El Gobierno nacional trabaja contra reloj para presentar hoy el informe solicitado por la Corte Suprema de Justicia para comenzar a analizar la validez del tarifazo de gas, que se encuentra frenado por la Justicia. Sin que todavía haya escalado el caso que tratará el máximo tribunal cuya definición estará esta semana en manos de la Cámara Federal de La Plata, el Ministerio de Energía ultimó en las primeras horas luego del reinicio de la feria judicial el detalle de requerimientos que plantearon los jueces supremos.

El voluminoso reporte intentará explicar la ponderación de los principios de "gradualidad y progresividad", principales requisitos para evaluar el impacto económico y social de los aumentos, reclamado por la Corte. Uno de los principales temores del Gobierno es que el tribunal reclame para sí la realización de una audiencia pública para definir el caso, lo que amplificará el pleito.

El voluminoso escrito de 80 páginas, elaborado por los técnicos de la cartera que conduce Juan José Aranguren, intentará replicar el pedido de informes solicitado por la Corte el 12 de julio pasado, e intentará responder qué parámetros tuvo en cuenta el Gobierno para fijar los aumentos. "La existencia o inexistencia de la ponderación de los principios de gradualidad y progresividad para la determinación del cuadro tarifario en análisis" es una de las claves, escondidas entre pedidos puntuales de estimación de los valores y su impacto social. Un aspecto central que la Corte quiere saber es conocer cuál será el cuadro tarifario definitivo, una cosa que el oficialismo tenía previsto revelar una vez realizada la audiencia pública el 31 de octubre, con miras a 2017. No trascendió si ese ítem fue respondido a los jueces. 

Desde el Ejecutivo buscarán responder los cuestionamientos con una defensa técnica de los motivos que llevaron a tomar la decisión y subrayarán que a audiencia pública -establecida por ley- ya se realizó el 6 de mayo de 2004, hace más de 12 años, sobre la base de que el tarifazo actual no es consecuencia de una Revisión Tarifaria Integral, sino de una "adecuación transitoria" cuyo plazo de definición integral estará determinado para el año próximo. El cálculo de beneficiarios de tarifa social es otro de los puntos que será escrutado por los jueces.

El informe, pese a su extensión, no es mucho mayor que el presentado ante el juez en lo contencioso administrativo de La Plata, Alberto Recondo, que finalmente congeló una cautelar bajo la condición de que los nuevos topes no aplicarían. 

Esta semana, el "caso" tendrá otro hito de la mano de la decisión de la Cámara Federal de La Plata que el jueves se reunirá en acuerdo para definir cómo eleva la apelación oficial a su decisión de anular las resoluciones 20 y 31 que definieron el tarifazo, luego emparchado por el tope del 400%.

La ONG Centro de Estudios Para la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS) solicitó a los camaristas que contemplen la posibilidad de conceder la apelación con efecto "devolutivo", lo que permitiría que el tarifazo permanezca anulado mientras se sustancia el caso en la Corte. De otro modo, apenas se eleve el recurso, el fallo del 7 de julio perderá sus efectos y, en teoría, comenzarían a regir los nuevos topes que no fueron anulados porque desde el Gobierno informaron a la Justicia de feria que no estaban vigentes hasta una resolución final. Jurídicamente, no habría obstáculos para que -de modo transitorio y supeditado al momento en el que defina la Corte- las empresas comiencen a facturar con esos montos si desde el Ejecutivo llega una contraorden.

Desde la Corte miran sin tiempos apremiantes la presentación, pese a que aguardan que no haya más demoras, como explicitó la jueza de la Corte Elena Highton de Nolasco, que se quejó de que no haya habido noticias del Ejecutivo durante toda la feria judicial, que se extendió por dos semanas. Como en todo regreso a la actividad, la reunión de acuerdos se pospondrá al jueves, pero el tema tarifas no será parte de la agenda. El informe del Gobierno comenzará a girar en las vocalías. Cuando llegue el "caso" desde La Plata, esto dará paso a otro escalón indispensable para la definición: la opinión de la Procuración General, a cargo de Alejandra Gils Carbó. Su dictamen no es vinculante, pero constituye un acercamiento a la resolución de fondo.

Agencias Buenos Aires