El  detenido empresario kirchnerista Lázaro Báez pidió hoy al juez federal Sebastián Casanello que investigue "a todos" los adjudicatarios de obras públicas en el país y a los "órganos del Estado" encargados de controlarlos.

El titular de Austral Construcciones SA planteó al magistrado que si su intención es "cuestionar las políticas de Estado y/o de control adoptadas por los últimos gobiernos" tenga en cuenta que "los actores principales" son los funcionarios públicos "sobre quienes reposaba el deber de control".

En su escrito, el hombre de negocios propuso al juez y al fiscal Guillermo Marijuan que "sinceren el objeto del proceso" que lo tiene como principal protagonista "si es que pretenden continuar con la inadmisible lógica de presunción de ilicitud general de mi patrimonio".

"La causa debe girar su objeto hacia lo que parecería justificar (...) el escarnio procesal al cual se viene sometiendo a la familia Báez: una presunción de enriquecimiento a través de supuestos e inexistentes sobreprecios en los contratos de obra pública", agregó.

Báez, asistido por los abogados Daniel Rubinovich y Rafael Sal Lari, se quejó de que "tanto el fiscal como el juez intervinientes han alegado en reiteradas oportunidades -sin probar nada- que ACSA habría realizado obras en las cuales habría conjeturales sobreprecios".

"A partir de allí han invocado -también sin probar nada- que se habrían emitido supuestas facturas apócrifas mediante las cuales se habrían tornado ilícitos esos fondos. Y posteriormente (...) se habría vuelto a tornar blancos aquéllos fondos que inicialmente lo eran", sentenció.

Para el constructor de Santa Cruz, Casanello "no probó ningún hecho" en el expediente y solamente "afirmó arbitrariamente algo en pos de no ver desvanecida su infundada pretensión de someter a Lázaro Antonio Báez y a Martín Antonio Báez al escarnio de un proceso penal".

"Este proceso es escandaloso para un sistema penal de garantías. Es claro que Vuestra Señoría tiene preso a un inocente", alegó.

El 18 de abril último Casanello procesó con prisión preventiva a Báez y su contador Daniel Pérez Gadín y los embargó en más de 100 millones de pesos por lavado de activos en la causa conocida como "ruta del dinero K".

Además fueron procesados -sin prisión preventiva- sus respectivos hijos Martín y Sebastián; el asesor financiero Fabián Rossi; el dueño de la financiera SGI ("La Rosadita"), César Gustavo Fernández, y el propietario de la empresa privada de aviación Top Air, Walter Zanzot.

Los acusados fueron imputados como coautores y partícipes, en distintos grados, del delito de lavado de activos, para el que se prevé una pena máxima de diez años de prisión.

La causa por la llamada "ruta del dinero K" había comenzado en abril de 2013 con un informe del programa Periodismo para Todos de Jorge Lanata, por Canal 13, donde Fariña -a través de una cámara oculta- y el financista Federico Elaskar hablaban de las maniobras de lavado de dinero de Báez.

El expediente, sin embargo, cobró un nuevo impulso el mes pasado, con la aparición de un video de seguridad grabado en la financiera SGI de Puerto Madero, conocida como "La Rosadita", en donde se veía a varios de los hoy procesados contando millones de billetes de dólares y euros.