Nadie puede desconocer que los incrementos en los precios y las tarifas y la menor actividad interna están generando un aumento de la pobreza. Estos nuevos pobres son, en general, familias de trabajadores de sectores populares no marginales o clase media baja que no cuentan con sistemas de protección social. Y si bien hay una clara intención en generar medidas de alivio, muchas de ellas ocurren a destiempo o son parciales”.

Las palabras son del director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, Agustín Salvia, quien adelantó que en los próximos días se difundirá un documento sobre el período 2010-15 y la actual coyuntura. En un informe anterior, el Observatorio había calculado a marzo pasado una tasa de pobreza de entre el 29 y 33% de la población, con 1,4 millones de “nuevos pobres” con relación a fines de 2015.

En los avances del próximo documento se señala que el mayor riesgo de subocupación y empobrecimiento no lo están experimentando en realidad los segmentos formales de la economía sino los sectores informales.

“No sólo el 30% de los hogares que, para subsistir, además de realizar trabajos de indigencia reciben algún tipo de ayuda social, sino también miles y miles de microempresas informales y emprendimientos familiares. Y con ellos una amplia capa de trabajadores asalariados precarios, trabajadores independientes no profesionales, pequeños comerciantes y trabajadores eventuales (no menos de 3 millones de trabajadores) los cuales, además de carecer de visibilidad y de representación política, o debido a ello, no han sido objeto de una especial protección social frente a la situación crítica generada por la caída del consumo, el aumento de los precios y el mayor riesgo de despido o caída de la actividad. Justamente es esta masa de segmentos vulnerables de clase media baja o sectores populares los que constituyen los ‘nuevos pobres’ que emergen de medidas ‘normalizadoras’ adoptadas por el actual gobierno”.

El documento también advierte sobre el riesgo que encierra poner demasiadas expectativas en el supuesto derrame social que habrán de generar las nuevas inversiones. Y asegura que el sistema económico argentino presenta barreras estructurales que operan como freno al desarrollo con inclusión social. En la lista, menciona, entre otras cosas, “la concentración económica e inserción internacional a partir de una fuerte especialización productiva basada en recursos primarios; profundas heterogeneidades en materia de productividad entre empresas, sectores y regiones con efectos directos sobre los mercados de trabajo y la calidad de empleos y remuneraciones; y fuerte concentración económica de capitales físicos, financieros, recursos ambientales y de la riqueza, con creciente extranjerización de las empresas líderes”.

Además, el documento señala que “no parece justo que una vez finalizado el festín se solicite que todos paguen por igual sus costos” y agrega que las investigaciones muestran que “muy rápidamente pueden sumarse miles de nuevos pobres si el derrame o las medidas de protección social tardan más de lo previsto, resultan débiles o no llegan”. Salvia reconoció que “en materia laboral no hay evidencias todavía de una crisis ocupacional, al menos en el sector formal. Sin embargo, sí esta habiendo una caída en el nivel de actividad interna y la demanda de consumo, lo cual afecta principalmente a pequeñas empresas”.