De entrada nomás el titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, mostró su intención de cambiar el nombre del Centro Cultural Néstor Kirchner, pero luego morigeró esas expectativas y dijo que esa era potestad del Congreso, donde ya se daría el debate correspondiente. Parece que va llegando ese momento, y en el Gobierno analizan cual es la mejor manera para instrumentarlo, no solo con el CCK, sino con otros bienes del Estado y arterias públicas que fueron denominadas con el nombre del expresidente santacruceño.

La manera sería, como en su momento dijo Lombardi, a través de un proyecto, pero ya no directamente referido al Centro Cultural donde funcionó el Correo Central, sino vía una ley que sea más amplia y que permita borrar de un plumazo todos los nombres que durante la gestión kirchnerista se pusieron a edificios, calles, hospitales, etcétera, que pasaron a tener el nombre Néstor Kirchner.

En rigor, según publicó el diario La Nación en su edición de este domingo, se trata de una iniciativa que no se referiría obviamente al caso puntual del expresidente, sino a todos en general. Hacia adelante y hacia atrás. De modo tal que se crearía una Comisión Bicameral para la Denominación de Bienes y Espacios Públicos, que se ocuparía de analizar los proyectos de ley que se impulsan imponiendo nombres o denominaciones para bienes o inmuebles del Estado, para poner orden en la materia.

Según consta en La Nación, el proyecto en cuestión tendría nueve artículos y establecería que “las nuevas designaciones para los bienes y lugares públicos se funden en sólidas razones de naturaleza institucional, histórica o cultural”, y a partir de la sanción de la nueva ley “los nombres que se impongan a los bienes y lugares públicos mencionados deben estar directamente relacionados con la República Argentina o bien revestir importancia indiscutida en el orden nacional o universal”.

“En ningún caso pueden designarse calles o lugares públicos con nombres de personas antes de haber transcurrido veinte años de su muerte o desaparición forzada, o de haber sucedido los hechos históricos que se tratan de honrar”, aclara la iniciativa, que puntualiza “las restricciones son de aplicación a las denominaciones existentes en la actualidad, las que deben adaptarse en un plazo de 120 días” contados a partir de la sanción de la nueva ley.

De tal manera, no solo Néstor Kirchner estaría alcanzado por la norma; también alcanzaría a figuras como Raúl Alfonsín o René Favaloro.

La ley obviamente tendría carácter nacional y no alcanzaría a las decisiones de las provincias, salvo que sus legislaturas adhieran a la misma.

Agencias Buenos Aires