Primero fueron los datos oficiales sobre el desempleo y actividad económica difundidos en la cuarta semana de agosto.

Después, septiembre se abrió con una multitudinaria marcha convocada por las dos CTA, el mismo día en que la CGT reunificada tuvo su primer encuentro con ministros, sin resultados favorables.

Estos hechos actuaron como aceleradores en el Gobierno nacional, que ahora busca apurar el tratamiento legislativo de leyes que tienen que ver con el empleo, sea por el lado de estímulos impositivos o de una baja de los costos laborales, como serían los cambios a la ley de aseguradoras de riesgos de trabajo (ART).

La atención está centrada en la llamada ley de Primer Empleo, que prevé un régimen de promoción del mismo. Después de permanecer en hibernación desde que el Ejecutivo envió el proyecto de ley hace más de cuatro meses, a finales de abril pasado, la Comisión de Legislación del Trabajo la sacará de ese estado mañana, cuando recibirá a manera informativa al ministro de Trabajo, Jorge Triaca.

Será un primer paso para tratar de avanzar en la búsqueda de consenso que permita pronto un dictamen de esa comisión que preside Alberto Roberti, del bloque Justicialista de Diego Bossio, a un proyecto que antes de ir al debate en el plenario de la Cámara Baja deberá también pasar por la Comisión de Presupuesto y Hacienda que encabeza el macrista Luciano Laspina.

Roberti saludó en declaraciones a este diario la iniciativa del Gobierno por empezar a tratar el proyecto, al que su bloque propone modificaciones en lo que hace a las exenciones impositivas a las empresas que entren en el régimen de primer empleo. 

“Proponemos que esa exención no incluya a los aportes patronales a las obras sociales”, dijo el diputado justicialista. 

El Frente para la Victoria (FPV) anticipó que presentará numerosas propuestas modificatorias, de modo de garantizar que no se convierta en un instrumento de mayor precarización laboral. 

El Frente Renovador (FR) de Sergio Massa, a su vez, propone bajar a 16 años la edad mínima (el proyecto oficial es desde los 18) y mantener en 24 la máxima, y asemejarlo en otros aspectos al Programa Primer Paso (PPP) cordobés. Por caso, que haya un subsidio al pago del salario, que según cálculos massistas tendría un “costo fiscal” de 8.600 millones de pesos con el propósito de generar 150 mil empleos adicionales gracias al plan. 

Fuentes del FR aseguran que esos cambios ya fueron consensuados con el Gobierno durante una reunión reservada, el último domingo de agosto.

Señales

El alerta amarillo lo dieron días atrás, ante distintos auditorios, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Producción, Francisco Cabrera. 

El primero ante la Cámara de Diputados y el segundo ante el influyente foro empresarial del Consejo de las Américas.

“Pedimos que no se postergue el debate de lo que creemos es una buena ley”, reclamó Peña respecto del proyecto de ley de primer empleo. 

Cabrera, por su parte, además de asegurarles a los grandes empresarios que el gobierno de Macri trabajará para bajar costos de financiamiento y de la infraestructura para lograr mayor productividad y competitividad, también lo hará sobre el “capital humano”.

“Tenemos que bajar el costo del empleo”, disparó.

Es en función de ello que el Gobierno apurará ahora el programa del primer empleo en la franja etaria entre los 18 y 24 años, que es donde el desempleo casi duplica al promedio: llega a 20 por ciento en los menores de 29 años, según recientes datos del Indec.

Si esa ley de primer empleo es una de las prioridades del Gobierno para lo que resta del año, como lo marcó Peña cuando habló en el Congreso, la otra reforma que está en estudio no tiene plazos estimados. Sobre todo porque el Gobierno quiere andar con cuidado en su relación con la flamante CGT unificada. 

Se trata de la posibilidad de permitir por ley negociaciones paritarias descentralizadas y por empresa, si los empleados de la misma así lo pretenden.

Macri y el pedido de reabrir paritarias. “Cómo se van a abrir las paritarias si la inflación va a la baja”, respondió ayer el presidente Mauricio Macri ante una consulta sobre el pedido de las centrales sindicales.

Agencias