Ibar Pérez Corradi, detenido en Paraguay mientras se tramita su extradición a la Argentina, declaró hoy ante la justicia de ese país que llegó a pagar hasta 100.000 dólares a personal de Interpol de Ciudad del Este para que no lo detuvieran, informaron fuentes judiciales.

El ex empresario farmaceútico argentino prestó declaración indagatoria durante casi seis horas ante la fiscal Sandra Quiñónez, de la Unidad Especializada de Hechos Punibles contra la Libertad de las Personas, Antisecuestro y Antiterrorismo, con sede en Asunción.

En esta causa, Pérez Corradi (38) está acusado de "producción de documentos no auténticos y abuso de documentos de identidad", delito por el cual la fiscal había solicitado su detención a principios de este mes.

Protegido con casco y chaleco antibalas, el imputado declaró en la fiscalía acompañado por su abogado particular paraguayo Carlos Rodríguez Brun y su defensor argentino Carlos Broitman.

Fuentes judiciales precisaron que en su indagatoria, Pérez Corradi ratificó los dichos de su pareja María Gladys Delgado Brítez (24), quien ayer había manifestado, en calidad de testigo, que sería "difícil" reconocer a "todos" los policías locales que recibían una paga de su pareja para que no lo detuvieran porque eran "varios" y "en diferentes lugares".

En ese sentido, los voceros consultados señalaron que el acusado confirmó que en mayo de 2015 pagó 100.000 dólares a efectivos de Interpol de Ciudad del Este para que no lo detuvieran y admitió que existió "algún que otro" soborno previos por sumas menores a policías para que éstos le advirtieran si las fuerzas de seguridad estaban por ir a capturarlo.

Y sobre esas maniobras dio el nombre de un "suboficial Anti Mafia" de la policía local, añadieron los informantes.

Respecto a los documentos falsos, Pérez Corradi declaró que el que más utilizó mientras permaneció en Paraguay fue "un DNI argentino con el nombre José Luis Fernández" y que la identificación de Walter Miguel Ortega Molinas, un joven muerto en 2002 en un accidente, la empleó principalmente para "obtener el pasaporte".

Tras la indagatoria, el defensor Rodríguez Brun se excusó de brindar detalles sobre el contenido de la declaración aunque sostuvo que Pérez Corradi "dio datos muy importantes" y "colaboró con la investigación".

Ayer, Delgado Brítez que desde 2012 está en pareja con el ex prófugo y tiene con éste una hija de tres años y un bebé de cuatro meses- declaró que ella lo conocía a él "por el nombre de José Luis Fernández" al tiempo que dio "detalles sobre el uso que éste hacía de su documentación", recordó el letrado.

Pérez Corradi, sindicado autor intelectual del triple crimen de General Rodríguez, fue detenido el 19 de este mes en la ciudad brasileña de Foz de Iguazú y luego trasladado a Asunción donde comenzó el proceso de extradición a la Argentina.

Ayer ingresaron formalmente a la Fiscalía de Estado paraguaya tres requerimientos de extradición de la Justicia de nuestro país: uno por el triple crimen, el segundo por tráfico ilegal de efedrina y el tercero por encubrimiento de lavado de activos.

El momento de mayor sorpresa de la audiencia ocurrió cuando el acusado de ser el autor intelectual del triple crimen sacó un dispositivo electrónico para aportar cientos de pruebas documentales en la causa en la que se investiga la utilización de identidades falsas mientras estuvo prófugo.

Desde su entorno argumentaron ayer que el narcotraficante activó las pruebas después de que la justicia de este país concretó su mayor anhelo: que su mujer y sus hijos tengan protección permanente en esta ciudad.

Gladys Delgado Brítez, su esposa paraguaya, quedó en el centro de la escena después de que se reveló una grabación en la que ella aseguraba que Pérez Corradi había sido detenido el año pasado e inmediatamente librado a cambio de 100.000 dólares.

La mujer ratificó ante la Justicia su afirmación y apuntó directamente a la oficina local de Interpol que, además, le habría proporcionado una cédula de identidad y un pasaporte falso para moverse por la Triple Frontera. Su declaración generó revuelo en los medios porque compromete directamente a las fuerzas de seguridad de Paraguay.

Fuentes judiciales paraguayas precisaron  que los dos primeros requerimientos son de la jueza federal María Servini de Cubría y el restante de su par Sebastián Casanello, quien se quedó con la causa de la "mafia de los medicamentos" que antes tenía el ex magistrado Norberto Oyarbide.

A partir de ahora, el fiscal de Asuntos Internacionales de Paraguay Manuel Doldán Breuer analizará cada uno de los pedidos y determinará si cumplen con todos los requisitos, tras lo cual, correrá vista a la defensa de Pérez Corradi.

La semana pasada, el detenido declaró ante el juez penal de Garantías 12 de la capital paraguaya, Eulogio Julián López Aquino, a cargo del proceso de extradición, que no quiere someterse a la Justicia argentina porque teme por su vida ya que "autoridades" del anterior gobierno kirchnerista "están involucradas en los hechos" que se le imputan.

En ese sentido, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, consideró ayer que Pérez Corradi "tiene mucho para decir" sobre quiénes "permitieron" el tráfico de efedrina a la Argentina y cuestionó al ex ministro Aníbal Fernández por "dejar entrar" 47.000 kilos de esa droga al país para financiar una campaña presidencial.

Con casco y chaleco antibalas, Pérez Corradi se retiró de la fiscalía a las 15, después de responder con monosílabos tres preguntas de las periodistas.

El clima de tensión que se respiró durante toda la jornada con la policía de esta ciudad estalló en ese momento, cuando varios militares repartieron patadas contra los periodistas que querían acercarse al imputado. "¿Quién es la morsa?", le preguntaron y Pérez Corradi miró, apuró el paso y volvió a la cárcel.

Tèlam