El juez de la Corte Suprema de Brasil suspendió ayer el mandato del presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, cerebro del juicio político contra la mandataria Dilma Rousseff, por obstruir las investigaciones que lo involucran en el escándalo de corrupción de Petrobras.

La sentencia es una medida cautelar y atiende a un pedido formulado en diciembre pasado por la Fiscalía, que afirma que Cunha usaba su cargo “en interés propio e ilícito para evitar que las investigaciones en su contra lleguen a buen término”.

“No existe la menor duda de que el investigado no posee condiciones personales mínimas para ejercer, en este momento, en su plenitud, las responsabilidades del cargo de presidente de la cámara de Diputados”, señala el fallo del juez Teori Zavascki.

La decisión lo separó tanto de su mandato como diputado federal como de su cargo de presidente de la Cámara, pero no le quita la protección de los fueros privilegiados que le permiten ser juzgado sólo por el máximo tribunal de justicia.

“No hay chance de que renuncie”, dijo Cunha desafiante desde su residencia, según informó una de sus asesoras de comunicación.
Cunha, de 57 años, era el segundo en la sucesión presidencial de Brasil y, si Rousseff es suspendida por el Senado para iniciar un juicio de destitución el 11 de mayo, iba a quedar en primer lugar detrás del vicepresidente Michel Temer, que reemplazaría a la mandataria.

La Fiscalía detalló 11 acciones en las que Cunha, un legislador ultraconservador y dueño de 150 dominios de internet con la palabra “Jesús”, actuó en forma ilícita.

“La única cosa que lamento, y digo que es mejor tarde que nunca, es que él consiguió presidir con cara de piedra el lamentable proceso de impeachment en la Cámara”, señaló Rousseff sobre el destino de su mayor enemigo.

“Retrógrado, corrupto” 
La corte notificó a Cunha la decisión que le quitó de las manos el cargo por el que estuvo en el centro de la tormenta política que golpea a Brasil y que, una vez más, podría modificar el ajedrez del poder en el país. 

Consultado acerca de si la medida no implica un avance de un poder de la República sobre otro, el diputado opositor Pauderney Avelino, del partido opositor DEM, respondió: “La separación de un diputado federal de su mandato, en este caso del presidente de la cámara, puede ser sí una interferencia sin un juzgamiento del plenario del Supremo Tribunal Federal (STF)”.

Los ministros del STF ya comenzaron a discutir el caso y se espera que tomen una decisión hoy.

“Es una persona manipuladora que legisla en beneficio propio. Representa lo más viejo de la política. Conservador, retrógrado, corrupto”, dijo Maia Terra Figueredo, una filósofa de 35 años que se acercó hasta la casa de Cunha.

Polémico, poderoso, este legislador que se convirtió en el peor enemigo de Rousseff es, además, el único político protegido por fueros que está siendo juzgado por la Corte Suprema en una causa que indaga si cobró 5 millones de dólares para facilitar un negocio en la estatal Petrobras.

En diciembre, cercado por denuncias en su contra y amenazado en la propia Cámara de Diputados con perder su mandato por faltas éticas, autorizó un pedido de juicio político contra la presidenta por supuesta manipulación de las cuentas públicas.

A la cabeza de la Cámara será reemplazado por Waldir Maranhao, uno de sus aliados en el Partido Progresista, que también es investigado para determinar si se benefició del flujo de sobornos que drenó miles de millones de dólares de Petrobras durante una década. 

Según Transparencia Brasil, más de 58% de los 513 diputados federales están bajo la lupa de la Justicia o han sido acusados de cargos de corrupción, asesinato y violación. En el Senado, un 60% tiene problemas con la justicia.

El proceso de juicio político dejó a Rousseff al borde de perder la presidencia de una de las mayores economías del mundo. Analistas y distintos sondeos indican que será suspendida el próximo miércoles y deberá recluirse a la espera de que termine el juicio, en un máximo de 180 días.
Será sucedida por el vicepresidente Temer, a quien acusa de haberla traicionado y de ser uno de los dos “jefes de la conspiración” que busca derrocarla. El otro es Cunha.

La defensa del gobierno es que Cunha aceptó el impeachment por “venganza” luego de que el izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), del que forman parte Rousseff y el expresidente Luiz Inacio Lula da Silva, apoyara un proceso en su contra en la Comisión de Ética de la Cámara.

Considerado el político más impopular de Brasil y comparado con Frank Underwood, el maquiavélico personaje de la serie “House of Cards”, Cunha, no obstante, cuenta con un fuerte respaldo dentro del recinto.

Bajo su liderazgo, los diputados asestaron una feroz derrota a Rousseff en abril, al aprobar la instalación de un juicio para destituirla por un aplastante resultado de 367 votos a favor y 137 en contra. 

Temer estaría inhabilitado para 2018 

El vicepresidente brasileño Michel Temer, que asumiría el gobierno la próxima semana si Dilma Rousseff es destituida, arriesga no poder presentarse como candidato a las elecciones de 2018 por una condena de la justicia electoral de San Pablo.

Temer fue condenado en segunda instancia el martes por el Tribunal Regional Electoral (TRE) a pagar una multa de 80.000 reales (unos 22.800 dólares) por haber realizado en 2014 donaciones a campañas electorales por un valor más alto que el permitido por la ley. 

Fiscales de la Procuraduría Electoral consideran que esta condena impide que el político de 75 años se presente a elecciones por un período de 8 años, lapso que incluye los comicios de 2018, al finalizar el actual mandato. 

Sin embargo, no le impediría asumir la presidencia de la República en caso de que Rousseff sea destituida, pues fue elegido vicepresidente en 2014 y la ley no aplica para mandatos en curso. 

“Puede asumir la presidencia, pero quedaría en una situación inédita de ser el primer presidente ‘ficha sucia’ (con irregularidades) en la historia del país, impedido de ser candidato a cualquier cargo público en los próximos ocho años”, declaró al sitio de noticias G1 la fiscal electoral Claudia Ferreira Mac Dowell.