jubilado y un reajuste del haber de no menos del 50%.

En tanto, el jubilado vive en la incertidumbre, con haberes que no le alcanzan y en innumerables casos, el resultado final del juicio se conoce varios años después que fallece. La deuda pasa al cónyuge y demás herederos.