El Gobierno aceptó inmediatamente el fallo de la Corte Suprema y decidió convocar hoy mismo -a través del Boletín Oficial- a una audiencia pública informativa para determinar el precio del gas en boca de pozo, la principal objeción que realizó el Máximo Tribunal al Ministerio de Energía.

“Los fallos no se discuten, se cumplen”, dijo ayer el jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien llevó la batuta en la conferencia de prensa que dio el Ejecutivo tras conocerse la decisión de la Corte. 

Peña, rodeado por el ministro de Energía, Juan José Aranguren y el de Justicia, Germán Garavano, admitió que la decisión de la Corte deja sin efecto el cuadro tarifario que el Gobierno fijó en abril para todos los usuarios residenciales de gas, aunque aclaró que seguirá en vigor para los usuarios no domiciliarios, es decir el comercio, la industria y las generadoras de energía. 

Respecto de los usuarios residenciales, los grandes beneficiarios de la decisión judicial, Peña y Aranguren sostuvieron que el Gobierno ordenará a las empresas que “refacturen” y que con las nuevas boletas les llegue -a quienes pagaron de más- una nota de crédito. "Son el 80%" de los usuarios, estimaron. 

"Ésta es una anulación (del tarifazo) parcial porque es para los usuarios residenciales. Para el sector de la industria y el comercio ratificamos el cuadro tarifario vigente y el tope de 500% que se dispuso en julio”, aclaró Peña.

De modo que las empresas que hayan consumido más que ese límite -respecto al año anterior- pagarán seis veces más pero no más (en algunos casos el aumento fue del 1.600%). 

Peña fue el encargado de transmitir cierto optimismo gubernamental.

“El fallo no dejó el escenario más negativo que habíamos analizado”, confesó en la conferencia de prensa. Según el jefe de Gabinete, aunque el Ejecutivo no calculó aún el costo fiscal que implicará el fallo de la Corte, “los usuarios residenciales significan el 26%” de los subsidios y “esto es menos que el 100%” que hubiera significado si la Corte aceptaba la decisión de la Cámara Federal de La Plata de incluir también a los usuarios industriales y comerciales (unos 80 mil millones de pesos). 

“¿Van a recortar en obras públicas?”, quiso saber la prensa. Peña no quiso precisar dónde se hará el ajuste para seguir subsidiando la totalidad de las facturas residenciales, pero aclaró que el Gobierno cumplirá con la meta de reducir a 4,8% del PBI el déficit fiscal. 

Si bien los funcionarios nacionales no quisieron criticar el fallo de la Corte, tanto Peña como Aranguren señalaron que “es materia discutible” que se deban realizar audiencias públicas para subir el precio del gas de boca de pozo.

“Ahora sabemos qué tenemos que hacer y vamos a respetar los criterios”, dijo Aranguren, quien además dijo sentirse mentalmente “fuerte” y negó que tenga pensado renunciar. 

Según los tres ministros, la audiencia pública para informar el valor del gas en boca de pozo (generación) será la segunda o tercera semana de setiembre (hay que contar 20 días más tres días de publicación en medios nacionales de la convocatoria) y contemplará el mismo cuadro que dispuso el Gobierno para ese segmento: 5 dólares por millón de BTU.

Pero Aranguren aclaró que el Ejecutivo será “receptivo” de las sugerencias que le acerque la oposición y también asociaciones de usuarios, lo que podría modificar parcialmente. Peña aprovechó para convocar a un "Acuerdo Federal" en materia energética, en el que la oposición deberá acordar con el oficialismo una política de Estado.  

Fuera de micrófono, en el Gobierno explicaron que luego de cumplido el paso procedimental exigido por la Corte -que entendió que como el Estado interviene en la fijación del precio de referencia, debe haber audiencias informativas-, se podrá subir nuevamente el precio que impacta en cada boleta de usuario residencial.

Según la información extraoficial que dio el Ejecutivo, el precio de generación explica un 65% del aumento de las boletas. 

Aranguren también aclaró que sigue en pie para octubre la “Revisión Tarifaria Integral” (RTI) que abarca a los otros dos componentes de las facturas: el transporte y la distribución. Esto implica que habrá también una audiencia pública, pero el aumento que el Gobierno defina una vez superada esta instancia impactará en las facturas de 2017 (hasta 2021, porque las RTI son por cinco años).

“Hay que disminuir el costo de generación de energía y lograr que la tarifa lo vaya cubriendo gradualmente en cuatro años”, sostuvo el ministro. 

Respecto de la judicialización de los aumentos en las facturas de electricidad -del Gran Buenos Aires-, Aranguren deslizó que también se llamará a audiencias públicas “para cubrir ese flanco que nos marcó la Corte”. 

Por último, el ministro Garavano también buscó hacer una lectura positiva de la resolución. “Le fijó a los jueces de primera instancia límites” -dijo- “porque no se puede tomar, como colectivos homogéneos, a todos los sectores, de ahí que diferencie entre usuarios residenciales y no residenciales”. 

Para el titular de Justicia, los industriales y comerciantes que ayer ya avisaron que irán a la Justicia para obtener los mismos resultados que consiguieron las asociaciones de usuarios residenciales, “no tienen” las mismas chances de frenar el tarifazo. 

“Los invitaría a que lean con atención el fallo. La Corte es muy clara respecto a que la necesidad de hacer audiencias públicas se aplica para los sectores más débiles que tienen impedimentos para acceder a la Justicia. No parece ser éste el escenario para emprendimientos comerciales o industriales”, manifestó.

“Implicará un gasto de U$S 740 millones“

El ex secretario de Energía, Emilio Apud, advirtió ayer que el fallo de la Corte que anuló el aumento de la tarifa de gas en los usuarios residenciales “implicará un gasto de 740 millones de dólares que van a engrosar el gasto público a través de subsidios”.

“Les puedo asegurar que al no pagar la tarifa, lo que cuesta nos sale a todos los argentinos mucho más caro, y más a la gente de menores recursos. Nos vamos a quedar sin energía”, indicó Apud.

Apud, que integra el directorio de YPF por el Estado, señaló que el valor tarifario está “barato en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires”.

En diálogo con el canal Todo Noticias (TN), y tras la decisión del máximo tribunal, Apud consideró: “Si se elimina el aumento decretado hasta ahora por el Gobierno para el sector residencial son 10 meses que no se va a cobrar ese aumento”.

“Es alrededor de 740 millones de dólares que van a engrosar el gasto público a través de subsidios, y ese dinero saldrá del endeudamiento”, expresó.

DyN