Lázaro Báez presentó hace unas horas una carta manuscrita ante la sala II de la Cámara Federal, para pedirle que convoque a una audiencia pública en la que piensa corroborar y ampliar las acusaciones que el menor de sus hijos lanzó ayer contra el juez de la causa que investiga "la ruta del dinero K", Sebastián Casanello.

Lázaro estudió la movida durante casi dos semanas, y la recusación presentada ayer por Leandro -que según los allegados al zar de la obra pública no coordinó con su padre- aceleró los tiempos que venía discutiendo con quienes al menos hasta hoy son sus abogados.

Si la audiencia se concretara, Báez podría contar su historia y eventualmente mostrar documentos que acrediten los supuestos vínculos de Casanello con allegados a Cristina, o directamente con ella misma. Esta posibilidad espanta a los doctores Daniel Rubinovich y Rafael Sal Lari, que hasta ahora representan al empresario y con quienes hace dos semanas discutió personalmente y por teléfono: los acusa de trabajar más para los intereses de la ex presidenta que para los de él.

El pedido está formulado en los términos del artículo 454 del Código Procesal Penal, y fue presentado como recurso del procesamiento de Báez dispuesto por Casanello. 

"Una vez iniciada la audiencia, inmediatamente se otorgará la palabra a el o los recurrentes para que expongan los fundamentos del recurso, así como las peticiones concretas que formularen, quienes podrán ampliar la fundamentación o desistir de algunos motivos, pero no podrán introducir otros nuevos ni realizar peticiones distintas a las formuladas al interponer el recurso. Luego se permitirá intervenir a quienes no hayan recurrido y finalmente se volverá a ofrecer la palabra a todas las partes con el fin de que formulen aclaraciones respecto de los hechos o de los argumentos vertidos en el debate", explica el Código. Y es en ese intercambio de explicaciones y argumentaciones que Lázaro Báez planearía tirarle con todo a Casanello. Su testimonio podría ser clave el avance de la denuncia judicial de Leandro, que inició la causa número 7025 y está radicada en el juzgado federal 2.

Tal como manifestó su hijo en el escrito presentado ayer ante Casanello, el empresario K cree que por orden de Cristina el juez construyó un cerco judicial alrededor de él, para no avanzar sobre los funcionarios que participaron del mecanismo de reparto de la obra pública, y mucho menos sobre la ex presidenta. Es por eso que en la carta de hoy, Báez pidió el control de la Cámara, cuya prestigiosa sala II entiende en el caso.

El tribunal está integrado por los jueces Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Farah, y las veces que intervino en el expediente fue muy crítico con el accionar del doctor Casanello: cuando ratificó la prisión preventiva de Lázaro Báez, le ordenó al juez investigar operaciones de lavado mucho más amplias y cuantiosas que los cinco millones de dólares que se habrían manipulado en La Rosadita los días en que fueron filmados el contador Daniel Pérez Gadín, su hijo Sebastián, Martín Báez y otros colaboradores. Los camaristas también le ordenaron a Casanello ir a buscar esa plata en las cuentas extranjeras en las que intentó ser disimulada, y en las estancias del sur en las que pudo -o podría- estar escondida.

Fuente:Agencias