Por segunda oportunidad, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó al juez federal Claudio Bonadio al frente de la causa en la que se investigan presuntas irregularidades en operaciones de dólar futuro y que tiene procesada a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. 

La Sala I del máximo tribunal penal ya había rechazado una recusación contra Bonadio impulsada por el ex director del Banco Central Pedro Biscay, también procesado, pero la ex mandataria promovió su propio pedido de apartamiento del juez federal.

Sin embargo, los jueces de Mariano Borinsky y Gustavo Hornos declararon inadmisible el recurso de casación interpuesto por Fernández y votaron por la continuidad de Bonadio, al considerar que "los motivos esgrimidos por la parte recurrente no alcanzaron para demostrar la presencia de elementos subjetivos ni objetivos -conforme la interpretación de los fallos del Alto Tribunal- que permitan sospechar la falta de imparcialidad del magistrado".

La jueza Ana María Figueroa, presidenta del tribunal, no votó porque está de licencia, según se desprende del fallo.

El tribunal sostuvo que "la sola alegación de la violación a garantías constitucionales no es suficiente para configurar la existencia de una cuestión federal".

Y añadió que "el apartamiento de un juez mediante el mecanismo de la recusación constituye un acto de trascendencia institucional, que debe ser interpretado de manera prudente y detenida; y que debe fundarse en hechos significativos y demostrables que permitan poner en duda su función jurisdiccional, y sospechar que su actividad no se desarrollará con el apego estricto a la ley que posibilite la realización de un juicio justo", sostuvo.

Ahora está pendiente que la Cámara Federal defina si confirma los procesamientos dictados en la causa, entre ellos los de la ex jefa de Estado, del ex ministro de Economía y hoy diputado Axel Kiciloff, del ex presidente del Banco Central Alejandro Vanoli y de Pedro Biscay, entre otros, por el delito de administración infiel en perjuicio de la administración pública. 

Según Bonadio, la maniobra se llevó a cabo por decisión de la ex presidenta con el objetivo de perjudicar la gestión del presidente que fuera a su suceder la que sería, en los hechos, quien debería hacerse cargo de la cancelación de los contratos de dólar futuro.