La falta de consenso interno y en especial la necesidad de preservar el proceso de reunificación de la entidad, determinaron a las tres vertientes de la CGT a evitar el llamado a un paro nacional como respuesta al veto del presidente Mauricio Macri a la ley antidespidos. Si bien esa decisión formalmente se resolverá en una cumbre que referentes de las tres centrales prevén mantener en las próximas horas (posiblemente el jueves en una reunión en la sede de UPCN), ya existe una coincidencia mayoritaria acerca de que "no están dadas las condiciones políticas" para profundizar una estrategia de confrontación con el Gobierno que ponga a la vez en riesgo los esfuerzos por sellar la unidad del sindicalismo peronista.

En esa definición pesó especialmente la falta de una posición unívoca del trío cegetista, pese a la presión de las dos CTA que ya anticiparon su intención de convocar una medida de fuerza de alcance nacional. Así mientras algunos sectores más cercanos a la figura de Hugo Moyano pugnaban por la alternativa de disponer una huelga, tanto los gremios de la CGT de Antonio Caló, como los poderosos sindicatos del transporte y las organizaciones enroladas en la central Azul y Blanca de Luis Barrionuevo rechazaron de plano esa posibilidad. "No hay margen para ir a un paro nacional. La mayoría no comparte la idea, sería un retroceso para el reposicionamiento político que hemos logrado tras la marcha del 29 de abril", argumentó un importante referente de la central oficial que comanda Caló.

Desde la misma entidad otro dirigente insistió en la necesidad de evitar decisiones que supongan obstáculos al proceso de unidad cegetista y supongan un deterioro del capital político que cosechó el sector con la masiva demostración de fuerza de fines de abril. "No están dadas las condiciones, tenemos más para perder que para ganar", razonó el mismo gremialista.

El propio Barrionuevo coincidió en la idea. "Bajo ningún punto de vista" se va a convocar a un paro, aseveró el dirigente gastronómico y sostuvo que "tampoco nos cabe la manija del PJ residual perdedor que quiere venir a colarse a apoyar al movimiento obrero", en clara alusión al respaldo del senador y titular del PJ, José Luis Gioja, a la ley de emergencia ocupacional promovida por los gremios.

La alternativa de una protesta nacional era sostenida hasta ayer por algunos gremios cercanos a Moyano, aunque en ese grupo también reconocían que una medida de esas características requería de la adhesión de todos los sectores sindicales. "Si no hay acuerdo total, no es posible, no sirve", indicó un vocero del entorno del camionero a la vez que subrayó la prioridad de cuidar las gestiones por la unidad.

También entre la dirigencia gremial admitieron que la decisión de dejar en suspenso la vía confrontativa hacia la gestión macrista se vincula en cierta medida a las negociaciones que mantienen con el Ejecutivo para agilizar el reparto de unos $ 2750 millones que reclaman las obras sociales sindicales. "No es lo más importante, pero es un tema que está en la agenda y que esperamos resolver en el corto plazo", explicó un dirigente en relación con la gestión que llevan adelante con el superintendente de Servicios de Salud, Luis Scervino.