La investigación penal sobre la lista Falciani afecta ya a todos los movimientos de dinero realizados en España por clientes del banco HSBC. El instructor del caso, el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, ha reactivado las pesquisas sobre esta macrotrama de evasión fiscal con una pieza separada que sitúa el foco en uno de los clientes españoles de la entidad asiática, el bróker Alejandro Pérez Calzada, marido de la jefa de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), Margarita García Valdecasas. Pero De la Mata también ha aprovechado este procedimiento para acceder a los datos de todas las transferencias del HSBC con origen o destino en territorio nacional del periodo 2005-2015 y extender así la causa a otros nombres y depósitos que no aparecían en los ficheros que filtró el informático Hervé Falciani.
Según fuentes cercanas al caso consultadas por El Confidencial, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que se personaron el pasado 3 de junio en la sede central del Santander en Boadilla del Monte (Madrid) requisaron la totalidad de los archivos de la cuenta corresponsal del HSBC en la entidad española, un vehículo bancario que permitía a los clientes de la firma extranjera realizar transferencias a cuentas nacionales y viceversa. Entre esos movimientos se encontraban los de Venture, el grupo financiero de Pérez Calzada que la Fiscalía Anticorrupción y la ONIF investigan con la ayuda de la Guardia Civil en esta pieza separada sobre el blanqueo de fondos de la lista Falciani. Pero por la cuenta corresponsal del Santander también pasaron ingresos y transferencias de otros clientes del HSBC que no habían aparecido hasta ahora.

Los agentes no pudieron llevarse toda la información que buscaban. Del periodo bajo investigación, el Santander solo actuó como corresponsal de HSBC en España entre 2005 y 2012. En ese último año, el banco asiático adjudicó su representación a BNP-Paribas. Los investigadores de la UCO tuvieron que acudir cuatro días después a la sede que tiene este banco francés en la calle de Serrano de Madrid para conseguir los datos que les faltaban para completar el periodo 2005-2015.
La elección de esa etapa no es casual. El fraude contra la Hacienda Pública prescribe a los cinco años. Es decir, que la información que Falciani sustrajo en 2008 solo podía suponer una condena, sin nuevas irregularidades, hasta 2013. Sin embargo, esta pieza separada del caso Falciani persigue presuntos delitos de blanqueo de capitales, punibles durante una década. La base de datos sustraída en Ginebra sigue siendo una prueba valiosa.

Fuente:EFE