Con Apoyos y muchas dudas manifestaron los diputados sobre el proyecto de ley ómnibus que prevé el pago de las deudas del Estado con los jubilados, la devolución del 15% de la coparticipación a las provincias, el blanqueo de capitales, una moratoria fiscal y modificaciones tributarias.

La mega-iniciativa del Gobierno comenzó a ser debatida ayer en las comisiones de Presupuesto y de Previsión Social de la Cámara Baja y para ello una decena de funcionarios de alto rango del Ejecutivo fue al Congreso para ensayar acuerdos con la oposición. 

La defensa oficialista fue encabezada por el vice jefe de Gabinete, Mario Quintana, a quien desde la Casa Rosada se señala como el autor intelectual de la medida. Junto a Quintana asistieron el titular de la AFIP, Mario Abad; el jefe de la Anses, Emilio Basavilbaso; el número dos del Ministerio de Hacienda, Pedro Lacoste; el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Mariano Federici, y los secretarios de Finanzas, Luis Caputo, y de Previsión Social, Juan Carlos Paolucci, entre otros. Semejante escudería tuvo su explicación en la enorme complejidad del proyecto de ley, que tiene casi 100 artículos y modifica una gran cantidad de leyes. 

Si bien la oposición se manifestó de acuerdo con el espíritu primordial de la iniciativa del presidente Mauricio Macri, el pago de los juicios a los jubilados y la recomposición de sus haberes, no dejó pasar la oportunidad para lanzar una catarata de objeciones e interrogantes.

Como cuestión de fondo, los bloques del arco no oficialista se preguntaron a coro si el sistema previsional tendrá sustentabilidad de acá a tres años, cuando todos los jubilados beneficiados por esta ley de “reparación histórica” cobren la totalidad de lo que se les adeuda como consecuencia de la mala liquidación en las dos últimas décadas. 

Las polémicas más fuertes las dieron Diego Bossio y Axel Kicillof. El ex director de la Anses se cruzó con Quintana porque el funcionario aseguró que el kirchnerismo “se negó a cumplir con las leyes”. “Me está acusando de cometer un delito. La Anses apeló los fallos hasta última instancia porque está obligada por la Procuración del Tesoro. Nos hubiera gustado pagarles a todos, pero no podíamos hacerlo”, saltó Bossio. 

El ahora peronista no K recriminó al Gobierno el hecho de que en el modelo de pago de las sentencias se use para calcular los haberes mal liquidados el Índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte), que es un 25% inferior que el índice de Salarios Básicos de la Industria y Construcción (Isbic) utilizado por la Corte Suprema en los casos en los que falló a favor de los jubilados. 

Además, todo el peronismo no K hizo otros dos cuestionamientos: que sólo se tomen los últimos cuatro años para pagar el retroactivo y apuntó a la pensión universal a la vejez que crea la ley ya que eleva a 65 años la edad de las mujeres para poder cobrarla y discontinúa la moratoria previsional que está en vigencia hasta septiembre. 

El cristinista Kicillof lanzó un rosario de críticas. Pidió que el proyecto se desguace en cuatro normas autónomas: “En términos políticos se pone una ley simpática y luego se suman medidas regresivas”, dijo. El ex ministro prefirió disparar sobre el blanqueo, la moratoria fiscal a la que podrán acceder los incumplidores (no evasores) y los cambios a los impuestos a Bienes Personales y a la Ganancia Mínima Presunta. 

Cristinistas y peronistas no K coincidieron en oponerse a otro aspecto de la ley: la derogación de la ley de 2015 que le impide a la Anses vender sus acciones en empresas privadas. Sobre este aspecto los tres diputados del massismo que hablaron -Alejandro Snopek, Adriana Nazario y Marcos Lavagna- no hicieron grandes consideraciones, lo que alentó la sospecha en el resto de la oposición de que Cambiemos podría terminar imponiendo su parecer en el recinto con el guiño del interbloque UNA. 

A pedido de toda la oposición quedó abierta la posibilidad de estirar la firma de los dictámenes hasta el jueves. Pero el macrismo quiere que el mega-proyecto se vote sí o sí el próximo 15.

Polémica por la cantidad de beneficiarios y la sustentabilidad

¿Cuántos son los beneficiarios? La Anses dice que son 2,4 millones de personas. El kirchnerismo, que son 800 mil. De ellas, sólo 300 mil cobran más de la mínima y tendrían impacto en sus haberes. Bossio lanzó una cifra intermedia: 1,8 millón de jubilados. 

Venta de acciones de la Anses. El kirchnerismo y el PJ no K se oponen. El massismo no se expresó y su posición será clave para que el Gobierno pueda derogar o no la ley K que impide vender las acciones en empresas privadas. 

Pensión Universal para los Adultos Mayores. Se cuestiona que las mujeres deban esperar a tener 65 años, como los hombres, para cobrar el beneficio y que éste tenga carácter intransferible (en caso de muerte del beneficiario su cónyuge no podrá cobrar una pensión). También que sea sólo equivalente al 80% de la jubilación mínima. 

Blanqueo. El kirchnerismo considera que es una “amnistía generalizada”. El macrismo sostiene que el impuesto que pagarán quienes blanqueen activos es mucho más alto que lo que pagaban quienes adhirieron a los perdones fiscales de 2009 y 2013. Hay consenso para excluir a los funcionarios de los tres poderes. 

Cambios en Bienes Personales. El kirchnerismo dice que es una medida regresiva. El massismo sostiene que la exención para los cumplidores no será tal porque la ley sube los montos y, así, pocos deberán tributar. El Pro considera que es un impuesto distorsivo. 

Sustentabilidad del sistema previsional. Toda la oposición advierte que podría quebrar el sistema de reparto y pide preservarlo. El Gobierno propone una comisión bicameral para rediseñar todo en tres años.