El Gobierno empezará a regular el ritmo de apertura de importaciones comenzando a proteger la producción nacional en sectores más sensibles a la llegada de productos del exterior. Las compras del exterior que se avalarán e ingresarán de manera rápida serán las que estén vinculadas a los procesos productivos, en especial las que vengan aún retrasadas con permisos pendientes de 2015. Por lo demás, las autorizaciones a firmarse con habitualidad obedecerán a la fórmula de abrir los mercados internos "para lo que no se fabrique acá. En especial, lo que se concentre en los sectores de mayor nivel adquisitivo. El ritmo de baja en los niveles inflacionarios que asegura el Gobierno se estaría registrando ya en el segundo semestre y avalaría esta posición ya que se considera en gran parte del Gabinete económico que ya no es necesaria la amenaza de mayor apertura al ingreso de productos finales como mecanismo para frenar las subas de precios. 

La fórmula continuará al menos hasta que el nivel de empleo muestre síntomas de reactivación y el Gabinete económico pueda comenzar a diseñar un próximo plan industrial general que pueda absorber los puestos de trabajo que se van perdiendo en algunos sectores no competitivos. Mientras tanto, la prioridad será sostener el ritmo de caída de la actividad, ensayar en lo que se pueda un plan de reactivación vía mayor nivel de fomento de la obra pública y presionar para que el sistema financiero reduzca las tasas de interés para la producción. A la distancia se mirará otro factor, no económico: las elecciones legislativas del año próximo y la necesidad de vencer en las mismas para poder lograr una posición en el Congreso más favorable para las ideas desarrollistas del macrismo. Mientras tanto, habrá que ensayar algún tipo de "keynesianismo adaptado", según la definición de un miembro del Gabinete económico que coordina Mario Quintana. 

"Nos equivocamos", reconoció un ministro del Ejecutivo que a comienzos de año había definido la apertura de las DJAI como mecanismo para reactivar algunos mercados internos y sincerar la economía luego de casi cuatro años de cepo cambiario. El problema que se reconoció en el Gobierno es que parte del ingreso de contenedores que se aprobaron en el primer trimestre del año terminaron siendo toneladas de productos finales que sustituyeron producción nacional a precios de compra de un dólar, a veces, anterior al de la salida del cepo. Se registraron incluso compras de importadores que durante los últimos meses del Gobierno anterior pedían autorizaciones para ingresar mercadería "a repetición", con lo que el mismo permiso se triplicaba o cuadruplicaba. Luego, al llegar la nueva gestión, las autorizaciones se avalaron en su totalidad, obteniendo estos importadores más autorizaciones que las necesarias. Esto provocó en algunos sectores un sobreabastecimiento de productos finales de importaciones de productos finales, situación que ahora se quiere comenzar a corregir para lo que resta del año. Hay algunos sectores que se liberarán igualmente de la norma. Un ejemplo será la importación de notebooks y computadoras de escritorio, rubro que se abriría desde noviembre y se abarataría en la presión tributaria para su colocación al público con un precio final mucho menor al actual. La consideración del Gobierno es que este producto debe bajar su precio, tanto el de venta al público como el que es para compras empresarias, como mecanismo para favorecer la mejora en la competitividad de la economía interna. El Gobierno negoció con los fabricantes de notebooks locales que cubrirán la producción en Tierra del Fuego que actualmente se dedica a este rubro con producción de otros bienes como aires acondicionados o televisores de alta gama. 

El freno al ritmo de autorización de importaciones registrado en los primeros meses del año ya mostró un primer síntoma en junio. Según los datos de la balanza comercial publicados por el INDEC el miércoles de esta semana las compras del exterior cayeron un 17,3%, llegando a los 4.690 millones de dólares. Sin embargo sólo el 2% de esta caída obedece a los bienes de consumo; mientras que el 23% responde a bienes intermedios y un 10% a los bienes de capital. El problema de este esquema, reconoce el Gobierno, es que la caída en estos dos últimos rubros muestra un efecto peligroso de caída en la producción industrial, ya que se compran al exterior menos bienes para producir otros bienes, mientras que las importaciones para productos finales que se venden directamente al público tienen una baja mínima.