El juramento fue seguido por aplausos y una ovación de los asistentes, que colmaron la Sala de Audiencia del cuarto piso del Palacio de Justicia.

La designación de Rosenkratz fue a través del decreto 804/2016, firmado por el presidente Mauricio Macri el 22 de junio último, luego de la aprobación del Senado.

El juramento fue tomado por el Presidente del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, en una ceremonia que comenzó poco después de las 12.30 y duró cinco minutos.

Junto a Lorenzetti estuvieron presentes los otros tres miembros de la Corte: la vicepresidente Elena Highton y los ministros Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti.

Ninguno de los ahora cinco jueces de la Corte hizo declaraciones de la prensa, a pesar de los insistentes pedidos de los cronistas.

El pliego de Rosenkratz fue aprobado en el Senado Nacional el 15 de junio pasado por 58 votos a favor y 12 en contra.

Los legisladores de la oposición reprocharon a Rosenkrantz haber aceptado la propuesta –luego retirada- que efectuó Macri a pocos días de asumir como presidente para que junto a Rosatti integraran la Corte como jueces “en comisión”, designados por la vía del decreto, y criticaron cuestiones relacionadas con la inobservancia del “cupo femenino”.

Rosenkrantz, nacido en la Ciudad de Buenos Aires, de 57 años, es abogado egresado de la facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en 1983 y rector de la de San Andrés.

Con una maestría y un doctorado en Derecho en la Universidad de Yale, Rosenkrantz fue profesor en la New York University, en la Richmond School of Law y en la Denver University (todas en los Estados Unidos); y en Universitat Pompeu Fabra, en España.

En 1994 se desempeñó como asesor en la Convención Constituyente y, una década antes, en el Consejo para la Consolidación para la Democracia durante la gestión presidencial de Raúl Alfonsín.

El flamante ministro de la Corte fue socio fundador en 1990 del estudio jurídico Bouzat, Rosenkrantz & Zbar, con clientes como el Grupo Clarín, La Nación, Cablevisión, La Rural S.A., McDonald's e YPF, y las provincias de Santa Fe y Corrientes, entre otros.