La negativa del Gobierno a reabrir paritarias, el aumento de tarifas de los servicios públicos y el continuo aumento del desempleo fueron algunas de las críticas que los diputados de la oposición le hicieron al ministro de Trabajo, Jorge Triaca, durante su exposición en la comisión de Legislación del Trabajo en la Cámara de Diputados.

El titular de la cartera laboral se presentó allí para defender el proyecto del Gobierno sobre Empleo Joven. Sin embargo, lo que parecía ser una simple explicación se transformó en una reunión en la que primaron los reproches contra el oficialismo por su política económica y sus consecuencias en el mercado laboral.

Al arrancar la reunión, el titular de la comisión, Alberto Roberti,  perteneciente al Bloque Justicialista,  señaló que el proyecto se presentó en abril y que recién comenzó a debatirse en septiembre porque hubo reuniones de asesores y luego señaló que “no están dadas las condiciones para aprobar el proyecto pero tampoco para rechazarlo in limine (sin tratamiento)”, le dijo el también titular del gremio de los petroleros. Por ese motivo, solicitó cambios en la propuesta del oficialismo.

En el comienzo de su exposición Triaca retrucó las críticas que recibió la iniciativa: afirmó que “no afecta el derecho de ninguno de los trabajadores” y que, por el contrario, “garantiza acceso a la seguridad social” de estos jóvenes desempleados. “Es la llave de ingreso para mejorar la tasa de entrada de los trabajadores”, destacó.

El ministro indicó que el proyecto de Primer Empleo apunta al 24% de los jóvenes de entre 18 y 24 años de la población económicamente activa (PEA) –los que están en condiciones de trabajar y tienen o buscan empleo- que están desocupados.

Según el funcionario macrista, este es el “sector más vulnerable” de la PEA: “es casi más del doble de lo que le pasa a cualquier otra persona en Argentina que está buscando un empleo”.

Y reconoció públicamente que este año aumentó del desempleo en Argentina. “En los últimos meses se han creado alrededor de 35 mil puestos de trabajo y 120 mil se han perdido”, admitió.

Triaca señaló además que hay un “estancamiento en la generación de empleo” desde “los últimos cinco años” y que “uno de cada tres trabajadores está en el sector informal”.

Críticas desde la oposición

Pero otros diputados fueron aún más duros con él y remarcaron que si no se mejoraba el proyecto, no iban a votarlo ni a emitir dictamen favorable en comisión.

Abel Furlán, diputado del Frente para la Victoria y dirigente de la UOM, destacó que no tienen en la agenda este proyecto de ley porque consideran que hay otros problemas más complejos que necesitan una solución urgente, entre los que mencionó la inflación, la “destrucción de puestos de trabajo y los tarifazos”.

Luego expuso la postura de la Confederación General del Trabajo, del que la UOM forma parte: “Está  en contra”, agregó.
En concreto, los “dipusindicales” consideraron que la crítica se centra en que el proyecto “precariza porque le da la posibilidad a las grandes empresas de deshacerse de un trabajador antiguo, con más de 30 años de antigüedad, con experiencia, para cambiarlo por un trabajador nuevo porque el proyecto no exige un listado de trabajadores que sigan siendo parte de la empresa” cuando incorpore "al empleado joven".

De esta forma, que se le daría a los empresarios una herramienta para “reemplazar trabajadores de mayor categoría, mayor experiencia y costo laboral, por uno dócil, para poder formarlo de acuerdo a sus necesidades”.

Poco después fue el turno de Facundo Moyano (Frente Renovador), quien calentó aún más el ambiente. Primero cuestionó al jefe de los diputados macristas, Nicolás Massot, que convocara a la oposición al diálogo como un fin en sí mismo.

“Rescato de este Gobierno la predisposición al diálogo (…) pero la realidad es que si vamos a lo concreto después no vamos a las soluciones; y si aparecen, quizá no la mejores, pero si las posibles, las terminan vetando”, le espetó el líder de los trabajadores de peajes, en alusión a la anulada ley anti-despidos.
Aseguró luego que la rebaja de aportes no incentiva la creación de nuevos puestos de trabajo y que es la política económica del gobierno de Cambiemos la responsable de la destrucción de empleos.

“Las decisiones políticas del Gobierno nacional son las que verdaderamente ponen palos en la rueda, son las que destruyen puestos de trabajo”, apuntó en alusión a la apertura de las importaciones, el aumento de tarifas y el Impuesto a las Ganancias, que aseguró aumento durante este año pese a la promesa de campaña de Macri de eliminar el tributo.

El hijo del ex titular de la CGT denunció en este sentido que “la única variable que sube es la recaudación aduanera (por el aumento de las importaciones); después cae todo, el empleo; sube la inflación; los trabajadores pierden poder adquisitivo y los trabajadores van a perder mínimo entre un cinco y un ocho por ciento de salario y a esto hay que sumarle Impuesto a las Ganancias que pasa a ser un problema mayor”.

Cuestionó entonces que con la iniciativa oficial “se premia al tipo que tuvo trabajadores en negro”, “al que evadió y atentó contra la seguridad social y al fisco”. Por eso, reclamó al Gobierno “animarse a tocar intereses y castigar este tipo de actitudes; no se puede premiar la ilegalidad”.

“Han profundizado todos los problemas que dejó el kirchnerismo; ninguno solucionaron”, concluyó el legislador del Frente Renovador.

Desde el socialismo también llegaron los reclamos para Triaca. La jefa de bloque, Alicia Ciciliani, pidió que en primer término y antes de tratar esta iniciativa se generen políticas que permitan cuidar los empleos existentes.

"Este proyecto no es prioritario para los trabajadores", advirtió, por su parte el kirchnerista Edgardo Depetri. En este marco, el dirigente de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) le pidió a Triaca que se comprometa a que "no despida más un trabajador estatal". "Tiene en revisión 140.000 contratos", señaló el diputado, al hacerse eco de una noticia del diario La Nación que anticipa una nueva tanda de despidos en el Poder Ejecutivo.

Es que el propio Gobierno nacional comenzó, a través del ministerio de Modernización, una nueva etapa de revisión de contratos y reordenamiento de la planta estatal. 

De acuerdo a lo informado por el ministerio que conduce Francisco Cabrera, el plan consiste en hacer una meticulosa radiografía que permita evaluar las diferentes áreas y así se activarán traslados de personal, capacitaciones, jubilaciones, retiros voluntarios e incluso la no renovación de contratos.
 

Agencias