La presidenta suspendida de Brasil, DIlma Rousseff, se jugó este martes una de sus últimas cartas frente al riesgo de ser destituida por el Senado y en un pronunciamiento propuso hacer un plebiscito para adelantar elecciones y un pacto nacional para pacificar el país, en el marco de un proceso de juicio político al que calificó como un "golpe".
 

En un "Mensaje al Senado Federal y al pueblo brasileño", Rouseff pidió a la cámara alta "cerrar" el proceso de juicio político por la cual fue suspendida el 12 de mayo y que tendrá su fase final a partir del 25 de este mes.

"Necesitamos fortalecer la democracia en nuestro país y para esto será necesario que el Senado cierre el proceso de impeachment en marcha, reconociendo frente a las pruebas irrefutables que no hubo delito de responsabilidad, que soy inocente", dijo la jefa del Estado suspendida y reemplazada por su vice, el interino Michel Temer, quien se pasó a la oposición.

El mensaje fue leído por Rousseff en el Palacio de la Alvorada, la residencia presidencial donde trabaja desde que fue suspendida y luego de ver la derrota, en semifinales, de la selección brasileña de fútbol femenino ante Suecia, por penales, en los Juegos Olímpicos de Río.

Rousseff estaba flanqueada por varios de los que fueron sus ministros, quienes negocian para que el Senado no logre los dos tercios de los votos (54 sobre 81) que pueden destituirla a fin de mes por supuestos delitos contables en el presupuesto 2015.

Ella también hizo una autocrítica sobre "críticas recibidas y errores cometidos" durante su gestión y se mostró esperanzada pese a que gran parte de su Partido de los Trabajadores (PT) considera imposible capturar los votos necesarios en el Senado para evitar su destitución.

La mandataria suspendida, primera mujer en llegar a la Presidencia de Brasil, recordó su pasado de casi tres años de presa política de la dictadura militar, sometida a 22 días de torturas seguidos.

"La vida me enseñó el sentido más profundo de la esperanza; Resistía a la cárcel y a la tortura, y me gustaría no tener que resistir al fraude y a la más infame injusticia", sostuvo.

Para Rousseff, es "ilegítimo" intentar sacarla del cargo, según ella "sin delitos de responsabilidad", por una opinión acerca de su gestión.

"Quien saca un presidente por el conjunto de su obra es el pueblo y en elecciones, no habiendo delito de responsabilidad; El colegio electoral de 110 millones de electores sería reemplazado sin la debida sustentación constitucional por un colegio electoral de 81 senadores; Sería un equívoco golpe de elección indirecta", subrayó.

En ese sentido, dio que que asume un "claro compromiso por un plebiscito y la reforma politica".

"Todos sabemos que existe una impasse generada por el agotamiento del sistema político, sea por el exceso de partidos o por las prácticas políticas cuestionables, a exigir una profunda transformación en las reglas vigentes", agregó.

Sin embargo, dentro del Congreso, el mensaje de Rousseff no fue atendido por el grueso de quienes deben cambiar el voto para poder salvarle el mandato.

El presidente del Senado, Renán Calheiros, dijo que convocar a un plebiscito para anticipar elecciones "no está dentro de la Constitución".

Calheiros fue aliado de Rousseff y pertenece al Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) de Temer, que salió del gobierno de Rousseff en abril pasado, cuando se esbozaba el escenario del juicio político, y se alió con la antigua oposición del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) de su actual canciller, José Serra.

El informe acusatorio contra Rousseff fue votado el miércoles pasado por 59 votos a favor y 21 en contra, lo que otorgó una suerte de anticipo de lo que será la votación en la cual se decidirá, entre el 25 y el 30 de este mes, la suerte de Rousseff.

Agencias

Mientras tanto, el gobierno de Temer enfrentó hoy nuevas protestas en las calles de las principales ciudades, donde miles de personas convocadas por seis centrales sindicales reclamaron contra los proyectos para modificar la legislación laboral y hacer la reforma jubilatoria reclamada por los sectores empresarios que sustentan al interino.

Incluso participó Fuerza Sindical, la central que apoyó el juicio político contra Rousseff y es aliada de Temer y del senador Aecio Neves, candidato presidencial derrotado en 2014, porque considera que "los trabajadores no deben pagar por la crisis", según dijo en un comunicado.

Las manifestaciones en contra del gobierno interino de Temer y de su ministro de Economía, Henrique Meirelles, también tuvieron lugar en Río de Janeiro, sede de los Juegos Olímpicos.

EFE