Lazaro Báez tiene previsto comparecer hoy nuevamente ante la Justicia para ser indagado por el juez federal Sebastián Casanello, en medio de una nube de rumores acerca de que podría sumarse a los casos de arrepentidos, como Leonardo Fariña. Pero son sólo especulaciones, y nada se sabrá hasta que hoy el acusado y el fiscal Guillermo Marijuan estén frente al juez Sebastián Casanello.

Es el fiscal, eventualmente, quien debe conversar con el imputado por lavado de dinero y, en todo caso, recomendar la aplicación de las previsiones de la ley antilavado para el acusado que colabora con la Justicia, ya sea ayudando a esclarecer el delito o comprometiendo a otros imputados. Nada de esto tiene un trámite inmediato, pues la ley de lavado prevé que es al final del juicio oral cuando otros jueces de un tribunal oral evaluarán la colaboración del imputado y decidirán sobre una reducción de su pena.

Fue el propio Fariña -vigilado por el Gobierno- el que instó a Báez a que se arrepienta y diga todo lo que sabe. "Le diría que no sea tan boludo como yo. Debe pensar que si se calla y actúa con códigos para sus jefes, mágicamente va a venir la mano salvadora, pero eso nunca va a pasar. Le recomiendo que hable", declaró en una entrevista por TV esta semana.

Fariña se acogió al beneficio de declarar como arrepentido y pidió ser incorporado a un programa de protección de testigos e imputados del Gobierno, que le asegura permanecer en un lugar desconocido. Fariña estaba preso por evasión fiscal y, así, consiguió la libertad, aunque vigilado.

La situación de Báez es diferente a la de Fariña, un personaje secundario en la trama. El empresario kirchnerista, por ahora, es la cabeza de la maniobra que investiga el juez Casanello, quien lo acusa de no declarar al fisco $ 5 millones con la ayuda de facturas truchas. Según el juez, esa plata se introdujo en La Rosadita para disimular su origen ilícito.

Por esa causa, Casanello citó a indagatoria a Ricardo Echegaray, ex jefe de la AFIP, acusado de ayudar a Báez a evadir los mecanismos de control fiscal para favorecerlo.

Ahora Casanello indagará a Báez por otro hecho de lavado de dinero diferente de La Rosadita. Se trata del blanqueo de 33 millones de dólares, usados para comprar títulos de deuda argentina en el exterior. Vendidos aquí, fueron reingresados por Helvetic Group, con un poder del contador Jorge Chueco, y depositados en pesos en las cuentas de Austral Construcciones de la sucursal Plaza de Mayo del Banco Nación.

Báez corre un serio riesgo si se autoincrimina para acusar a alguien más, por la gravedad de los cargos que enfrenta. Llegará detenido a la indagatoria de hoy, pues la Cámara de Casación confirmó ayer el rechazo de su excarcelación. El tribunal, integrado por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani, dijo que "el tiempo que Lázaro Antonio Báez lleva privado de su libertad -desde el 5 de abril- no luce irrazonable" según la ley. Los jueces recordaron que Casanello tuvo en cuenta, cuando lo dejó preso, "la amenaza de pena en abstracto que prevé el delito reprochado a Báez, la naturaleza económica del ilícito, y el monto involucrado y no recuperado aún, demostrativo de la disposición de dinero con la que cuenta el grupo y la consiguiente posibilidad de manejar mayores relaciones económicas e influencias".

Además, los camaristas resaltaron que en la maniobra investigada se produjo "al amparo de las estructuras de poder en torno al Estado", y resaltaron "las sospechas de actuación irregular por parte de funcionarios de la DGI, la Procelac y la Policía de Seguridad Aeroportuaria".

No es menor esta afirmación, considerando que el fiscal Carlos Gonella, ex titular de la Procelac, está procesado porque pretendió evitar acusar a Báez cuando intervino en los albores del caso.

Mañana está previsto que declare en indagatoria su hijo Martín Báez, quien está en libertad viviendo en un departamento de Belgrano y con una consigna de la policía, por orden judicial. Las últimas dos semanas se redobló la presión sobre Casanello para que lo encarcelara, como una manera de presionar al padre. El juez entendió que no había razones para detenerlo.