Los cuatro hijos del empresario Lázaro Báez fueron citados ayer por el juez federal Sebastián Casanello a prestar declaración indagatoria por lavado de dinero luego de descubrir que tienen cinco cuentas bancarias en Suiza de empresas offshore radicadas en Panamá y Uruguay, donde acumularon 25 millones de dólares.

Para la Justicia, los hijos de Báez son testaferros de su padre. "Los hechos, con este informe, están bastante esclarecidos", festejó el fiscal Guillermo Marijuan en una accidentada conferencia de prensa. Dijo que la plata iba a las cuentas suizas desde la financiera SGI -conocida como La Rosadita-, regresaba al país tras ser lavada con la compra venta de bonos de la deuda argentina y era usada para comprar propiedades, como las encontradas a Báez en la Patagonia.

La información financiera clave fue proporcionada a la Unidad de Información Financiera (UIF) por sus pares por Suiza, luego del viaje de Casanello y Marijuan a la Confederación Helvética hace tres semanas.

Con estos datos Casanello inhibió anoche los bienes de Epsur, la petrolera de Báez y de Austral Construcciones. La UIF había pedido las detenciones de los hijos de Báez. El juez le pidió opinión al fiscal, quien dijo que hasta tanto no se corrobore mediante documentación la información de inteligencia financiera de Suiza no corresponden las detenciones. De todos modos, anoche el juez les prohibió a los hijos de Báez salir del país, los obligó a radicarse en Capital y a presentarse en el juzgado una vez por semana.

La causa es como un rompecabezas, explicó Casanello a los periodistas, y dijo que esta pieza de las cuentas suizas es clave para entender todo el entramado de lavado.

El 6 de julio será indagado Leandro Báez; el 7, Melina Báez; el 11, Luciana Báez; el 12, Lázaro Báez; el 13, Jorge Chueco; el 14, Daniel Pérez Gadín, y el 15 de julio, Pedro Damiani Sobrero, titular de una empresa en Uruguay. Allegados a Báez dijeron a LA NACION que confían en que los hijos no queden presos.

"Vamos a trabajar legalmente para revertir esta situación. Todos están en el país. Martín y su padre entregaron los pasaportes voluntariamente. Martín tiene que ir todos los martes a presentarse ante el juzgado; por eso está en Buenos Aires. El resto sigue en Río Gallegos. Martín estaba sorprendido. Todos estamos muy sorprendidos", afirmó este allegado a la familia. El juez determinó que Báez montó un entramado jurídico y de sociedades en Panamá y Uruguay para canalizar fondos de origen ilegal: la evasión fiscal y eventualmente la obra pública.

Los suizos informaron que Leandro, Luciana, Martín -ya procesado por lavado- y Melina Báez eran beneficiarios de Fundación Kinsky, una entidad radicada en Panamá con una cuenta en Suiza. Los directores de esta fundación son Chueco y Pérez Gadín. Esta empresa tenía en 2011 una cuenta en el Safra Bank de Ginebra y por allí se canalizaron 25 millones de dólares. Unos 20 millones eran para Austral y otros 5 millones para Epsur.

Mediante un poder extendido a la empresa de Servicios Financieros Helvetic Service Group (una firma que actúa para hacer operaciones en nombre de las personas que la contratan), Kinsky Foundation compró SGI-La Rosadita, de la que ya no cabe duda que es de Báez.

Los hijos de Báez eran además beneficiarios de la empresa Tyndal Limited, también constituida en Panamá pero con cuentas en el Lombadier Odier de Ginebra, Suiza. En esa cuenta se recibieron "enormes depósitos sin justificación patrimonial, ni económica ni financiera", dijo la UIF. Por ejemplo, Martín Báez, mediante su empresa Teegan Inc de Panamá, envió a esa cuenta de la empresa de sus hermanos casi 300.000 dólares en tres transferencias. Además se enviaron a esa cuenta suiza otras tres transferencias de casi 300.000 dólares de otra empresa, esta vez radicada en Uruguay, Worldwide Investment Properties LTD. Esta empresa también era controlada por los hijos de Báez.

Ninguno de los hijos de Báez, escribió Casanello, posee el perfil patrimonial para justificar los 25 millones de dólares. De las cuentas del Safra Bank de Kinsky Foundation y de Wodson Internacional, radicada en Panamá y de los hijos de Báez, se envió a la cuenta de Helvetic Service Group el dinero para comprar los bonos de la deuda argentina.

Estos bonos por 32 millones de dólares se vendieron mediante agentes de bolsa que los liquidaron en el Mercado de Valores de Rosario, donde fueron convertidos en pesos. Fueron depositados en la cuenta de Austral Construcciones de la sucursal Plaza de Mayo del Banco Nación en nueve cheques, endosados por Chueco como apoderado de Helvetic Service Group. Con esa plata blanqueada, según Marijuan, se compraron las decenas de miles de hectáreas de Báez en la Patagonia.

El juez mencionó otra empresa, Redwood, y a un uruguayo, Juan Damiani Sobrero, que recibieron fondos de Helvetic desde Lichtenstein por más de 3 millones de dólares. Este uruguayo y su firma son uno de los principales clientes del estudio Mossack Fonseca, mediante la cual se constituyeron 123 empresas relacionadas con Aldyne SA en Nevada, Estados Unidos.

Una interna por la conferencia

El presidente de la Cámara de Casación, Alejandro Slokar, le negó al fiscal Guillermo Marijuan el uso de la sala de audiencias con equipos para realizar la conferencia de prensa, y en cambio le dijo que use la sala de periodistas, un reducido ambiente donde no caben más de 15 personas (había un centenar) y no hay equipamiento.